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lunes, 17 / 06 / 2024

Parte 3: ¿Tiene la derecha autoridad moral para prometer la reconstrucción económica? (+Clodovaldo) 

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En sus discursos, entrevistas y piezas propagandísticas, los dirigentes de todo el espectro opositor afirman que uno de los primeros propósitos de un gobierno de la derecha debe ser reinstitucionalizar la economía.  

El verbo (reinstitucionalizar) se usa, igual que en otros campos, como equivalente a volver a ser democráticos y ajustados al orden jurídico. En esta serie de artículos ya hemos visto lo relativo a las promesas de “restablecer la normalidad” en los poderes Legislativo y Electoral. 

Pero aquí surge de nuevo la pregunta: ¿Quiénes han desinstitucionalizado la economía venezolana en lo que va de siglo? ¿Qué sectores han atentado contra sus principales cimientos? ¿Por cargo de qué factores de poder global e interno ha corrido la destrucción del aparato productivo y de la capacidad del país para generar ingresos? 

Una revisión general demuestra que el poder imperial y sus aliados, las oligarquías locales, el empresariado tradicional y los partidos políticos de oposición han desarrollado criminales estrategias para demoler la economía nacional y, de esa manera, propiciar el “cambio de régimen” que han procurado ya por más de un cuarto de siglo. Veamos. 

2001: Desobediencia a la Ley de Tierras marca la pauta

Desde que fueron desalojados del poder por la vía electoral, a partir de 1999, los integrantes del statu quo estuvieron en contra del gobierno del comandante Hugo Chávez, pero un momento crucial fue la aprobación de un conjunto de leyes (por vía Habilitante) destinadas a producir cambios profundos en el modelo socioeconómico. El emblema fue la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, promulgada en diciembre de 2001. 

Los terratenientes, señores feudales y terrófagos de todo el país se rebelaron contra esa ley que procuraba, en pocas palabras, una reforma agraria. A partir de allí se aceleró la conspiración que llegaría a un punto de máxima tensión en abril de 2002, cuando Chávez fue derrocado. 

Al estar en desacuerdo con esas leyes, los poderosos resentidos optaron por desconocer la autoridad del Estado. Pusieron la piedra fundacional de esa desinstitucionalización de la que ahora culpan a la Revolución Bolivariana. 

Una imagen icónica de esos días fue la de los directivos de la poderosa Federación Nacional de Ganaderos rompiendo y quemando ejemplares de la Ley de Tierras, animados por el aparato mediático que presentaba tales acciones como actos de legítima desobediencia civil. 

2002: Alzamiento en PDVSA, paro petrolero y patronal

En 2002 se hicieron públicos los primeros síntomas de la sedición de los altos ejecutivos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), quienes se negaron a aceptar que el Ejecutivo Nacional ejerciera su autoridad dentro de la principal empresa estatal.  

En su mayoría eran agentes de las transnacionales petroleras o, al menos, gerentes de mentalidad neocolonizada y se consideraban un Estado dentro del Estado por lo que no iban a permitir que un gobierno que comenzaba a proclamarse socialista les diera instrucciones.  

Los autodenominados “meritócratas” tuvieron rol de protagonistas en el golpe de Estado del 11 de abril. En su efímero paso por el poder, estos personajes demostraron que su lucha no era por enfoques gerenciales, sino por motivos ramplonamente políticos cuando dijeron que la primera medida de la PDVSA liberada por ellos sería “ni un barril de petróleo más para Cuba”. 

El comandante, al regresar a Miraflores, pudo aprovechar para cortar cabezas (figuradamente, claro), pero no lo hizo. Volvió con el crucifijo del perdón y los gerentes insubordinados fueron restituidos en sus cargos, lo que aprovecharon para armar la siguiente conspiración, el paro petrolero de diciembre-enero. 

Este paro, que incluyó acciones de sabotaje de alto riesgo como daños a refinerías, colapso informático y anclaje de un tanquero cargado de gasolina frente a Maracaibo, fue incuestionablemente una ruptura total con la institucionalidad.  

El otro componente de la paralización fueron los grandes empresarios, jurados enemigo del derecho a huelga de los trabajadores, que en este caso se sumaron y obligaron a los pequeños y medianos a hacerlo también. Una gran cantidad de compañías de todas las dimensiones salieron maltrechas o fueron a la quiebra luego de esta aventura fallida. Es decir, que la desquiciada dirigencia patronal de esos tiempos menoscabó incluso la sacrosanta institucionalidad de la empresa privada. 

Desde 2013: Guerra económica y otros males

Demos acá un salto largo en el tiempo y ubiquémonos en 2013, luego del fallecimiento del comandante Chávez y la elección de Nicolás Maduro, pues a partir de entonces se desatan todos los demonios de la guerra económica, cuyos cabecillas fueron los mismos factores políticos de la derecha y el empresariado. 

La estrategia apuntó directo a la vida cotidiana de la gente: redujeron la producción, generaron desempleo, acapararon productos, causaron desabastecimiento y encarecimiento de toda clase de bienes. El símbolo de este tiempo fueron las colas en todo tipo de establecimientos, en especial panaderías, abastos, supermercados y farmacias.  

