El dirigente del partido opositor ecuatoriano Revolución Ciudadana (izquierda), Christian González, dijo a Sputnik que su experiencia en la cárcel fue escalofriante y acusó al Gobierno de inculparlo falsamente de rebelión por las protestas de comienzos de octubre.
«Es escalofriante estar en la cárcel y verificar el relato perverso que está haciendo el Gobierno para tratar de acusarme. Lo escalofriante es darse cuenta hacia dónde el Gobierno empuja el relato comunicacional, pretendiendo culparme a mí y a otros de actos que no hemos cometido jamás», dijo González a esta agencia.
González, al igual que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, están presos por supuestamente haber cometido el delito de rebelión, que puede llevar hasta diez años de cárcel, durante las protestas que ocurrieron a principios de octubre contra el Gobierno.
El dirigente afirmó a esta agencia que ya van más de 15 días preso y que dentro de la cárcel también están integrantes de organizaciones indígenas, acusados de terrorismo.
«La Fiscalía y el Gobierno empujan una matriz de opinión para hacer olvidar sus decisiones antipopulares y su mal Gobierno», agregó.
Afirmó que las acusaciones del Gobierno son falsas y que el «único responsable» de las protestas es la administración de Lenín Moreno, por no cumplir su programa, despedir a más de 25.000 funcionarios públicos, y dejar a los «ciudadanos a merced de la inseguridad».
«Tiene una aprobación y credibilidad realmente crítica y lo único que hace desde hace dos años es acusar al Gobierno anterior de todo y ahora incluso de las movilizaciones», expresó.
Sostuvo que varios integrantes de Revolución Ciudadana vienen sufriendo de «manera sistemática y agresiva» la persecución política.
«Y desde el 9 de octubre, afuera de nuestras casas, estuvimos con seguimientos del cuerpo represivo; sufrimos el allanamiento violento, abrupto e innecesario de nuestras viviendas, todo eso demuestra la persecución política que hemos sufrido. Los tiempos que vivimos son oscuros, violentos e injustos», agregó.
Expresó que ya denunció su situación frente a la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En las últimas dos semanas se realizaron siete allanamientos relacionados con integrantes de Revolución Ciudadana y dos detenciones, tras las protestas masivas que enfrentó el Gobierno por 12 días.
Los domicilios de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el del exasambleísta y secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y el de González fueron allanados por la policía, al igual que las viviendas de otras cuatro personas.
Además, el Gobierno de México dio refugio en su embajada en Quito a seis personas vinculadas a Revolución Ciudadana.
Desde el 2 de octubre, Ecuador se vio convulsionado por una serie de protestas en contra de la eliminación del subsidio a la gasolina de 87 octanos y al diésel, además de otras reformas financieras y laborales, decretadas por Moreno el día anterior.
El domingo 13, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la veeduría de las diferentes funciones del Estado, los movimientos indígenas que encabezaban las protestas y el Gobierno llegaron a un acuerdo que puso fin a las manifestaciones anulando el decreto que eliminaba el subsidio al combustible.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, durante los 12 días de protestas hubo 10 fallecidos, 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
(Sputnik)
