La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), instancia establecida para investigar los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado y reparar a las víctimas, aceptó este viernes el sometimiento al organismo del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, lo que significa que sus declaraciones se considerarán relevantes para el establecimiento de la verdad de los delitos perpetrados por estos grupos en alianza con el Estado.
El caso fue estudiado por los miembros de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP y contó con el voto favorable de los magistrados Heydi Baldosea (presidenta de la Sala) y Pedro Díaz, mientras que la togada María del Pilar Valencia respaldó parcialmente el dictamen.
Valencia fundamentó su veto parcial al considerar que si bien procedía aceptar el sometimiento de Mancuso a la JEP, la forma fragmentaria en que opera la institución obstruye la investigación y judicialización de estructuras criminales de alto nivel, limita los beneficios que él podría obtener como persona sometida al régimen especial y, en consecuencia, podría influir negativamente sobre futuras contribuciones.
Antes de la lectura del fallo, Mancuso compareció virtualmente en la audiencia desde una prisión en Georgia (EEUU), para agradecer el «trabajo enorme de las víctimas».
«Por ellas hemos logrado avanzar (…) y hemos llegado hasta el día de hoy, con la esperanza de que las situaciones, los deseos, los compromisos de paz y de reconciliación por el país se den», apuntó.
Los aportes de Mancuso
De acuerdo con el análisis ofrecido por la JEP, a partir de los de los testimonios que expresara Mancuso el pasado mayo, quedó suficientemente demostrado él sirvió como «bisagra» entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado del que hacía parte, y distintos componentes de la fuerza pública en el despliegue de la estrategia Convivir.
Según su versión, los paramilitares ejercieron presión sobre la población local para favorecer a ciertos candidatos, pagaron coimas a policías y miembros del Ejército con dinero de particulares, y usurparon funciones de los órganos de seguridad del Estado para amedrentar, desplazar y asesinar a ciudadanos, con especial énfasis en comunidades de campesinos.
En su decir, las AUC se aliaron con la fuerza pública para perpetrar la Masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 el departamento de Bolívar (centronorte), que se saldó con al menos 100 muertos y un número aún no establecido de heridos y en otros hechos similares.
Del mismo modo, aportó detalles sobre la realización de operaciones conjuntas con el Ejército en Urabá, al norte del departamento de Antioquia. El objetivo, dijo entonces, era «liberar» los territorios aledaños, en virtud de que el Gobierno Nacional –entonces liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez– los consideraba «estratégicos».
De acuerdo con el exjefe paramilitar, altos cargos del Ejército justificaron los ataques a partir de la posición «geoestratégica» de Urabá, muy apetecible para el desarrollo de proyectos de infraestructura, que sin la acción de la fuerza pública se verían obstruidos no solo por la intrincada selva del Darién, sino por la presencia de guerrillas que imperaba expulsar a toda costa, a fin de atraer a inversionistas.
En aquel momento, Mancuso aportó nombres y describió procesos que dan cuenta de una connivencia sostenida entre las AUC y la fuerza pública colombiana para la perpetración de masacres, ajusticiamientos extrajudiciales y desplazamientos forzados en el lapso 1999-2006.
(RT)
