Este miércoles 29 de julio, Miguel Ángel Pérez Pirela retomó el análisis de temas políticos de actualidad en Desde Donde Sea, escogiendo para la ocasión el caso del desvalijamiento del consulado de Venezuela en Bogotá, un evento que, en su criterio, se suma a la larga lista de ataques perpetrados contra la República Bolivariana de Venezuela desde Colombia. 

En tal sentido, el experto presentó un recorrido en el que amén de describir el deplorable y grave hecho, dio cuenta de los artículos de la Convención de Viena que el Estado colombiano y el Gobierno de Iván Duque violentaron, así como de la cronología de los impasses en las relaciones diplomáticas colombo-venezolanas, cuya ruptura se produjo en febrero de 2019. 

Empero, Pérez Pirela insistió en que ello se comparece con una violación sistemática de los tratados y del Derecho Internacional «por parte de una derecha que cree estar más allá del bien y del mal, que cree que las normas solamente se aplican a los gobiernos que ellos catalogan como de izquierda». 

Asimismo, refirió que sostuvo conversaciones telefónicas con exfuncionarios venezolanos destacados en Bogotá, quienes ofrecieron datos acerca de la ubicación del consulado venezolano vandalizado, un dato que da cuenta de la magnitud de lo sucedido. 

Ceguera selectiva ante una vandalización que duró nueve días

Aunque la mayor parte de la prensa en el vecino país hiciera caso omiso, el analista comentó que el asalto a la sede diplomática fue denunciado por un tuitero el pasado 18 de julio. En aquel momento, la persona difundió unos videos en los cuales se puede ver a personas, presumiblemente bajo los efectos de alguna droga, dentro de la segunda planta de la edificación, que es una «casa tradicional» de dos pisos. Fue apenas el 27 de julio, es decir, nueve días después, que se admitió que la vandalización se extendió durante todo ese tiempo, sin que las autoridades de Colombia se apersonaran a prestar protección al Consulado, tal y como lo establece la Convención de Viena.  

En ese orden de ideas, resaltó que ya desde antes del asalto, la Casa de Nariño había incumplido con las obligaciones que le impone el Derecho Internacional, pues ningún funcionario se encontraba resguardando la edificación, pese a que ya desde el 18 de julio circulaban registros fotográficos y audiovisuales que daban cuenta de las incursiones vandálicas sucesivas que sufrió el Consulado. 

Aludiendo a informaciones aportadas por exfuncionarios venezolanos destacados en Colombia, el también director de La Iguana.TV precisó que la República Bolivariana de Venezuela dispone de tres sedes diplomáticas en la ciudad de Bogotá: la embajada, la residencia oficial del embajador, que, si bien se encuentran relativamente cerca, no están en el mismo lugar. 

En relación con la localización específica del Consulado, detalló que éste se encuentra en la autopista Norte de la capital neogranadina, una zona de alto poder adquisitivo, en un emplazamiento que hace ángulo, lo que hace posible que, por un lado, el edificio sea susceptible de ataques y, por el otro, que cualquier incursión pueda ser detectada con facilidad, más todavía si se extiende durante varios días, como ocurrió en el caso de la vandalización denunciada. 

Así las cosas, se preguntó retóricamente si durante todo ese tiempo, dadas las características de la ubicación del inmueble, ningún funcionario o patrulla, durante sus rondas regulares por la zona, se dio cuenta de lo que acontecía. 

Este acontecimiento, en su parecer, hace que emerjan nuevamente «grandísimas críticas al Estado y al Gobierno colombiano», que se suman a las ya formuladas por su apoyo a otros actos de agresión en contra de Venezuela respaldados desde las más altas esferas del poder en Colombia, como el resguardo de asesinos que trataron de ejecutar un magnicidio, el intento de invasión del pasado 03 de mayo en el que participaron boinas verdes con experiencia en Irak que usaron al país vecino como base de operaciones o el «concierto humanitario» desarrollado en la frontera en febrero de 2019, tras el cual pretendió ejecutarse una invasión terrestre con la venia de Bogotá.

