Ivan Saquicela, actual presidente de la Corte Suprema de Ecuador, antes de entender en el expediente de la causa Sobornos contra el expresidente Rafael Correa, consideraba nulo lo actuado por los tribunales de primera instancia, según un audio filtrado al que accedió Página/12.
Sin embargo, Saquicela, entonces juez de una sala penal del máximo tribunal, falló en contra el expresidente cuando la causa llegó a su juzgado. Luego, como corolario de una línea histórica que se repite en sus dinámicas a lo largo de todo el continente, Saquicela fue premiado con la jefatura del máximo tribunal de justicia del Ecuador.
El audio que se filtró
“Tanto la existencia de la infracción cuanto la presunta responsabilidad son muy distintos a la imputación inicial, que ya no existe, y por lo tanto debía haber pedido justificar sus elementos y no lo hace”, expresó Saquicela, actual presidente de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana, el 21 de junio de 2019 cuando todavía era magistrado del máximo tribunal. Su objeción apuntaba a lo actuado por la jueza Daniela Camacho y la fiscal Diana Salazar en una causa que terminó en la condena a prisión de ocho años contra el expresidente Rafael Correa, un puñado de funcionarios de su gobierno y empresarios acusados de cohecho.
La declaración de Saquicela se produjo dos días después de que Camacho protagonizara la audiencia del 19 de junio de 2019, cuyo saldo fue la reformulación de cargos y el dictamen de prisión preventiva para Alexis Mera, exsecretario jurídico de Correa, y María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas. “Analicemos. ¿Qué dice el escrito? Señora jueza, sírvase emitir la boleta de encarcelación de la prisión preventiva dictada el 19 de junio. ¿Qué fue el 19 de junio? La vinculación. ¿Qué le contesta la Daniela (Camacho)? Yo no dicté prisión preventiva el 19. Muy bien. Y si no dictó, ¿por qué diablos está preso (Mera)?”, razona Saquicela en un audio al que accedió en exclusiva Página/12.
En el intercambio con el magistrado, se le retruca que “si no le dictó, tenía que dar la libertad de forma inmediata”, y Saquicela responde: “exactamente, eso es todo. Entonces, ¿por qué está presa (Duarte)?”.
El proceso que Saquicela cuestionaba era el que se conocía como causa “Sobornos”, resignificado como “Bochornos” por los militantes de Alianza País con las coordenadas del Lawfare y divulgado por la prensa ecuatoriana como el caso “Arroz Verde”, un plato típico de la región al que habría apelado uno de los coimeros para titular el asunto de un mail enviado a un funcionario implicado. La investigación tuvo derroteros similares a los del Lava Jato en Brasil y la causa Cuadernos en Argentina. Tan es así que hubo implantación de evidencia a través de la redacción de un cuaderno por parte de una de las delatoras durante su detención, mediante recibos y documentos apócrifos como una supuesta prueba de recepción de un pago a Mera, sin ningún tipo de firma o rúbrica. Incluso, la determinación de responsabilidad atribuida a Correa se pergeñó bajo la figura de “influjo psíquico”, en una supuesta irradiación de la voluntad para hacer que otros cometan delitos.
En 2019, la fiscalía general del Estado abrió una investigación formal sobre el caso “Arroz Verde” y lo denominó caso “Sobornos 2012-2016”. En 2020, Salazar acusó a varios funcionarios públicos y exfuncionarios del gobierno de Correa de participar en el supuesto esquema de corrupción, recibiendo pagos para financiar la campaña electoral del correísmo a cambio del otorgamiento de obra pública. En 2021 el juicio comenzó en la Corte Nacional de Justicia.
El proceso estuvo plagado de irregularidades y pasos de tragicomedia, como la preparación de testigos en la Policía de Quito y la posterior suspensión de la audiencia en la que brindarían testimonio, porque dichos testigos demostraron no ser confiables para los acusadores. La audiencia había sido programada en tiempo récord porque los adversarios políticos de Correa necesitaban sentenciarlo antes que se extinguieran los plazos para su inhabilitación electoral o, en su defecto, para que la noticia de su condena desmoralizara a sus seguidores y pudiera imponerse en los comicios Guillermo Lasso.
El nexo con Argentina y la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner resulta ineludible, toda vez que esta semana se conociera el fallo de la Corte Suprema local que respaldó la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido, ante un recurso que presentara el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En Ecuador, el foco de atención estuvo depositado en José Conceição dos Santos, un exdirectivo de Odebretch en el país tropical que confesó en septiembre de 2019 que la constructora entregó USD 2,6 millones para campaña presidencial de Alianza País del 2013 y otros USD 2,5 millones para los comicios regionales del 2014. Sin embargo, ni siquiera fue acusado por la Fiscalía.
