El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reconoció este martes haber cometido «errores» durante la negociación por el derogado acuerdo hidroeléctrico con Brasil, y afirmó que está «dispuesto a enfrentar lo que tenga que enfrentar», en relación a un posible juicio político en su contra. 

 

Es que el mandatario fue acusado por la oposición de haber establecido el acta bilateral de Itaipú, ya anulada, bajo condiciones «entreguistas», perjudiciales a los intereses de Paraguay. 

 

En un acto, realizado en la plaza de la Democracia, en Asunción, y con la presencia de cientos de partidarios del gobernante Partido Colorado, Abdo Benítez pidió que se tratara «lo antes posible» el pedido de juicio político en su contra en el Congreso Nacional, para que «vuelva la paz a la República», manifestó.

 

Sin embargo, el presidente sabe que sus rivales políticos, sin el apoyo de legisladores oficialistas, no cuentan hasta el momento con los votos necesarios para llevar adelante el proceso. «No tengo nada que temer. Estoy dispuesto a enfrentar lo que tenga que enfrentar», señaló. 

 

«Me pude haber equivocado en el pasado y como seres humanos podemos seguir equivocándonos y pedimos perdón por los errores. Pero nunca lo he hecho de mala fe», manifestó el jefe de Estado en un discurso en el que, por momentos, se lo vio lagrimear, según el diario local ABC Color.

 

Ese mismo periódico reveló la semana pasada una serie de supuestos chats privados entre Abdo Benítez y Pedro Ferreira, extitular de la Administración Nacional de Energía (ANDE), que indicarían conocimiento del mandatario sobre la inconveniencia del acuerdo: «Al negociar se sacrifican posiciones y hasta algunas veces principios», dice uno de los presuntos mensajes del presidente, quien, tras la firma del convenio, pidió «mantener en silencio y no polemizar». 

 

El pedido de juicio político lo impulsan unos 32 diputados y consta de 172 páginas. Cuestionan el proceder del mandatario, del vicepresidente, Hugo Velázquez, y del ministro de Hacienda, Benigno López, por el acta bilateral de Itaipú, a la que consideraron «entreguista». 

 

El acuerdo había sido firmado en el mes de mayo, en secreto y a niveles diplomáticos, y cedía intereses de Asunción ante unas peticiones del gobierno brasileño, que implicaban para Paraguay un sobrecosto de unos 250 millones de dólares.

 

El pasado 1 de agosto, el Gobierno anuló el acuerdo y consideró que, con esa acción, se había «reparado el daño hecho al país». El presidente dijo entonces que había tomado la decisión luego de conocer «punto por punto» las condiciones del acta. 

 

(RT)