De esta manera, concluyó, nos encontramos ahora ya no con la enésima provocación, sino con una violación del espacio venezolano, toda vez que el consulado es territorio de Venezuela y, por tanto, este acto de vandalización constituye una violación a la soberanía de la República.

La Convención de Viena es letra muerta para el Gobierno de Iván Duque

Seguidamente, Miguel Ángel Pérez Pirela procedió a relatar las violaciones a la Convención de Viena (1961), que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados, en las que incurrió Colombia al permitir el asalto al Consulado venezolano, contraviniendo lo que establece la referida norma jurídica en su artículo 45, según el cual el Estado receptor está obligado a proteger tanto las edificaciones como los bienes y archivos que en ellas reposen, incluso en el caso de un conflicto armado.

Por ello, subrayó que en la sede deberían estar destacados al menos dos funcionarios del Gobierno de Iván Duque para el resguardo de las instalaciones. Incluso, considerando que las relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá están suspendidas, en el mencionado artículo se contempla que Venezuela puede delegar el resguardo de sus sedes a un tercer país, siempre y cuando éste sea convalidado por el país receptor. 

No obstante, aclaró que de acuerdo con lo que le fuera informado por los exdiplomáticos criollos, en el Consulado violentado no se encontraba «documentación de importancia», pues cuando fueron expulsados por el Gobierno de Duque, se trajeron todos los pasaportes y las visas, que de inmediato consignaron en la Cancillería. 

De no haber sido así, especuló «imaginemos ‘la fiesta’ que hubieran hecho los vándalos», con esas acciones que contravienen todo el andamiaje establecido por el Derecho Internacional.

Por otra parte, el Artículo 22 de la Convención de Viena establece que: «los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión» y, sobre esto, comentó que «como siempre, los representantes de la oligarquía que ha mandado en Colombia durante los últimos decenios, acostumbrados a los falsos positivos», no solamente no hicieron nada al respecto, sino que permitieron que «se robaran hasta las ventanas». 

En su opinión, la reconstrucción que hizo de los eventos, permite especular que el ultraje a la sede diplomática venezolana fue perpetrado por el Gobierno de Colombia, algo que en cualquier parte del mundo habría sido casus belis, pero que como estábamos en América Latina, «cualquier cosa» era posible. 

De esta manera, Bogotá no habría tenido necesariamente que actuar a través de sus funcionarios, sino que habría enviado a «sus amiguitos», acaso paramilitares, para ejecutar las acciones, algo que no resulta sorprendente, si se considera que Álvaro Uribe, expresidente, actual senador y quien ejercer realmente el poder en el hermano país, figura en la lista de narcotraficantes elaborada por el Departamento de Estado. 

Siguiendo con lo que reza en los parágrafos 2 y 3 del artículo 22 de la Convención de Viena, citó que «el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad», así como que «los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución», insistió que con sus acciones, Colombia contravino todo aquello que se supone, ha de garantizar en tanto Estado receptor.  

El otro artículo que fue flagrantemente ignorado fue el 24, en el que se garantiza la inviolabilidad de los archivos y documentos de las misiones diplomáticas. Así, al permitir la incursión sucesiva al Consulado venezolano, el Gobierno de Duque permitió que los documentos que aún estaban en esa sede, cayeran en manos de vándalos. 

Finalmente, mencionó que el artículo 45 de la Convención de Viena, que regula las relaciones entre un par de Estados que han suspendido temporal o definitivamente las relaciones diplomáticas, se indica que «el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes y archivos».

Asimismo, la Casa de Nariño no puede excusarse en que no pudo actuar porque solamente reconoce al «gobierno» de Juan Guaidó, puesto que los siguientes incisos precisan que «b. el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor; c. el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor». 

Por tales razones, reflexionó, en la actualidad el Gobierno de Iván Duque está sumergido en una trampa impuesta desde Washington, según la cual no se reconoce ni la ruptura de las relaciones ni al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que trae como consecuencia que Colombia no ofrezca las mínimas garantías diplomáticas a Venezuela. 

