José Ignacio Hernández, designado “Procurador Especial” por el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, aclaró esta mañana a través de su cuenta en Twitter que no ha renunciado al cargo para el que fuera designado, sino que lo puso a la orden, con el objeto de solventar las diferencias que se habrían producido entre él y la fracción de la Asamblea Nacional que reconoce a Guaidó como su presidente, relacionadas con el límite máximo del Fondo de Litigio. 

 

“Quiero aclarar que no he renunciado, he puesto mi cargo a la orden, a consideración del Presidente (E) Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, si ello contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la AN de aprobar el límite máximo del Fondo de Litigio. La aprobación de la AN al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República”, publicó Hernández a través de @ignandez.

 

Asimismo, destacó que la Asamblea Nacional –refiriéndose a la fracción minoritaria encabezada por Guaidó– debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, “con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela”. 

 

El “Procurador Especial” designado por Guaidó ha sido sindicado como uno de los mayores cómplices del parlamentario opositor en la sustracción y manejo ilícito de más de 800 millones de dólares correspondientes a activos de la Nación en el extranjero e incluso, de actuar contra los intereses patrios, pues representó a Crystallex, trasnacional canadiense que demandó al Estado venezolano ante una corte de de Estados Unidos, tras la expropiación en 2008 de la mina Las Cristinas.

 

De ahí que resulte llamativo que José Ignacio Hernández ahora se interese por resguardar a toda costa el bienestar de la República.

 

(LaIguana.TV)