En una rueda de prensa, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció este sábado que el informe sesgado presentado por la Misión de la ONU, omite que en Estados Unidos comete delitos de lesa humanidad sobre el pueblo venezolano a través de sanciones y medidas coercitivas, razón por la cual Venezuela denunció a los funcionarios estadounidenses ante la Corte Penal Internacional. 
 
«Eso es un ataque sistemático porque hay sanciones desde el año 2015, del decreto Obama en adelante. Sanciones, sanciones, sanciones, sanciones; firmas, firmas, firmas- Contra PDVSA, contra el Banco Central, contra la economía venezolana, contra los privados, contra los terceros», detalló el diplomático. 
 
Además de un ataque sistemático, las sanciones son «un ataque generalizado», puesto que los efectos de la escasez de medicinas, de alimentos, de gasolina o el hecho  que no podamos comercializar petróleo, «los sufrimos todos los venezolanos», añadió.
 
Arreaza expuso estas precisiones, tras cuestionar la conclusión del informe, en la que el grupo de «expertos» que lo elaboró sostiene: «Creemos que hay motivos razonables para considerar que se han cometido en Venezuela delitos de lesa humanidad». 
 
«No vinieron al país, no hablaron con las autoridades, no hablaron con el Fiscal, con el Defensor, con el presidente del Tribunal Supremo, con el Poder Ejecutivo, con las organizaciones en el país, con el pueblo, con las víctimas, con quien quieran, con los cuerpos policiales, pero ellos ‘creen que hay motivos para considerar que'», criticó.
 
Adicionalmente, durante su exposición el funcionario hizo un recuento de las múltiples omisiones que contiene el documento, destacando aquellas que se refieren a la omisión o tergiversación de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro respecto de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto de las guarimbas de los años 2014 y 2017.
 
A este respecto, compartió con la audiencia dos piezas en las que el mandatario prohíbe el uso de fuerza letal y de escopetas de perdigones contra los manifestantes y señala sin ambages que todo funcionario que sobrepase los límites de lo establecido en la Constitución y las leyes de la República, será sancionado con todo el peso de la ley. 
 
«Dicen que el presidente Maduro mandaba a atacar, mandaba a ser severos, a que los juicios fuesen severos, pero entonces le cortan cuando el presidente dice que debe haber juicios severos por el tipo y la gravedad de los delitos, pero luego dice que siempre en el marco de la justicia, de la verdad, de la ley. Eso se lo quitan», puntualizó el líder de la diplomacia criolla.
 
Adicionalmente, mostró declaraciones del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, quien durante los actos insurreccionales adelantados por la derecha local en 2017, advirtió que cualquier funcionario que se apartara «de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos», tendría que asumir la responsabilidad por sus actos. 
 
Con esto se echa por borda la especie según la cual las autoridades del Gobierno Bolivariano estarían al corriente de violaciones a los derechos humanos y no habrían hecho nada para impedirlas, como se asevera en el informe difundido este jueves por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. 
 
Otra de las omisiones relatadas por el canciller se refería a la presunta ausencia de documentación oficial acerca de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, incluyendo sus manuales de operaciones.
 
«Señores expertos, ustedes fueron contratados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tiene todos estos manuales y muchos más desde hace dos años, así que hagan el favor de caminar diez metros, tocarle la puerta y al menos trabajar en equipo. Sería lo lógico», ironizó el funcionario.
 
Sobre el caso de Oscar Pérez, también reflejado en el informe, resaltó que se le presenta como alguien que se robó un helicóptero e hizo un sobrevuelo por el centro de la capital, dejando por fuera datos esenciales que dan cuenta de los graves delitos que cometió. 
 
«Dicen que el señor se robó un helicóptero e hizo un sobrevuelo. No dicen más nada. No dicen que atacó con granadas un preescolar en el Tribunal Supremo de Justicia, no dicen que se robó armamentos en unidades del centro del país y del estado Miranda, que amordazó a los efectivos que estaban allí y prometió con ese armamento matar al presidente Nicolás Maduro. Eso no lo dicen, eso no está aquí». 
 
En el texto, los autores aseguran que «el informe documenta 54 actos de ejecuciones extrajudiciales (…) 112 actos de encarcelamiento ilegal y 95 actos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos».
 
«Ustedes dicen que en Venezuela, desde el año 2014 hasta el año 2020 hay ataques de lesa humanidad porque dicen haber documentado 54 actos de ejecución, 112 actos de encarcelamiento y 95 actos de tortura», rebatió Arreaza e indicó que la presunción radicaba en que no habían venido a Venezuela y no tenían documento alguno en su poder que les permitiera sustentar las gravísimas acusaciones que profirieron. 
 
«Esto es, de verdad, pirata, un fraude procesal jurídico absoluto y como la Operación Gedeón fracasó, (…), esta operación Gedeón jurídica también ha fracasado», concluyó. 
 
(LaIguana.TV)
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