El diputado opositor Juan Guaidó realizó una transmisión de un discurso que, según él, se daba «en el marco de la celebración anual» de la reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Conociendo que más temprano fue el presidente Nicolás Maduro quien representó a Venezuela, como Mandatario legítimamente reconocido, el autoproclamado insistió en que dicho mensaje estaba dirigido a la organización internacional.
Entre las cosas que dijo Guaidó, está la solicitud de la activación de un «principio de protección internacional» para Venezuela, conocido como R2P, que «expresa la responsabilidad que tienen los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas frente a cuatro tipos de crímenes: genocidio, crimen de guerra, limpieza étnica y crimen de lesa humanidad».
“Hoy les pido a todos los representantes de Estados Miembros que asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática. Ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas”, dijo textualmente Guaidó.
Esta posición errática del opositor viene tras la formulación del informe que hicieran asesores privados del Grupo de Lima, en que supuestamente «reflejan» la violación de los derechos humanos en nuestro país, por parte del Gobierno Nacional. Dicho infrome prepagado, como ya han explicado las autoridades gubernamentales, no tiene asidero profesional porque, entre otras cosas, los datos fueron recogidos de la canalla mediática internacional que responden a los intereses específicos imperialistas y de las redes sociales.
El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, rechazó el informe de la Misión Internacional de la ONU, que señala al gobierno de Venezuela de cometer crímenes de lesa humanidad, ante el sesgo de dicho informe y la omisión de cómo las sanciones han afectado al pueblo venezolano.
“Es un informe muy sesgado políticamente, un informe que utiliza los derechos humanos para destruir los derechos humanos, para destruir las instituciones internacionales de derechos humanos, es decir, un informe mercenario”, expresó el defensor en rueda de prensa.
“Esas personas no fueron capaces de preguntar a la Defensoría del Pueblo, ni siquiera de informar cómo se ha avanzado en esos casos que se denunciaron en esos momentos (Informe de justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo, 2017) cuáles de esos casos tienen sentencia, cuáles de esos casos han sido imputados, judicializados, es decir, se basaban en una información que les daban otras personas, sin verificar”, dijo Ruiz.
Guaidó, por su parte, se basa en el documento que ya ha sido desmontado por la verdad de las autoridades venezolanas y que se ha desenmascarado como un ardid para atacar al gobierno de Maduro en medio del desespero gringo por ganar las elecciones y de socavar la democracia venezolana. Así, «lean el Informe Detallado de la Misión Independiente de Verificación de Hechos, para que conozcan los testimonios de las víctimas y les pongan cara a la tortura sistemática cometida por la dictadura en Venezuela; y luego de que hagan eso, quedará en sus manos considerar proceder junto a sus gobiernos para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Venezuela”, dijo.
La R2P surge en la Resolución Final de la Cumbre Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2005 (A/RES/60/1), cuyos parágrafos 138 y 139 enuncian el deber de los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas ante los crímenes que, como se ha demostrado desde Caracas, se intenta hacer ver ocurrirían en Venezuela, sin sustentos formales más allá del mencionado informe irresponsable.
(LaIguana.TV)
