Nuevamente está en marcha una jugada política destinada -esta vez sí, dicen- a desconocer al presidente Nicolás Maduro. La estrategia consiste ahora en armar un tinglado para sostener la versión de que solo puede ejercer el cargo hasta el 10 de enero, pues las elecciones del 20 de marzo no tienen validez.
La propuesta ha sido objeto de sarcasmos por voceros tanto del Gobierno como del mismo campo opositor, pues declarar ilegítimo a Maduro a partir de enero conlleva admitir que las anteriores declaraciones de ilegitimidad han fracasado estrepitosamente.
En el transcurso de los últimos años, los actores de la antirrevolución han emitido diversos tipos de acuerdos, decisiones y hasta pretendidas sentencias judiciales para despojar al presidente constitucional (y electo) de su autoridad.
Lo hicieron mediante un alucinante proceso por abandono del cargo; de otro por doble nacionalidad; y de un juicio por corrupción administrativa que se efectuó fuera del país con supuestas autoridades en el exilio, en ausencia del acusado y de manera sumaria. También la oposición ha utilizado sus instancias (reales o creadas mediante ficciones mediáticas con respaldo del sistema hegemónico mundial) para desconocer la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, los resultados de su elección y muchas de las decisiones que este cuerpo ha tomado, incluyendo el llamado a elecciones presidenciales en mayo de este año.
Ahora, después de tantos desconocimientos, de tantas declaratorias de ilegitimidad, se prepara una especie de «ahora sí que sí» en el mismo sentido.
Élites poderosas sin poder
Resulta claro que hasta ahora, las fuerzas contrarrevolucionarias han adolecido de la facultad para hacer realidad sus deseos o sus decisiones declarativas. No han tenido la capacidad de imponer sus directivas a un colectivo, para decirlo mediante un concepto muy resumido de la palabra poder.
El poder de estas élites, evidente en el campo económico y con gran apoyo extranjero, no se expresa en poder político ni social dentro del país. He allí uno de sus dramas.
En su narrativa internacional, la oposición asegura que esa situación de minusvalía se debe a la opresión de la que es víctima por parte del omnímodo gobierno, que además es objeto de un absoluto rechazo de la mayoría nacional. Pero si eso fuera cierto, al menos tendrían la capacidad de capitalizar el descontento popular, lo cual no ocurre.
La realidad es que, luego de haber contado con un significativo apoyo de las masas, a estas alturas de 2018, la dirigencia opositora está reducida a unas élites que siguen actuando y hablando como si aún ostentaran el poder que tuvieron hasta hace dos décadas. Digno de destacar es que ya la voz cantante no la tienen los partidos o movimientos políticos pues están absolutamente colapsados, sino una serie de organizaciones, corporaciones y gremios que se atribuyen la vocería del pueblo todo.
Muestra de esta actitud son los pronunciamientos de organismos como el denominado Bloque Constitucional formado por antiguos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (y algunos del Tribunal Supremo de Justicia), quienes aseguran que «el pueblo» rechaza tanto la elección de la ANC como la de Maduro y, como prueba de ello, refieren un acuerdo de la Asamblea Nacional, declaraciones de los partidos políticos que se definen a sí mismos como «democráticos», las universidades autónomas y privadas, las academias y ciertas individualidades notables.
De acuerdo con esa visión, la sociedad venezolana habla a través de la voz de estas élites, mientras fuera de la categoría pueblo queda el gran segmento de la población que ha respaldado la iniciativa de la ANC, que ha votado en todas las elecciones que se han realizado entre 2017 y 2018 y que ha enfrentado estoicamente las agresiones externas destinadas a derrocar al Gobierno.
Por cierto, y solo como un dato digno de reflexión, debe saberse que entre los autores de la propuesta jurídica con la que se piensa tomar el poder el 10 de enero están varios prominentes abogados que participaron en la redacción del decreto de Pedro Carmona Estanga. Esos señores, con toda su sapiencia, son parecidos al caricaturesco perro del Chavo del Ocho, que siempre vuelve arrepentido.
La expectativa se centra entonces en la fecha prevista constitucionalmente para la juramentación del presidente reelecto. Pero la crisis de la oposición es tan profunda que previamente tendrán que resolver un asunto netamente interno y muy complicado: ¿quién será electo presidente de la Asamblea Nacional el día 5 de enero? Se supone que ese personaje será el ungido, el llamado a ocupar la vacante que supuestamente deja Maduro por ilegítimo. Habrá que reservar palco para ver las riñas que podría ocasionar semejante decisión interna.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
