Venezuela tiene alrededor de 24.000 millones de dólares retenidos por EE.UU. y algunos países europeos. Caracas pide que se los devuelvan y ha emprendido una batalla legal, que incluye una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad. Pero, ¿puede esperar volver a tener control de esos recursos?

El precedente no es alentador. El viceministro de Comunicación Internacional venezolano, William Castillo, recuerda que en casos como Irak y Libia, ni Washington ni los integrantes de la Unión Europea devolvieron los recursos de esos países, de los cuales se apropiaron «con la supuesta excusa de usarlos para la reconstrucción de estas naciones».

Esta semana, una investigación de Univisión reveló que tanto el Departamento de Justicia como el del Tesoro aseguran tener estos recursos en «fondos especiales», que utilizan para pagar investigaciones, recompensas, almacenamiento de bienes incautados, etc.

Entre el dinero confiscado se cuentan otros 1.000 millones de dólares y decenas de propiedades incautadas a venezolanos, presuntamente inmiscuidos en hechos de corrupción. Solo ese monto es superior a los 610 millones de dólares que EE.UU. afirma haber aportado, desde el año 2017, para «asistencia humanitaria de emergencia» al país suramericano.

Los recursos retenidos en «fondos especiales» también han ido a las cuentas de gobiernos extranjeros. Según la citada investigación, Washington ha destinado parte de del fondo que maneja el Departamento de Justicia a Malasia, Panamá, República Dominicana, Bahamas, Ghana e Islandia, países que supuestamente brindan ayuda a los migrantes venezolanos.

En paralelo, el reportaje afirma que Trump habría destinado 601 millones de dólares del Fondo de Confiscación del Departamento del Tesoro a la construcción del muro con México, en 2019.

Batallas legales

Por el momento, el gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido su ofensiva jurídica en el extranjero, que ha incluido llevar el tema ante la CPI, y podría dar algunos frutos a corto o mediano plazo.

«Es una estrategia discreta, no se está cacareando sobre ella. Son acciones que hay que estudiar muy bien, son costosas para la República en unos momentos donde no tenemos dinero para todo, pero estamos peleando nuestros recursos afuera», dice Castillo.

No obstante, el viceministro cree que la administración de Trump está reservándose el control de Citgo, que es su gran ganancia en esta guerra contra Venezuela, pues es un activo valioso y una de las principales operadoras de energía de la costa este de EE.UU. «Les sirve tanto para seguir arruinando la economía venezolana como para, eventualmente, usarla en un escenario de negociación».

Por otro lado, el diputado opositor Juan Guaidó, pese a ser reconocido como «presidente interino» de Venezuela por Trump, también habría fracasado en su aspiración de tener el control de los fondos del país.

Miguel Pizarro, que ha sido designado por Guaidó como su representante ante Naciones Unidas, dijo recientemente que han emprendido un proceso legal para tener acceso a esos fondos, mediante una propuesta de ley de recuperación de activos. 

«Pero, para eso, necesitamos construir el marco institucional para poder interactuar con el resto del mundo y lo estamos construyendo ahora. Si no hacemos eso, otros países van a quedarse con nuestro dinero«, admitió.

Los abogados que representan a Guaidó aducen que la estatal petrolera venezolana PDVSA, aunque supuestamente «alimentó gran parte de la corrupción», es una «víctima» de algunos funcionarios del gobierno de Maduro y, por lo tanto, merece la restitución de sus activos confiscados.

No obstante, la Fiscalía de Miami respondió en mayo diciendo que PDVSA «no califica como víctima» por su supuesta «complicidad en las tramas de soborno y lavado de dinero». Por eso, ese órgano considera que no se puede indemnizar a los perjudicados —en este caso, a los venezolanos— porque «el número de víctimas identificables es tan grande que hace que la indemnización sea inviable».

Además, este jueves, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que el abogado José Ignacio Hernández, «supuesto procurador especial» designado por Guaidó, junto al presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, impulsan acciones para apoderarse de la filial de a PDVSA en EE.UU., Citgo, y entregarla a la petrolera estadounidense Conoco Phillps.

Rodríguez agregó que, por la misma razón, «en un periodo de 2 años», el actual presidente del BM, antes funcionario de Trump, «sancionó a más de 70 funcionarios e instituciones de Venezuela».

¿Es posible la devolución?

Para el internacionalista y profesor de geopolítica Luis Quintana, cuando se trata de cuentas públicas, bienes y activos del Estado venezolano que están en territorio estadounidense, como Citgo, el reclamo debe hacerse «tanto por la vía judicial como diplomática«. La razón es que son «bloqueos ilegales a la luz del derecho internacional».

No obstante, aclara que hay que diferenciar los conceptos, pues «una cosa es la confiscación y otra el bloqueo de bienes o cuentas venezolanas en EE.UU., a partir de la aplicación de las sanciones».

«Las confiscaciones son a los bienes que supuestamente tienen venezolanos en territorio estadounidense, y estas parten de la premisa de que son adquiridos a partir de delitos, de hechos punibles. Por lo tanto, EE.UU. puede, mientras dure una investigación o de forma definitiva, confiscarlos para neutralizarlos», explica Quintana.

¿Cuáles son los obstáculos?

Este experto agrega que los Estados que confiscan, en este caso EE.UU., no están necesariamente en la obligación de devolver los recursos, «pero pueden considerarlo».  «En caso de hacerlo, se lo entregarían a la administración que ellos reconocen, que en Venezuela es la de Guaidó», detalla.

Sin embargo, David Weinstein, un exfiscal federal en Miami, negó hace días esta posibilidad: «En cuanto al nuevo gobierno [Guaidó], sería bueno ayudarlos, pero ¿por qué recompensarlos si no han participado en ninguna de estas investigaciones o no han hecho nada para ayudarnos?», se preguntó.

El viceministro Castillo considera que en este tema «se cruzan varios factores internos», algunos de ellos relativos a la jurisdicción de EE.UU. «Hay medidas que dependen del Ejecutivo, y otras de las eventuales decisiones en los Tribunales», comenta.

El problema es que ni Guaidó ni su equipo han mostrado resultados que satisfagan a Washington. «La oposición ya prácticamente no está jugando (…) la dirigencia opositora se encuentra hoy muy deslegitimada ante las autoridades estadounidenses que los han apoyado», explica Castillo, quien cree que «EE.UU. ya está pensando que hay otras alternativas».

El viceministro coincide con Quintana en la diferenciación entre «confiscado» y «bloqueado», pero acota que muchas de estas personas acusadas de corrupción, a quienes les incautaron dinero y bienes, son exfuncionarios chavistas o prófugos de la justicia, que tienen juicios pendientes en Venezuela, como Rafael Ramírez o Alejandro Andrade.

«EE.UU. mete todo en el mismo paquete y lo llaman fondos de la corrupción. Seguramente hay fondos de la corrupción, yo no tengo dudas, pero también hay recursos legítimos del país, de cuentas venezolanas, que se robaron», agrega.

De momento, lo único que queda claro es que las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. le han causado pérdidas a Venezuela por más de 100.000 millones de dólares, según los más recientes cálculos de Caracas. El destino de esos recursos, por ahora, sigue siendo incierto.

(RT)

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