Sobre esta base se amparó entonces el Gobierno Bolivariano para denunciar la vandalización y el saqueo de su Consulado ante el secretario de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, exigiendo además el respeto de las normas internacionales.

«En Colombia, el tema venezolano es ya una obsesión compulsiva», dijo, citando declaraciones del Canciller de la República, Jorge Arreaza y destacó que Venezuela no desea que las relaciones se encuentren en el nivel de deterioro que hoy exhiben. Además, resaltó que el jefe de la diplomacia criolla había informado que hasta las 3:45 de la tarde de este miércoles 29 de julio, Caracas no había recibido respuesta a la nota de protesta que enviara a Bogotá. 

Sin embargo, comentó que estas actuaciones por parte de la Casa de Nariño no son nuevas, pues según exdiplomáticos destacados en Bogotá, en al menos diez ocasiones Venezuela envió misivas al Gobierno colombiano para exigirle el resguardo diplomático de sus sedes y la mayor parte de las veces no se recibió respuesta alguna.  

Culpa de Maduro: las reacciones desde el Proyecto Guaidó

A continuación, Pérez Pirela comentó las reacciones que tuvo el sector de la oposición extremista encabezado por Juan Guaidó, al calor de esta clara violación del derecho internacional que protagonizó el Gobierno de Colombia, a lo que se suma el reciente ultraje de una estatua del Libertador Simón Bolívar en la ciudad de Madrid.

Al respecto, indicó que «Guaidó osó a acusar a los seguidores de Maduro de saquear la sede diplomática», versión que secundó Tomás Guanipa, «representante» del autoproclamado presidente interino en Bogotá, quien llegó al cargo sustituyendo a Humberto Calderón Berti, después de que el político derechista acusara al Proyecto Guaidó y al llamado G4 –alianza entre los partidos opositores Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo– de malversar los fondos recabados con el pretexto de la ayuda humanitaria y de coadyuvar a Colombia en la apropiación ilegal de Monómeros.

«No tienen pena ajena. Juegan con la inteligencia de los seres humanos. ¿A quién le cabe en la cabeza que el Gobierno de Duque, que está pendiente de asesinar a Nicolás Maduro», no haya intervenido con sus paramilitares para frenar una acción que se prolongó por nueve días?, añadió el experto. 

Aprovechó la oportunidad para criticar la actuación de Guanipa, quien dice estar destacado en Colombia para defender los intereses de los venezolanos, pero además de acusar a Maduro por los actos vandálicos cometidos en contra del Consulado de Venezuela, no ha hecho nada para socorrer al primer venezolano de los muchos que pasan trabajo en ese país, luego de que decidieran marcharse de Venezuela alentados en buena medida por el discurso que su sector político promovió y en el contexto de la pandemia, fueran echados a la calle sin ningún miramiento. 

Para cerrar este punto, mencionó que el tema de las relaciones colombo-venezolanas forma parte de sus intereses de investigación, cuyos resultados están parcialmente vaciados en dos textos: «La invasión paramilitar: Operación Daktari», que escribiera en coautoría con Luis Britto García y «La cuestión colombo-venezolana, una compilación que coordinó, que cuenta con textos de Mario Sanoja, Iraida Vargas, Eva Golinger y Luis Britto García y fuera prologada por la exsenadora Piedad Córdoba. 

Breve recuento de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Colombia

En la última sección del programa, el filósofo presentó un recuento de las tensiones diplomáticas que han protagonizado Colombia y Venezuela desde una década atrás y que alcanzaron su punto más álgido en febrero de 2019, cuando Caracas decidió romper lazos con Bogotá, después de que Juan Guaidó, en contubernio con el Gobierno de Iván Duque, intentara una invasión armada hacia Venezuela, usando como mampara un concierto para la recolección de fondos destinados a la «ayuda humanitaria». 

Primeramente, hizo referencia a la crisis diplomática de 2015, surgida a partir de la denuncia de la presunta presencia de paramilitares en la frontera. Este evento, rememoró, implicó la llamada a consulta de los diplomáticos de ambos países, así como el cierre indefinido del paso que conecta el estado Táchira con el departamento de Norte de Santander. 

