Cuatro mujeres fueron privadas de libertad en el estado Nueva Esparta por solicitar pagos en divisas para entregar pasaportes venezolanos.
Las detenidas responden a los nombres de Gilyurima Ortiz, Yelitze Moronta, Suleima Robles y Miriam Adriana Hernández. Ortiz y Moronta se desempeñaban como funcionarias del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), mientras que Robles estaba adscrita a Pdval. Las cuatro están sindicadas por hechos de corrupción.
La denuncia que condujo a su detención se produjo el 16 de enero del año en curso ante la sede del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas del estado Nueva Esparta y de acuerdo con las evidencias colectadas durante la investigación policial, las mujeres habrían utilizado el número telefónico de Suleima Robles para ofrecer servicios que usualmente se tramitan en las oficinas del Saime o sin costo alguno, como recuperación de usuarios y claves en el portal electrónico, pagos para la obtención de citas relativas a la obtención de pasaportes en el territorio nacional, trámites consulares y pagos para la emisión de pasaportes.
Presuntamente, Robles remitía a quienes la contactaban con Miriam Adriana Hernández, encargada de recibir los pagos en divisas, quien, a su vez, los hacía llegar a Gilyurima Ortiz y a Yelitze Moronta, quienes en su condición de funcionarias del Saime, tenían acceso a las bóvedas de la institución y por ello podían emitir las prórrogas y hacer las correspondientes entregas.
Según se refiere en la investigación policial, los pasaportes sustraídos de las bóvedas eran enviados a un hermano de Hernández, residente en Ecuador, quien sería el encargado de entregarlos con firmas y huellas fraudulentas.
Las cuatro mujeres fueron capturadas en la ciudad de Porlamar mientras estaban en sus puestos de trabajo y puestas a la orden del Ministerio Público. Posteriormente, la Fiscalía 14ª del estado Nueva Esparta, durante la audiencia de presentación, las imputó por la presunta comisión asociación para delinquir y corrupción propia y con base en la evidencia presentada por la fiscalía, el Tribunal 3º de Control de la entidad insular les dictó privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión la sede del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas de la capital neoespartana.
También trascendió que la instancia judicial acogió la petición de la fiscalía, relacionada con el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias de las detenidas.
(LaIguana.TV)
