El prófugo de la justicia venezolana Alejandro Andrade, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por participar en un sistema de sobornos y manipulación del cambio de divisas que operó en Venezuela y desfalcó miles de millones de dólares del erario público, confesó que los dueños del diario El Nacional lo extorsionaron por 1 millón de dólares para no sacar información sobre él.
De acuerdo a la confesión de Andrade, reseñada en varios medios y agencias de noticias, fue Antonieta Jurado, esposa del presidente y director del periódico El Nacional Miguel Enrique Otero, quien en junio de 2013 lo invitó a su residencia —la quinta Macondo— ubicada en la exclusiva urbanización Los Chorros, en Caracas, para conversar sobre un artículo que entonces se preparaba contra él en la sala de redacción de El Nacional.
No es primera vez que Antonieta Jurado es salpicada por escándalos de corrupción. Hace unos años se conoció que recibía dinero de Derwick Associates y que Nelson Rivera, encargado de «Papel literario» de El Nacional, recibía dinero y era empleado de Derwick Associates.
Con respecto al caso de Andrade, se informó que presentó pruebas de la mencionada reunión donde Antonieta Jurado le solicitó un millón de dólares para que El Nacional no continuara las publicaciones en su contra.
Estas declaraciones las hizo Andrade como parte de la investigación que adelanta la fiscalía de Miami, Florida y el FBI, y que certificaría que el millón de dólares entregado a Jurado sería el mismo utilizado por ella y su esposo para comprar una propiedad en el estado de Florida.
En contexto
Alejandro Andrade fue detenido en 2018 tras años de investigaciones en su contra, luego de haberse dispuesto a colaborar con la justicia estadounidense.
Andrade fue entre 2007 y 2010 tesorero nacional, periodo en el que se presume habría realizado un desfalco a la nación por 400.000 millones de dólares.
En 2017 se declaró culpable en Estados Unidos de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero como parte de un trato judicial. En noviembre de 2018 fue condenado a 10 años de cárcel, que comenzó a cumplir en febrero de 2019. Como parte del acuerdo de culpabilidad, aceptó el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.
En sus confesiones a la justicia estadounidense, Andrade también dijo haber recibido sobornos por el equivalente a 1.000 millones de dólares de empresarios como Raúl Gorrín, dueño del canal venezolano de televisión Globovision, quien está prófugo de la justicia venezolana y estadounidense.
A cambio del dinero, Andrade, desde su puesto de tesorero nacional, adjudicaba a los otros implicados en la trama —que según la acusación son 11 empresarios— de transacciones de cambio de divisas a tasas favorables.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) solicitó en diciembre de 2018 a Estados Unidos la extradición de Andrade por la presunta comisión de los delitos de apropiación de dinero público, concertación de funcionario público con contratista y legitimación de capitales.
(LaIguana.TV)
