Desde que decidió imponer una serie de medidas neoliberales concentradas en un paquetazo económico para complacer las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), el régimen de Lenín Moreno en Ecuador ha recrudecido un cerco mediático contra la población y la comunidad internacional para desinformar sobre la dura realidad que vive el país en medio de masivas protestas que exigen su renuncia y el retiro de esas decisiones.

 

En todo Ecuador las protestas, acompañadas por paros de transporte y de labores, son protagonizadas por los distintos sectores de la sociedad como las comunidades indígenas, el sector estudiantil, trabajadores, entre otros, que exigen echar para atrás el paquetazo y la renuncia de Moreno, acciones que han sido reprimidas brutalmente por la policía y el Ejército que se han volcado en las calles luego que el mencionado mandatario decretara Estado de excepción y toque de queda.

 

La brutalidad policial y militar ya cuenta con cifras que no son contadas por los medios privados ecuatorianos aliados al régimen morenista, pero que son contabilizadas por la Coordinadora Ecuatoriana de Contrainformación, que hasta el momento tiene datos preocupantes sobre la cantidad de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos en protestas; así como los ataques a periodistas y a la libertad de prensa.

 

Reportan al menos siete fallecidos y 83 desaparecidos

 

En total, la mencionada organización social contabiliza siete personas fallecidas, de los cuales uno es un recién nacido. Otras 83 personas se encuentran desaparecidas, de las cuales 47 son menores de edad.

 

Además hay 95 heridos graves, que su vida corre peligro, y más de 500 heridos leves. Con respecto a los detenidos, la cifra supera las 800 personas, quienes se encuentran secuestrados en recintos policiales y militares.

 

Con respecto a los medios de comunicación, un total de 57 periodistas han sido agredidos por la policía, otros 13 comunicadores se encuentra privados de libertad y las autoridades mantienen intervenidos nueve medios de comunicación, a los que decide imponer la línea editorial y que noticias salen y cuales no.

 

En el ámbito político, 26 líderes se encuentran presos y una cifra que llama la atención es que las autoridades de seguridad han ejecutado detenciones arbitrarias contra ciudadanos venezolanos que no participan en las manifestaciones, hasta el momento van 14 detenidos y están privados de libertad.

 

Defensoría del Pueblo denuncia «crítica situación» y «violación de los derechos humanos de parte de la fuerza pública».

 

Al respecto, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, expuso que en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, ha emprendido una serie de acciones para monitorear y vigilar el ejercicio de derechos en el contexto del paro nacional y la declaratoria del Estado de Excepción ante las vulneraciones que la población vive actualmente.

 

En este contexto, la institución presentó un informe preliminar de control del Estado de Excepción a la Corte Constitucional, este 9 de octubre de 2019, ante la crítica situación que atraviesa el país y la violación de los derechos humanos de parte de la fuerza pública.

 

El Defensor del Pueblo, a su vez, solicitó a la Corte Constitucional, se lo reciba en sesión del pleno, con el objetivo de ampliar la información contenida en el informe.

 

La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos, manifestó “su profunda preocupación sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en los actuales momentos de conmoción política y social que vive nuestro país”.

 

En ese sentido, la Defensoría recordó que la Constitución de la República de Ecuador, en sus artículos 45 y 46 numeral 6, establece la protección que debe garantizar el Estado a niñas, niños y adolescentes, incluso en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias.

 

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno ecuatoriano para que se precautele la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes y, de igual manera, se exhorta a los grupos de manifestantes a no exponer a niñas, niños y adolescentes a situaciones que vulneren sus derechos”.

 

Represión sin precedentes históricos

 

La institución también indicó que “frente a la grave crisis por la que atraviesa el país, es lamentable evidenciar que, a pesar de que el Gobierno Nacional ha reiterado su voluntad de abrir el diálogo con los distintos sectores sociales y, en especial, con el movimiento indígena, la Institución Nacional de Derechos Humanos ha constatado que existe una represión en contra de los/as manifestantes sin precedentes históricos”.

 

“Luego de 7 días de movilizaciones en el contexto de la protesta social, la institución ha registrado, a escala nacional, 864 personas detenidas, de las cuales el 80% ha salido en libertad, ya que no se comprobó delito alguno. Existen además 266 heridos/as e incluso fallecidos/as. Estas cifras son alarmantes porque en el escenario real atentan contra las limitaciones que estableció la Corte Constitucional para la implementación del Estado de Excepción; por lo que he enviado un informe preliminar, para que los jueces constitucionales valoren declarar su incumplimiento y se sancione a las autoridades responsables”.

 

“Debo denunciar que se ha impedido abrir un corredor humanitario para trasladar a las decenas de heridos/as que son atendidos/as, al momento, por la sociedad civil organizada ante la ausencia manifiesta de las instituciones del Estado, e incluso, de la Cruz Roja que, en contra de su misión humanitaria, ha dejado de operar”, expresó el defensor del Pueblo.

 

Carrión agradeció “a las universidades, voluntarios/as y entidades privadas por su solidaridad y esfuerzos en estos momentos críticos para el país y rechazo rotundamente el ataque a instalaciones universitarias de Quito con bombas lacrimógenas, incluso al interior de sus campus, poniendo en riesgo la integridad de quienes albergan, incluyendo niños, niñas y personas adultas mayores”.

 

“Exigimos al Gobierno Nacional que detenga la violencia y represión de manera inmediata, promoviendo espacios públicos efectivos que garanticen la atención de las demandas de la población y así alcanzar acuerdos definitivos, para que vuelva la paz al país”, agregó.

 

(LaIguana.TV)

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