En segundo término, trajo a colación el impasse de 2010, cuando el Gobierno de Álvaro Uribe denunció que Venezuela albergaba en su territorio a insurgentes de las FARC-EP y el ELN, con el respaldo del presidente Hugo Chávez. Entonces, se acordó que ambas naciones acudirían a foros regionales, como la Organización de Estados Americanos y la Unasur para resolver sus diferencias, si bien las actuaciones de Colombia y la OEA fueron enfáticamente cuestionadas por el embajador Roy Chaderton Matos. 

En el parecer de Pérez Pirela, por más graves y álgidos que fueron esos eventos, nunca se presentó una situación que implicara el ultraje de las sedes diplomáticas venezolanas en Colombia y ello le indujo a preguntarse si estas prácticas son nuevas, consiguiendo en la revisión que no era el caso, pues una cierta derecha «que se cree más allá del bien y del mal», acumula un historial de violaciones sistemáticas de los tratados internacionales.

Al respecto, refirió que en marzo de 2019 el equipo de Guaidó ocupó dos edificios diplomáticos en Washington y el consulado venezolano en Nueva York y pasándole por encima a toda la normativa «denunciaron» que los inmuebles se encontraban «en precarias condiciones». 

«Pareciera que se pueden ultrajar nuestras sedes diplomáticas y no suceda nada, que se nos robe el oro, Citgo y Monómeros y no suceda nada. Si esto no es colonialismo e imperialismo del más simple y rudo, ¿qué cosa será?», cuestionó con acritud el experto. 

También en los Estados Unidos, pero durante el mes de mayo de 2019, la Embajada venezolana estuvo semanas bajo asedio e incluso, como medida de presión en contra de sus ocupantes, se decidió suspender el servicio eléctrico, algo que luego hubo de repetirse en Brasilia, cuando grupos afectos a Bolsonaro e identificados con la oposición extremista local, decidieron «ultrajar el territorio venezolano».  

A esta práctica vandálica y mafiosa se sumaron también algunos grupos asociados con el gobierno de facto de Jeanine Áñez, quienes durante el golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales, atacaron las embajadas de Caracas y Managua en La Paz, así como a los funcionarios de ambas naciones que estaban en las sedes. 

Empero, el antecedente más antiguo de esta clase de asaltos, data de los días del golpe de abril de 2002. Durante el llamado «Carmonazo», recordó, Henrique Capriles Radonski «ultrajó la embajada de Cuba», sin que hubiera consecuencia alguna. 

«Existe una derecha que cree que está por encima de la normativa internacional, porque está amparada por Estados Unidos y una parte de la Unión Europea. Vuelven añicos a otros países con la excusa de salvarlos», agregó. 

Desde su óptica, estas naciones «están poniendo patas arriba la normativa internacional», de forma análoga como se hizo antes de la Primera Guerra Mundial y pretenden pescar en río revuelto. Por ello, «no hay nada nuevo bajo el sol» y este ataque se suma a una ya larga lista de ataques contra la soberanía del país. 

Pérez Pirela insistió en que, en cualquier otra parte del mundo, los intentos de magnicidio e invasión, así como los robos de empresas a través de colaboradores locales, habrían desatado una guerra, más Venezuela ha actuado con «una paciencia», que aunque criticable, es más cercana a la paz que a la guerra, por lo que hay que seguirla apoyando, «obviando las posturas lloriqueonas a la hora de denunciar ataques tan duros contra nuestra dignidad y soberanía». 

«Creo que deberíamos ser más virulentos y altivos a la hora de señalar hechos tan graves; eso sí, siempre apostando a la paz», finalizó. 

Libros del día

Recomendó la lectura de sus novelas: «El último romántico: memorias sentimentales de un venezolano en el extranjero», publicado y presentado en el marco de la 11ª Feria de Caracas y «Pueblo», cuya tercera edición corrió por cuenta del Fondo Editorial Fundarte. 

(LaIguana.TV)