Este miércoles, al ser consultado por los periodistas sobre la extradición de la exsenadora colombiana, Aída Merlano, quien fuera capturada por  las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) el 27 de enero en Maracaibo, el presidente de Colombia, Iván Duque, recordó que había sido Nicolás Maduro quien rompió relaciones diplomáticas y políticas con su gobierno.

 

Sin embargo, Duque omite, en primer lugar, que la decisión de Maduro estuvo motivada por una escalada de agresiones del gobierno colombiano a inicios de 2019, que iniciaron con el reconocimiento del autoproclamado Juan Guaidó, como “presidente interino” de Venezuela el 10 de enero y que tuvieron su cénit en el apoyo que diera Colombia a la recolección de fondos y pertrechos orientados a brindar “ayuda humanitaria” a Venezuela, que ingresarían a través de la frontera colombo-venezolana y sobre la cual el gobierno venezolano habría advertido que se trataba de un intento solapado de invasión al territorio.

 

Como es conocido, el show organizado por Guaidó no se tradujo en beneficios para la población venezolana afectada por los embates del bloqueo económico, sino que derivó en actos de violencia protagonizados por seguidores del expresidente de la Asamblea Nacional y por los cuales medios, periodistas y políticos alineados con éste, se apresuraron a responsabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, si bien fueron desmentidos de inmediato, primero, por la multiestatal TeleSur y luego por New York Times, medio al que nadie podría demandarle mantener estrechos vínculos con el chavismo.

 

Es en ese contexto, el gobierno venezolano anunció, a través de un comunicado difundido por su canciller, Jorge Arreaza el pasado 23 de febrero de 2019, “la ruptura integral de todas las relaciones políticas y diplomáticas con la República de Colombia”, luego de que Maduro señalara a Duque de promover “una intervención extranjera” en su país durante un acto de masas en Caracas.

 

La medida también incluyó la expulsión de todos los diplomáticos colombianos en el país, a los que se les fijó un plazo de 24 horas para abandonar el territorio venezolano, hecho que también fue recordado hoy por Duque en su interacción con la prensa: “Hay que recordar también, que fue en febrero del año pasado, Nicolás Maduro fue quien rompió relaciones diplomáticas y políticas con Colombia y ordenó la expulsión de los diplomáticos colombianos, incluido el personal consular”.

 

No obstante, parece escapar de la memoria del presidente colombiano que ese mismo día, cuando la periodista Patricia Janiot publicó en su cuenta de Twitter, @patriciajaniot, “Maduro rompe relaciones con Colombia”, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta del vecino país, se apresuró a “corregir” a Janiot y tuiteó: “Querida @patriciajaniot Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él. Nuestro gobierno no ha nombrado embajador allá ni reconocemos embajador de Maduro porque su mandato acabó el 9 de enero. Es un simple dictador que ocupa por la fuerza Miraflores”.

 

Otro que se sumó al discurso de Ramírez fue Carlos Holmes Trujillo, Canciller del gobierno de Iván Duque, al declarar ante los medios que su gobierno no reconocía al gobierno “del usurpador” Nicolás Maduro.

 

¿Entonces? ¿En qué quedamos?

 

Si bien es cierto que Duque señaló que el problema de fondo es que “Aída Merlano es una delincuente. Es una persona que tiene, además, unos antecedentes, que ya son conocidos en el país, de corrupción. Nosotros hemos tenido comunicación a través de la Interpol, para que se surtan (sic) los procedimientos de la Interpol”, y que en su juicio, lo que debería pasar es que “esa señora” pueda ser deportada a Colombia, para que sea procesada y le caiga todo el peso de la ley por los delitos que cometió”, la actuación diplomática de su gobierno no parece ser la más consecuente para que ello ocurra.

 

Duque llegó todavía más lejos, al responsabilizar al gobierno venezolano de la evidente traba diplomática que se anida tras el desconocimiento de Nicolás Maduro como mandatario legítimo de los venezolanos, en favor de Juan Guaidó, para poner a Merlano a la orden de la justicia.

 

De este modo, sin empacho alguno, dijo que “hoy hay países que reconocen al presidente Guaidó, pero que mantienen en Venezuela presencia consular, para tener la capacidad de prestar servicios y tener también relacionamiento con instituciones para temas particulares. Entonces que ahora no venga la dictadura de Venezuela a escudarse en argumentos que no son”.

 

En la misma línea de excusas contradictorias, Iván Duque afirmó que “el llamado que nosotros hemos hecho a través de los canales diplomáticos, lo hacemos a través de quien hoy reconocemos como presidente de Venezuela”, es decir, de Juan Guaidó y el gobierno ficticio que representa, incapaz de hacerle frente a la demanda del Estado colombiano, puesto que no controla las instituciones del Estado venezolano.

 

Pero al cifrar sus expectativas en Interpol, está claro que Duque está al corriente de esta situación, en tanto Guaidó y su equipo no tienen manera de extraditar a Aída Merlano y a su cómplice a través de los canales regulares, pues incluso desmerece la fuerza de los canales diplomáticos, cuando declara que: “más allá de ese procedimiento, lo que hoy regula la relación de Interpol, donde se invita a la cooperación de información, es que esta señora pueda ser deportada a Colombia para que se le aplique todo el peso de la ley. Que no traten de desviar esta conversación de donde debe estar”.

 

(LaIguana.TV) 

 

 

 

 

 

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