Como parte de una campaña en la que se pretendía «posicionar su imagen en redes sociales» y «contrarrestar noticias desfavorables para su gestión», el gobierno de Iván Duque ordenó perfilar a políticos, periodistas e influenciadores –16 de ellos venezolanos–, en la que se invirtieron «más de 7.000 millones de pesos», según una investigación publicada por la Fundación para la Libertad de Prensa.
 
Para esto, se creó «una base de datos con influenciadores, que fueron clasificados en positivos, negativos o neutros de acuerdo a su posición frente al gobierno» y si bien la información oficial aportada por la Casa de Nariño sostiene que el propósito de esa estrategia era «aumentar el porcentaje de personas positivas y en especial cambiar la perspectiva de aquellos que influyen desde sus redes sociales negativamente, ya que son estos los que hacen que la mala imagen del gobierno sea cada día más alta», como señala el portal La Tabla, el seguimiento de las redes de estos agentes comunicacionales y su «perfilamiento», «constituye una persecución«.
 
La Fundación para la Libertad de Prensa, citando informes de ejecución del contrato en gastos de publicidad suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) con la agencia Du Brands, destaca que intentaron «adquirir, depurar, verificar y actualizar listas de influenciadores digitales con el propósito de interactuar con estos usuarios para transmitir según los lineamientos de comunicación de la Consejería Presidencial» e incluso trabajaron «con influenciadores para concertar reuniones que concreten la manera en que se van a comunicar todo tipo de mensajes», aunque posteriormente indican que tales reuniones nunca tuvieron lugar. 
 
A este respecto, La Tabla precisa que «clasificar a responsables de cuentas en las redes sociales en positivos, negativos o neutros –de acuerdo con sus mensajes sobre el gobierno– podría ser ‘normal'» en términos de «monitoreo de medios», mas solicitar información específica para establecer la identidad tras la cuenta, «dista de ser ‘solo información general’ para el análisis».
 
Asimismo, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, desde el inicio de su gobierno, Iván Duque «ha gastado más de 20 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial, es decir 27 millones diarios», de los cuales 7.300 millones se han destinado a «estrategias digitales y de redes», a lo que ha de sumarse que el «el 50% de los recursos provinieron del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz)».
 
Esa misma fuente subraya que si bien los montos se asemejan a lo que gastara el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2016 y 2017, en noviembre de 2018 la presidencia ordenó aplicar criterios de austeridad a los gastos relacionados con publicidad, amén de la intención de centralizar las comunicaciones gubernamentales en el DAPRE. 
 
Los venezolanos perfilados
 
La Tabla informa que la mayor parte de los posicionadores de opinión venezolanos en las redes sociales colombianas, «son furibundos antichavistas», ora como individuos, ora como colectividad. 
 
Específicamente, en la base de datos figuran las cuentas de Alberto Federico Ravell, Enrique Pañalosa, Caterina Valentino,  Miguel H. Otero, Dolar Today,  Reporte Ya,  Esteban Gerbasi,  Ángel García Banchs y Napoleón Bravo.
 
No obstante, también aparecen las «cuentas de personalidades, medios y programas afines» al gobierno venezolano, como Winston Vallenilla, Gian Carlo Di Martino, teleSur y Con El Mazo Dando.
 
Al divulgarse esta suerte de «lista negra», Di Martino, quien es cónsul de Venezuela en Milán, repudió el hecho a través de su cuenta en Twitter: «Estamos en presencia de criminales» y advirtió que todos cuanto aparecen en esa lista, corren «peligro de muerte».
 
(LaIguanaTV)
 

 

 
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