Surgió así uno de los fenómenos más deplorables del período bolivariano: el bachaquerismo. Para enfrentar una crítica realidad económica, muchas personas optaron por comprar y revender, a precios de especulación descarada, los productos escasos. El bachaquero se perfiló de inmediato como el antagonista absoluto del ideal del ser revolucionario, pues, bajo la excusa del sálvese quien pueda, era capaz de despellejar al prójimo con el precio de los bienes revendidos. 

En respuesta a la grave escasez de productos de primera necesidad, el gobierno creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que tuvieron, además, el objetivo político de restablecer un tejido social basado en la solidaridad y la acción colectiva. Por esa razón, esta política pública fue atacada sin clemencia. ¿Por quién? Por el conjunto de fuerzas políticas y económicas opositoras, en especial desde el campo mediático. 

Las dificultades del día a día resultaron el terreno fértil para que los estrategas de la desestabilización lanzaran su campaña de estímulo a la migración internacional. Centenares de miles de venezolanas y venezolanos, en su mayoría jóvenes, salieron del país, muchos de ellos hacia un destino incierto, a ser víctimas de la explotación laboral, la trata de personas y la xenofobia. 

La migración masiva también causó graves males a la economía nacional, por la escasez de mano de obra calificada y experta. 

El carácter de estrategia coordinada entre el sector privado y los partidos opositores quedó de bulto en la campaña electoral de 2015 para la Asamblea Nacional, cuando la coalición Mesa de la Unidad Democrática sostuvo la promesa básica de que la del día de las elecciones sería “la última cola” que deberían soportar los ciudadanos. La victoria de la oposición en esa oportunidad fue la cosecha política de la guerra económica. 

A partir de 2016, esa AN con amplia mayoría opositora se convertiría en el gran factor de la desinstitucionalización en todos los campos, entre ellos el económico, pues el Poder Legislativo bloqueó todas las iniciativas del Ejecutivo e intentó, además, desmontar las políticas que ya estaban en vigencia. 

Un ejemplo de ello fue el intento, encabezado por Julio Borges, de cambiar la esencia socialista de la Gran Misión Vivienda Venezuela mediante una ley que, en el fondo, lo que pretendía era que la banca y el gran capital terminaran apoderándose, a precio de gallina flaca, de millones de inmuebles construidos con gran esfuerzo financiero por el Estado.  

2017: Guarimbas y destrucción de propiedad 

Cuando los dirigentes opositores hablan públicamente de la necesidad de restablecer el respeto al concepto de propiedad, vale la pena rebobinar la película hasta los episodios de violencia sistemática organizados y pagados por los partidos de la derecha en estos últimos años. Son varios, pero como referencia podemos quedarnos con los terroríficos cuatro meses de violencia callejera de 2017. 

Ya en 2014, en el episodio denominado “la Salida”, liderado por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado, los manifestantes violentos causaron graves daños a la propiedad pública, pero lo de 2017 no tiene comparación. Los guarimberos destruyeron las vías, quemaron autobuses y otros vehículos, derribaron árboles, incendiaron edificaciones de organismos del Estado y, en muchos de sus enclaves, dañaron también la propiedad privada de las familias de clase media que inicialmente habían apoyado ese tipo de protestas. 

El ataque a la moneda

Los demagogos opositores suelen prometer también el restablecimiento de la institucionalidad de la moneda nacional, atribuyéndole al gobierno la culpa del calvario que ha sufrido el bolívar en estos años. Sin embargo, una revisión seria del asunto lleva a concluir que el ataque al signo monetario ha sido uno de los baluartes de la estrategia imperial contra Venezuela y ha contado con el respaldo de las mismas fuerzas ya mencionadas: los partidos opositores y un sector del empresariado altamente politizado, en el mal sentido de la palabra. 

La operación contra el bolívar se basó en la fijación del tipo de cambio paralelo mediante la actividad de páginas web que operaban a capricho, sin motivaciones ancladas en la economía real. Algunos cálculos indican que la devaluación provocada de esta manera, mediante manipulaciones y desde el exterior del país, alcanzó los tres billones por ciento, una magnitud difícil incluso de entender. Y, por supuesto, fue una de las causas de la hiperinflación que asoló al país durante la segunda década del siglo. 

En cierto momento, la arremetida contra el bolívar bajó hasta la arena cotidiana. Se sembró el desprecio al signo monetario al punto de no ser aceptado por comerciantes y transportistas. En el escenario hiperinflacionario fue preciso eliminar ceros para que las cantidades fueran manejables. En 2019, el gobierno se vio obligado a permitir la dolarización parcial de los intercambios domésticos.  

Resumen parcial

El repaso realizado comprueba que, desde comienzos de siglo, el poder imperial, la oposición de derecha y la cúpula empresarial han sido contumaces en su empeño de causar daños profundos a la economía nacional, como fórmula para desalojar del poder a la Revolución Bolivariana. Por ello resulta irónico —por decir lo menos— que ahora estén prometiendo recuperar la institucionalidad económica. 

En este examen aún faltan nada menos que el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales, el robo de empresas, activos, cuentas y reservas de oro, los obstáculos impuestos para el endeudamiento y el pago de los compromisos pendientes de la República. Todas estas medidas tomadas por el poder imperial han sido solicitadas y respaldadas por buena parte de los partidos y dirigentes opositores. Sobre estos temas tratará la siguiente entrega de esta serie. 

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)  


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