En la grabación que se remitiera a este medio, Saquicela advertía que Camacho acusaba concusión de una serie de delitos, que iban desde cohecho y tráfico de influencias hasta asociación ilícita, pero luego abandonó esa línea argumental y debió reformular el planteo. “Entonces, desapareció la concusión y ahora tengo tres delitos, es obvio que los elementos de convicción de estos tres, tanto de la existencia de la infracción cuanto la presunta responsabilidad es muy distinta a la imputación inicial, que ya no existe”, aseveraba el juez.
Casi dos años después, Saquicela ratificó lo actuado por el Poder Judicial. A pesar de que la defensa del exjefe de Estado ecuatoriano alegara que el juez cuyo audio sale a la luz ahora, y sus partenaires Marco Rodríguez e Iván León, presidente del tribunal tras la convulsionada destitución de 16 magistrados por iniciativa del Consejo de la Judicatura, ni siquiera fueron sorteados para fallar sobre el caso, los jueces refrendaron la sentencia contra Correa.
Condenar es la tarea
En este audio filtrado por una persona que estaba en la reunión con el juez Saquicela lo más grave que dice el magistrado es que se está cambiando la imputación inicial por todos los otros delitos que le terminan adjudicando con posterioridad. Es lo que los juristas denominan principio de congruencia. Para decirlo simple: a Correa y otros se los acusó por una cosa y se los condenó por otra.
La grabación muestra el escándalo, la disposición de determinados jueces a condenar por cualquier cosa, cómo se armó la causa que después el mismo Saquicela convalida. Construyendo lo fraudulento de estos procesos de persecución con fines proscriptivos.
Especialistas en derecho penal le dijeron a Página/12 que este audio podría representar un hecho sobreviniente que dé lugar a un recurso de revisión de toda la causa sobornos.
Como corolario para remarcar y para que se entienda, al mejor estilo Sergio Moro en Brasil, que terminó siendo ministro de Jair Bolsonaro, el establishment ecuatoriano premió a Saquicela con la presidencia de la Corte de su país el 5 de febrero de 2021.
La palabra de Correa
“Nosotros lo intentamos honestamente. Cuando fuimos gobierno hicimos una reforma judicial que fue ejemplo en el mundo. Hay publicaciones, informes. Lamentablemente, podemos cambiar la infraestructura, los procesos, pero no podemos cambiar el corazón del ser humano. Entonces, ante la primera presión, muchos jueces se vendieron al poder de turno”. Esta frase la dijo Correa en una entrevista para el programa La García, por AM 750 el 27 de marzo de 2023.
Correa, al igual que otros presidentes de la etapa progresista en América Latina, viene denunciando hace años persecución judicial, entramado de Lawfare y proscripción.
En ese mismo programa, el 4 de noviembre de 2021, el líder regional hizo referencia a la sentencia en la llamada causa Sobornos, la más grave de las acusaciones en su contra. Aquella mañana de primavera en Buenos Aires, Correa fue entrevistado de manera presencial en los estudios de la AM 750. Empezaban a menguar los contagios masivos de Covid, las vacunas hacían efecto y volvíamos a la vida social.
La entrevista fue sin barbijo, pero aún con los paneles de acrílico dividiendo en cubículos la mesa y los micrófonos radiales.
Allí el expresidente ecuatoriano dijo: “Tengo más de 46 causas abiertas. Todas las mañanas me levanto para ver cuál es mi última causa. Pero ahora, lo más grave es que me involucraron en un caso de sobornos que no existió nunca. Me acusaron de ser el cabecilla de una organización criminal. Como no tenían pruebas finalmente me sentenciaron como instigador por medio de influjo psíquico. Ese juicio lo realizaron en plena pandemia, cuando habían suspendido todas las audiencias menos esa.
«Y la última etapa, en la casación, sacaron la sentencia en 17 días hábiles para tener todo listo uno o dos días antes del 18 de septiembre de 2020 cuando era el registro de las candidaturas para impedirme ser candidato e incluso impedirme regresar al país.
«Porque modestia aparte, si yo estaba en el país, incluso sin ser candidato ganábamos la elección. Ellos ganan con trampa. Lasso es un presidente fruto de la trampa», dijo.
Correa se refería al ballotage de abril de 2021, donde el embanderado del anticorreísmo candidato del movimiento conservador CREO y aliado del Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, le ganó en segunda vuelta a su rival correísta Andrés Arauz por más del 53 por ciento de los votos.
La línea de tiempo que estamos marcando no es casual: la sentencia contra correa por la causa Sobornos es de abril de 2020. En septiembre de ese mismo año un tribunal de casación confirmó por mayoría la condena de ocho años a Correa y un grupo de colaboradores. Desde entonces Correa quedó proscripto e imposibilitado de regresar a su país.
(Página 12)
