¿Qué tiene de extraño que EEUU pretenda descabezar al gobierno de Venezuela mediante una operación paramilitar y mercenaria, si el encargado de teledirigir a la oposición venezolana es Elliott Abrams? Sorprenderse de eso sería como declararse extrañado porque un plan en el que hubiese participado el icónico mafioso Lucky Luciano terminase en un baño de sangre.

 

No tiene por qué sorprender que Estados Unidos, en complicidad con sus aliados venezolanos y colombianos, haya montado un ejército paramilitar con la finalidad de cometer atentados y “acciones quirúrgicas” en Venezuela. No tiene por qué sorprender si se estudia el historial de las operaciones oscuras de EEUU en América Latina, y mucho menos si se recuerda que el enviado especial de Washington para Venezuela es Abrams, un genocida en serie que tuvo a su cargo la formación de escuadrones de la muerte en El Salvador y Guatemala, estuvo involucrado en la sangrienta invasión a Panamá y dirigió la operación de financiamiento de la Contra nicaragüense, utilizando dinero del narcotráfico y fondos públicos estadounidenses desviados de otros fines.

 

Tampoco sorprende que la estrategia estadounidense en este caso sea la de hacer creer que se trata de acciones ejecutadas por iniciativa de particulares interesados en “liberar” a Venezuela. Es el mismo argumento que se utilizó para la llamada “guerra de baja intensidad” en Centroamérica en los años 80, en la que EEUU actuaba tras la mampara, financiando, entrenando y dando apoyo logístico a escuadrones de la muerte y a grupos irregulares como la Contra nicaragüense, formada por asesinos a sueldo, exguardias nacionales del somocismo y gente cooptada por una brutal campaña de propaganda.

 

Las operaciones de la Contra fueron, además, sustentadas mediante una triangulación ilegal e inmoral a más no poder, que incluía venta de armas a Irán, desvío de los fondos para comprar cocaína colombiana y uso de las ganancias del “negocio” para impulsar las acciones terroristas contra Nicaragua.

 

Un caso que debe alertar

 

Las incursiones navales y terrestres de paramilitares y las acciones de sabotaje a puertos y servicios públicos fueron el pan de cada día de Nicaragua durante varios años, operaciones ideadas y dirigidas tras bastidores por Abrams.

 

Es importante el estudio detallado de este episodio de la patética historia del intervencionismo estadounidense en América Latina, pues puede dar indicios acerca de si el suceso de La Guaira fue eventual o puede ser el inicio de una práctica de hostigamiento permanente, como ocurrió en Nicaragua hace tres décadas.

 

Por cierto, no hay dudas acerca de estas operaciones ni de la responsabilidad penal de Abrams, quien años después tuvo que admitir su culpa ante una comisión investigadora del Congreso, aunque nunca fue castigado debidamente porque lo salvaron sus jefes, el ala extrema del Partido Republicano, que es bastante decir.

 

De los delitos de lesa humanidad cometidos por la Contra, bajo la conducción de este siniestro personaje ha quedado tanta evidencia que fueron el argumento para una de las más contundentes condenas que haya hecho la Corte Internacional de Justicia en tiempos de paz.

 

Nicaragua denunció, en 1984, que la Contra había sido ideada y administrada por EEUU. Como era de esperarse, Washington lo negó, pero  fue tal la cantidad de evidencia presentada ante la corte, que los magistrados consideraron probada al menos “una relación muy cercana entre los Contras y EEUU”.​ La administración del ultraderechista Ronald Reagan dio fondos, entrenamiento, armamento y apoyo logísticos a la Contra y fue, en la práctica, el sustento de ese grupo armado irregular.

 

Una de las actividades criminales que desarrolló la Contra durante años fue la colocación de minas en las aguas aledañas a los puertos nicaragüenses, país que tiene costas en el mar Caribe y en el océano Pacífico. Una de las primeras medidas tomadas por la CIJ fue exigir a EEUU que cesara ese tipo de atentado, pero esto no ocurrió porque EEUU desconoció la autoridad de la Corte y se retiró del proceso judicial.

 

De todos modos, la averiguación siguió adelante y la CIJ dictaminó que EEUU tuvo también la voz cantante en la “formación” de los cuadros de la Contra en aspectos abyectos como un manual de guerra psicológica en el que se legitimaba la matanza de civiles, los homicidios de líderes sociales, la tortura y algo que se denominó “el terror implícito”.

 

La Corte sentenció a EEUU a pagar indemnizaciones por los daños causados al país centroamericano, pero Washington se valió de su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para desconocer la sentencia.

 

En momentos en que la estratagema parece ser desviar hacia los sicarios el foco de la autoría de la operación paramilitar realizada, es conveniente recordar esta historia todavía muy reciente en la que la organización mafiosa fue el propio gobierno de EEUU que, a través de uno de sus Lucky Luciano, Elliott Abrams, contrató a todos los otros matones.

 

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)

 

 

 

 

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