Sobre el exdiputado Juan Guaidó pesa una imputación por al menos 15 delitos, algunos de ellos son de manera continuada, por lo que pudiera enfrentar una condena de 30 años de prisión.
Los delitos que le imputan son: traición a la patria, terrorismo, conspiración, legitimación de capitales, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, malversación, magnicidio frustrado, corrupción, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos, tráfico de armas de guerra, instigación a la insurrección, asociación, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.
De acuerdo el diario Últimas Noticias y bajo información de expedientes, la primera disposición establecida por el Poder Judicial contra el político es del 29 de enero de 2019, cuando los 32 magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitieron medidas cautelares: prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación; prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano.
Así quedó precisado en la sentencia número 1° de la Sala Plena de la referida fecha y redactada por el magistrado Juan Mendoza.
Según el medio, el contenido completo del dictamen no está publicado; sin embargo, una parte fue informada mediante un comunicado remitido a los medios por el TSJ.
“Dichas medidas cautelares innominadas fueron solicitadas por el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Tarek William Saab, quien acordó dar inicio a una investigación preliminar contra Guaidó Márquez”, reza un extracto del documento.
El proceso de averiguación se notificó seis días luego que el dirigente opositor se autojuramentara como “presidente interino” de Venezuela.
Guaidó no acató prohibición de salida del país
Posteriormente, el 22 de febrero de 2019, Guaidó quebrantó la medida de prohibición de salida tras entrar a Colombia a través de la frontera y protegido por líderes de la organización criminal “Los Rastrojos”, quienes lo trasladaron por las llamadas trochas y entregarlo a las autoridades neogranadinas.
Al día siguiente, Guaidó buscó presentarse en el país con gandolas que llevaban supuestamente “ayuda humanitaria”, pero más tarde se reveló que uno de estos camiones transportaba herramientas destinadas a las guarimbas.
Guaidó inhabilitado
Transcurrieron dos meses de las medidas cautelares, específicamente el 28 de marzo de 2019, cuando la Contraloría General de la República avisó la inhabilitación a Guaidó por 15 años para ejercer cargos públicos.
Pasaron cuatro días de este anuncio y el autojuramentado dejó el territorio nacional en desobediencia con lo orden de la Sala Plena.
Seguidamente, el mencionado órgano judicial emitió otra sentencia el 1° de abril de 2019 declarando en desacato al exlegislador, estableció una multa de 200 unidades tributarias y solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente analizar la inmunidad parlamentaria y así juzgarlo sin beneficios constitucionales ante el cargo que desempeñaba para entonces.
Intentona frustrada de golpe de Estado
El 6 abril de 2019, Juan Guaidó comunicó la puesta en marcha de la “Operación Libertad”, la cual consistía en protestas que llevarían a “una fase definitiva” y destitución del presidente Nicolás Maduro.
Las manifestaciones culminarían con el frustrado golpe de Estado del 30 de abril de 2019, cuando el exparlamentario desde el Distribuidor Altamira pidió al país acompañarlos “en la Base Aérea La Carlota”.
No obstante, gráficas demostraron que Guaidó estaba en otro sitio con su compañero de Voluntad Popular y prófugo de la justicia, Leopoldo López, y los diputados Edgar Zambrano, Carlos Prosperi, Henry Ramos Allup, Carlos Paparoni, Stalin González, Luis Florido, Richard Blanco, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, y Americo de Grazia.
La mañana del 30 de abril, el Gobierno declaró el fracaso del intento de golpe y unidades militares se retiraron tras una previa movilización a La Carlota. En la tarde se transmitió una concentración del chavismo en las inmediaciones de Miraflores para apoyar al mandatario.
Por este caso se procesaron penalmente a varios diputados, acusados presuntamente de traición a la patria e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada y demás.
«Operación Jericó»
El Ministerio Público (MP) solicitó a la Sala Plena del TSJ el enjuiciamiento de estos diputados e indicó que lo sucedido el 30 abril no se trató de actuaciones aisladas, sino que formaron parte de la denominada “Operación Jericó”.
En una misiva acusatoria, el MP sostuvo que dicha operación “consiste en el desarrollo de un plan estratégico en diferentes etapas, que la doctrina militar y política denomina como guerra de cuarta generación, que tiene por objetivo la desestabilización del gobierno legal y legítimamente constituido en la República Bolivariana de Venezuela, identificándose cada etapa con nombres específicos, tales como: La Salida o Resistencia”.
La Fiscalía hizo un seguimiento a la «Operación Jericó» y apuntó al TSJ que esta maniobra la conformaban ocho objetivos: aislamiento financiero a Venezuela por actores de la banca mundial, ataques a cuarteles y bases militares, violentas alteraciones del orden público, ataques a servicios públicos, acaparamiento y contrabando de extracción de combustible, alimentos y medicinas; además desaparición del cono monetario, vilipendio y desconocimiento de instituciones del Estado y desconocimiento de algunos países de la región al gobierno legal, legítimo y democrático existente en Venezuela.
A la par el Ministerio Público señaló a Guaidó como presunto responsable en el sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional del 7 de marzo del 2019 y días sucesivos. En medio de la contingencia, el opositor escribió en sus redes sociales: “La luz regresará a Venezuela cuando Maduro abandone el poder”.
Tráfico de armas
Entre otros delitos por lo que se procesa a Guaidó es el tráfico de armas, que presuntamente cometió con el exmilitar Clíver Alcalá Cordones, el cual manifestó en una radio del vecino país que la tentativa de llevar armas a Venezuela, destinadas para armar a grupos, se efectuó “por instrucciones directas del señor Juan Guaidó”.
La Fiscalía sustenta que el armamento era para atentar contra el presidente Maduro.
El cargamento contenía: 26 fusiles de asalto 5.56 de fabricación americana, AR-15, MOE, 36 culatines para fusil, 28 visores nocturnos de dos ojos, nueve visores nocturnos de un ojo, ocho silenciadores de fusil y 45 unidades de mira para fusil, entre otros.
Apropiación de activos, autofinanciamiento y gastos personales
La última investigación de la Fiscalía contra Guaidó es sobre la sentencia de la Corte de Delaware, Estados Unidos, que indica que el exdiputado “empleó recursos de Pdvsa para financiarse, que causaron pérdidas al país por $19 mil millones”.
En septiembre de 2021, la Fiscalía informó que investigaba a Guaidó por apropiación de activos en el exterior que ascienden a $7 mil millones incluida la empresa Monómeros.
Hasta la fecha, Guaidó no ha presentado ante Fiscalía o tribunal donde lo imputarían de manera formal, tal como lo determina el 126-A del Código Orgánico Procesal Penal (Copp).
ÚN reseñó que magistrados consultados afirman que las medidas cautelares impuestas por la Sala Plena el 29 de enero de 2019 representan una “imputación pública” que se afina cuando el acusado sea detenido.
“El 126 del Copp dice que el imputado es toda persona a quien se le señale como autor de un hecho punible”, expresó un magistrado, quien explicó que todas las imputaciones de la Fiscalía las contestó Guaidó en las plataformas digitales, “por lo tanto ya se dio por notificado”.
(LaIguana.TV)
