El Gobierno de Panamá prevé tomar medidas «contundentes» para frenar la migración a través de la selvática región del Tapón del Darién, lo que podría incluir el cierre de la su frontera terrestre con Colombia ante de gran aumento de migración irregular que transita esta ruta.
«Nosotros tratamos de buscar la cooperación internacional con los países de origen y de tránsito, pero ha sido difícil», afirmó el jueves el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino. «Tenemos el apoyo de algunas ONG, pero no ha sido suficiente y hemos agotado todas las instancias ante una movilidad humana muy grande porque estamos recibiendo cerca de 2.000 a 3.000 personas diariamente», agregó.
El ministro indicó que a pesar de las reuniones bilaterales y trilaterales sobre el tema, no se ha llegado a un punto de encuentro para intentar dar solución a esta situación, ya que –a su juicio– los países del Sur no han dado suficiente importancia al asunto.
‘Darién no es una ruta, es una jungla’
Para concienciar de la situación, el gobierno panameño va a lanzar la campaña mediática internacional ‘Darién no es una ruta, es una jungla’, con la intención de alertar de los peligros que supone atravesar 266 kilómetros cuadrados de selva, como informa el Ministerio de Seguridad Pública.
La ruta está batiendo récords de tránsito. En lo que va de año, al menos 307.000 personas han atravesado la selva, una cifra 12 veces mayor que la de 2016. La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, señaló que el 21 % de los migrantes son menores de edad, de los que la mitad tienen menos de cinco años.
Daños medioambientales y a las poblaciones autóctonas
El aumento del tránsito descontrolado en esta región supone, además de un drama migratorio, un problema medioambiental, pues la zona está viéndose devastada con daños ambientales y de salud para las comunidades de acogida.
La ruta más masificada toma normalmente a los migrantes cinco días y discurre sobre los afluentes de los que toman el agua 13 comunidades. En esa área, según el director del Servicio Nacional de Fronteras, Jorge Gobea, se han vertido 50.000 toneladas de basura en ríos y parques, que necesitarán «más de 60 años» para poder sanearse.
La situación también habría provocado un problema de seguridad alimentaria. «Nuestros indígenas dejaron de aprender a sembrar y se han dedicado a otras actividades», relató Gobea, que también explicó que en la actualidad dependen de una línea de distribución comercial con precios elevados.
(RT)
