La pandemia de coronavirus provocó la pérdida de millones de empleos, lo que ha ocasionado que miles de familias no puedan pagar sus alquileres, y aunque algunos Gobiernos prohibieron desalojar a los inquilinos, la medida no ha sido del todo acatada en muchos países de América Latina.

«La pandemia puso de manifiesto la tragedia que significa el desalojo arbitrario o forzoso a nivel mundial. Ahora, cuando se necesita que la gente esté resguardada en sus hogares, sean o no propietarios, se ve lo inhumana de esta política», afirma a RT el arquitecto e integrante del Movimiento de Inquilinos de Venezuela, Rigel Sergent.

Pero ¿cómo ha manejado Venezuela la situación? El presidente Nicolás Maduro anunció la suspensión del pago de los alquileres para empresas y particulares durante un plazo de seis meses, es decir, hasta el próximo 1 de septiembre, como parte de las medidas dispuestas para enfrentar la pandemia.

De acuerdo con el decreto, tampoco resulta exigible el pago del arrendamiento ni de los cánones vencidos. Asimismo, los arrendadores no pueden obligar a los inquilinos «a pagar el monto íntegro acumulado de manera inmediata, al término del plazo de suspensión», aunque sí se deben fijar acuerdos, reestructuraciones o refinanciamiento de las deudas contraídas.

Teoría vs práctica

No obstante, en la práctica, muchos arrendadores han querido escapar de esta normativa, y ha sido el denominado «poder popular», es decir, el pueblo organizado, el que ha hecho cumplir esta medida.

«Solo durante la cuarentena, detuvimos 43 desalojos, principalmente en el área metropolitana de la ciudad de Caracas. Pero aún hay muchas perturbaciones, es decir, presiones psicológicas, donde amenazan a los inquilinos o les cortan el servicios básicos», precisa Sergent.

Este líder social explica que, tras conocer las amenazas, el Movimiento de Inquilinos, junto a otras organizaciones sociales, incluyendo los consejos comunales, se transforman en intermediarios para evitar que se concrete el desalojo.

«En primer lugar, hablamos con las partes, tratamos de conciliar, de restituir los servicios. Pero, además, venimos dando a conocer comunicacionalmente las normativas que protegen a los inquilinos, como la Ley de Regulación y Control de Viviendas, la Ley Contra Los Desalojos, y los últimos decretos«.

A la par, estas agrupaciones sociales lograron establecer un puente con las instituciones del Estado, con el fin de trabajar de la mano a la hora de atender esta problemática. «Cuando la conciliación no funciona, hacemos la denuncia ante la institución estatal que corresponda, dependiendo del sector, en coordinación con las fuerzas policiales, y respetando todos los protocolos establecidos», dice.

El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, afirmó que se está ejerciendo la defensa de las personas amedrentadas, lo que ha permitido evitar decenas de desalojos con compromisos de pagos, firmados luego de que pase la pandemia.

Una larga lucha

Pero la lucha contra los desalojos en Venezuela no es un tema nuevo. «El país tiene saltos enormes en comparación con la región, con respecto a su legislación en materia de vivienda. Caracas es la tercera ciudad a nivel mundial que hizo una declaratoria contra los desalojos arbitrarios desde el año 2009«, comenta Sergent.

El 12 de noviembre del año 2011, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, el primer instrumento legal surgido por iniciativa popular en Venezuela y respaldado, en aquel momento, por más de 413 mil firmas recolectadas en más de mil 150 asambleas a nivel nacional.

Fue precisamente esta normativa la que estableció y permitió la creación de una Superintendencia Nacional de Viviendas (Sunavi) para llevar un registro de la cantidad de arrendadores y arrendatarios (en aquel momento existían más de 750 mil familias alquiladas), revisar todos los contratos, establecer el canon de alquiler (año por año) y mediar ante cualquier problema.

«Esta ley, a diferencia de España, por ejemplo, protege incluso a los que son comprantes o deudores hipotecarios, es decir, aquí no podría venir la banca a desalojar a la gente como se le antoje. Para todos los casos, hay procedimientos tipificados», comenta.

Sin embargo, desde el instante de estas aprobaciones legislativas, sectores inmobiliarios y mediáticos, grandes propietarios y sus apoderados judiciales, calificaron la ley como un «ataque a la propiedad privada», y la acusaron de ser la culpable de reducir la oferta de alquileres en el país.

La Cámara inmobiliaria maneja el 70 por ciento de los arrendamientos en el Distrito Capital. El negocio inmobiliario y de la construcción en Venezuela llegó a agregar al Producto Interno Bruto (BIP) más que la industria petrolera o los impuestos, aunque en el país suramericano la mayoría de las viviendas han sido autoproducidas por los pobladores (70 por ciento) y el Estado, especialmente a través de la Misión Vivienda.

(RT)

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