Entre Líneas cierra el año 2023 apuntando proyecciones sobre el accionar y objetivos específicos de las principales trasnacionales energéticas en el mundo: ExxonMobil, Chevron, BP, TotalEnergíes y Shell.  
 
Estas empresas ya probaron la sangre, no les va a dejar de gustar, no la van a dejar de buscar, y cualquier caída en esos indicadores ocasionará como es de esperarse una intensificación de sus operaciones políticas tras bastidores en las regiones que saquean y que ya mencionamos: África (si Níger, Burkina Faso y Malí claudican en sus levantamientos y revoluciones anticolonialistas), en Asia y en América Latina.  
 
Los jinetes del apocalipsis 
 
Pese a que Rusia y China junto al resto de los BRICS supieron dar la vuelta a las sanciones financieras y diplomáticas lanzadas por EEUU y la Unión Europea desde el inicio de la operación rusa en Ucrania en 2022, estos fueron resultados palpables desde mediados de 2022 y todo 2023, y en medio de ese proceso las trasnacionales como gobiernos paralelos que son no sufrieron tanto revés. Junto a las empresas de armas son las que se puede decir que tuvieron un mejor 2023.   

La primera parte del 2023 las grandes petroleras no dejaron de anunciar sus cifras récord de beneficios mientras se mantuviera la guerra. Shell ganó 40.000 millones de dólares en 2022, Chevron anunció en febrero que obtuvo unos beneficios récord de 35.500 millones de dólares, la francesa TotalEnergies reportó en abril un beneficio de 6.500 millones en los primeros meses de este año 2023. Un repunte del 12% en solo tres meses. En mayo, la British Petroleum (BP) explicó que había obtenido un beneficio de 5.000 millones de dólares en los tres primeros meses del año, el mejor resultado en un trimestre de la última década. Sus cifras se mantuvieron estables hasta que decidieron suspender su curso este diciembre por el Mar Rojo en medio del conflicto regional que supone el ataque recurrente de Israel contra los territorios palestinos ocupados y los enfrentamientos con la resistencia armada de Hamás. 
 
Exxon no se irá del Esequibo 

ExxonMobil dice hoy que se quedará en Guyana pese a la disputa reavivada por el Esequibo ante Venezuela. Exxonmobil se aferra luego de haber cerrado 2023 con una pérdida cercana al 22% de que sus acciones siguen en picada, de haber abandonado su negocio de explotación y exploración en México y la raya de haber sido vinculada a acciones delictivas para sabotear el referendo consultivo por el reclamo de la Guayana esequiba, celebrado con éxito el pasado 3 de diciembre en Venezuela.  

En mayo de 2015, la petrolera de origen estadounidense anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo justo en una zona que entra en el histórico diferendo territorial y desde entonces no se piensa marchar, pues según el portal web de la trasnacional sus ganancias en 2017, dos años después del descubrimiento, crecieron más de un 70 por ciento y buena parte de esos dividendos los obtuvieron de la exploración y la explotación ilegal de los recursos que hay en el Esequibo. Ilegal, pues según el acuerdo de Ginebra firmado entre Venezuela y Guyana en 1966, está prohibida la entrega de concesiones a empresas extranjeras para explotar los recursos de la llamada durante décadas “zona de reclamación”.  
 
Aun así, ilegal o no, la explotación se mantuvo y bien ayudó a financiar muchas de las guerras emprendidas por la Casa Blanca desde entonces y hasta ahora, por lo que EEUU no dudaría, si Donald Trump volviera a ser presidente, o bien, se instalará cualquier gobierno de corte republicano que se nombren como funcionarios públicos a directivos de esta petrolera. Hay precedentes: Rex Tillerson.   
 
Proyectos 
 
La ExxonMobil no es la única preocupación. Para la zona del Esequibo se ha diseñado el llamado Proyecto Lisa. La intención de fondo es apropiarse de un corredor energético que va desde la Faja Petrolífera del Orinoco, pasa por el Esequibo y llega hasta la desembocadura en la fachada atlántica del Esequibo. Estos planes involucran a otras trasnacionales, en mayo de 2017, una subsidiaria de la petrolera italiana ENI se hizo de los derechos para la ingeniería, adquisición, construcción, instalación de las bandas, las estructuras y los puentes asociados al proyecto Lisa.  
 
