Como parte de las políticas que ejecuta el Gobierno Bolivariano para combatir la especulación e inflación inducida en el país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso la aplicación de la Ley de Precios Acordados, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con el objetivo de establecer un sistema de fijación de precios máximos a 50 rubros de la cesta básica.
Esta propuesta surgió en el año 2016, tras la creación de los nueve motores de la economía nacional, por medio de los cuales se elaboró una lista de productos y servicios vitales para el país y que tenía como fecha de elaboración y aplicación un lapso de tres años.
La fijación de los costos de estos productos se ha venido realizando a través de distintas mesas de trabajo que ha sostenido el Gobierno con los diferentes sectores productivos del país, entre ellos los relacionados a la agroindustria, la distribución y comercialización.
Específicamente, el pasado 27 y 28 de junio se llevó a cabo una reunión para sincerar y estabilizar la estructura de costos de los principales productos que demandan las familias venezolanas, en la cual participó el vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami.
“No le vamos a imponer precios a nadie, vamos a debatirlo”, expresó en dicha oportunidad el funcionario.
Como parte de este proceso, el Ejecutivo Nacional, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), llevaron a cabo el mes pasado la intervención de los principales mercados municipales del país, con la finalidad de regularizarlos y convertirlos en el eslabón clave en la fijación de precios.
De acuerdo con El Aissami, una vez establecida la lista de costos el Gobierno Bolivariano la hará pública para todo el pueblo venezolano y quienes no cumplan con ella serán severamente sancionados.
Para ello, el viceministro de Agricultura Urbana, Carlos Trompiz, aseguró que los mercados populares, supermercados, abastos y demás establecimientos serán supervisados por los voceros comunales, comunas, milicianos y miembros de la Fanb, a fin de comprobar que se esté cumpliendo con la venta a precios justos de los productos que integran el Plan 50.
(LaIguana.TV)