El Esequibo es el único punto en el que coincide el chavismo revolucionario y un sector de la oposición en Venezuela. Y ahora suma un interés masivo e importante por parte de la población y esto fue comprobado tras el referendo, sin embargo, aun con todos estos elementos a favor de la soberanía venezolana, ExxonMobil sigue ahí y seguirá estando y ni Venezuela, ni ningún país de Latinoamérica está blindado. 
 
Colombia y la impunidad empresarial  
 
Lamentable y convenientemente las corporaciones no se rigen bajo los mismos parámetros que los Estados en términos jurídicos ni de relaciones internacionales. Lo que mantiene al mundo sometido a una perenne impunidad empresarial transnacional. Básicamente, operan a sus anchas y solo si se ven muy salpicados emiten algún comunicado.   
 
Ante esta realidad, pocos países y gobiernos se han movilizado, pero queremos destacar la labor de Colombia y las iniciativas que se desarrollan para frenar esto y que se visibilizan desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia. 
 
Desde marzo de 2022 diversas organizaciones sociales están presionando al gobierno de Petro a que asuma el liderazgo de la discusión sobre el tratado vinculante promovido por la ONU que busca regular el comportamiento de las grandes corporaciones transnacionales y proteger a las naciones.  
 
El instrumento inició su proceso de construcción cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció en 2014 un grupo de trabajo intergubernamental con el fin de desarrollar  un “instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos” 
Esto tiene relevancia y se torna asunto de urgencia en la medida que sabemos y no podemos ignorar que desde 2014 alrededor del 75% de la extracción mundial de materias primas se realiza en países en desarrollo y emergentes de África subsahariana, Asia y América Latina. 

Este tratado, cuyo impulso y motivación no es tendencia en redes sociales, busca que exista un régimen de responsabilidad jurídica empresarial a lo largo de las cadenas globales de valor y suministro empresarial; que se sancione a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos, sin importar el país donde esté su casa matriz o si corresponde a una filial, a su sede o a un tercero contratista en una corte internacional; que se dé primacía a los Derechos Humanos por encima de los tratados comerciales y de inversiones, tema vital frente a las demandas a los Estados en tribunales de arbitramento; que se disponga de mecanismos para acceder a la justicia para las comunidades afectadas, en especial las mujeres, la infancia, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las comunidades campesinas, las personas trabajadoras, migrantes y refugiadas, y en situación de vulnerabilidad; que existan escenarios de asistencia jurídica y cooperación judicial entre estados para iniciar y llevar a cabo investigaciones, procedimientos judiciales (penales, civiles o administrativos) eficaces, rápidos, exhaustivos e imparciales en relación con todas las reclamaciones cubiertas por el tratado. 

Tomando en cuenta los daños ambientales, la expulsión de sus territorios de comunidades originarias y ancestrales, el atraso tecnológico, el condicionamiento del mercado internacional, la falta de competitividad de las empresas nacionales, la desaparición de la industria nacional y la pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos de la que ya somos víctimas como ciudadanos, tras la operación a sus anchas de las grandes transnacionales, es surreal que el impulso del tratado sea visto como un asunto postergable. Sobre todo, porque no hay garantía de que las corporaciones se plieguen a él después de décadas de operar sin regulación y sin ningún tipo de consecuencias para ellas más allá de una que otra multa e inversión en campañas publicitarias que les laven la cara.   

Los movimientos sociales de Colombia quieren que su país lleve la batuta en este tema partiendo de que el carbón es el segundo producto más importante para el mercado de exportación de Colombia y teniendo en cuenta el favoritismo sobre su extracción para las transnacionales data del inicio del siglo XX.  

En Colombia, el 70% de la explotación minera está en manos de las multinacionales y de gobiernos que históricamente las han malcriado, han actuado como empresarios mineros facilitando la extracción y producción de carbón y diciéndole al pueblo que el carbón es una de las “locomotoras para el desarrollo” de una nación en el que el 76% de la inversión extranjera directa de Colombia se dirige a los sectores del petróleo, hidrocarburos y minería.  

Las regiones carboníferas más importantes de Colombia son la Guajira y César. La primera, votó duro a favor de Gustavo Petro, reconociéndose como zona vapuleada por su riqueza. En la Guajira el carbón es extraído a cielo abierto por las empresas Cerrejón (una fusión entre el estado colombiano y la Exxon) y Drummond. Petro, los tres años de gobierno que le quedan y lo que concrete en esta materia, son una oportunidad no solo para Colombia si no un punto de partida para la protección de Latinoamérica. 

(LaIguana.TV)