¿Qué hizo la AN para llevar a Citgo al borde del remate? Esto explicó economista Víctor Álvarez

 

En un artículo de opinión publicado este viernes en Panorama, Álvarez hace un recuento de las acciones emprendidas por la actual legislatura de la Asamblea Nacional (AN) desde 2016, que derivaron en lo que probablemente representará la pérdida más significativa de cuantos activos posee la República en el extranjero. 

 

El experto refiere que la jueza Katherine Polk, «desestimó la discusión sobre su legitimidad en Venezuela, toda vez que la emisión de esta deuda se rige por ley de Nueva York» y argumentó su fallo haciendo referencia a las declaraciones del expseudoprocurador del Proyecto Guaidó, José Ignacio Hernández, quien afirmó que en septiembre de 2016, «la AN no declaró la nulidad del bono», por lo que la operación seguía siendo legal. 

 

Víctor Álvarez precisa que la máxima instancia del Poder Legislativo solamente «rechazó el uso de Citgo como garantía del bono Pdvsa 2020″ y posteriormente «autorizó pagar 71 millones de dólares» correspondientes a intereses vencidos, con lo que, por la vía de los hechos, «reconoció (…) la legalidad de la deuda».

 

«Si en septiembre de 2016 la AN hubiese declarado la ilegalidad de la operación, el país no estaría a punto de perder Citgo, un conglomerado de refinerías en EEUU que cuenta con una capacidad de refinación de 745.000 b/d, 3.500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos y una red de 5.000 gasolineras, cuyo valor se estima en 8.000 millones de dólares y por eso está en la mira de los acreedores de Pdvsa que quieren cobrar –con cargo a las acciones de Citgo–, lo que Venezuela les debe», explicó.

 

Los acreedores, advierte, no son todos del mismo tipo ni responden a los mismos intereses. Así, de un lado «están los tenedores del Bono Pdvsa 2020», a quienes se les adeudan 1.700 millones de dólares, que tienen como garantía el 50,1 % de las acciones de PDV Holding, dueña de Citgo» y por otro, la compañía minera canadiense Crystallex, que pesca en río revuelto y demanda una indemnización de 1.400 millones de dólares «por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas».

 

El economista subraya que en los Estados Unidos, los representantes legales del Proyecto Guaidó «son los únicos que pueden actuar a nombre de la República de Venezuela porque es a él a quién la Casa Blanca reconoce como Presidente interino». 

 

De ahí se explica que la pseudoprocuraduría –primero a cargo de Hernández, quien había trabajado como parte del equipo legal de Crystallex en su caso contra la República Bolivariana de Venezuela y luego por Enrique Sánchez Falcón, que venía de ejercer la consultoría jurídica de la AN durante la presidencia de Guaidó– haya sido la instancia que introdujera una demanda de nulidad sobre las operaciones. 

 

Los abogados de Guaidó perdieron y además, indica Álvarez, la Jueza Polk determinó que la pseudo junta directiva de Pdvsa designada por el parlamentario autoproclamado presidente, deberá saldar «los costos legales en los que incurrieron los acreedores al hacer tal demanda».

 

La derrota de Venezuela en las instancias judiciales de los Estados Unidos, es interpretada por Víctor Álvarez como «desacierto», pues los presuntos defensores de la República apelaron «al marco legal venezolano, olvidando que la emisión de estos bonos se hizo con base en la ley de Nueva York». 

 

En su opinión, la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia en la que se desestimó la apelación presentada por José Ignacio Hernández y se ratificó el dictamen de la Corte Federal, en el que se establecía la legalidad de las operaciones financieras asociadas con los papeles de deuda venezolanos cuyo respaldo es la mayor parte del capital accionario de Citgo, es la resulta «de la incapacidad de los abogados de Maduro y Guaidó para acordar una estrategia común en defensa de los activos de PDVSA y de la República en el exterior».

 

«¿Por qué Juan Guaidó, en su condición de presidente de la AN, no tramitó la anulación de esta obligación antes de que le dividieran el parlamento? ¿Por qué los funcionarios de Maduro y Guaidó en vez de convenir una unidad de criterios en defensa del interés nacional se contradijeron ante la Corte? ¿Quién paga los costos de una demanda que era mejor no iniciar? ¿Quién responde ahora por los daños que se le causaron a los activos de la República y al patrimonio de la Nación?», cuestionó el experto. 

 

Desde otro ángulo, destacó que Orden Ejecutiva 13.884 sancionada por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, «impide el embargo de cualquier activo venezolano» sin su autorización, lo que implica que, paradójicamente, la compañía gozará de cierta protección y sus acreedores –tenedores de bonos y Crystallex– no podrán cobrar los montos que demandan, mientras la OFAC no decida levantar las restricciones. 

 

Sin embargo, los demandantes no parecen muy dispuestos a esperar por los tiempos de la justicia estadounidense, que en este caso se enfrenta a un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y arguyen que «una decisión del Poder Judicial, tomada por una Corte Federal y ratificada por la Corte Suprema, no puede ser quebrantada por una orden administrativa adoptada por una dependencia del Poder Ejecutivo como la OFAC». 

 

Lamentablemente, alerta Víctor Álvarez, la balanza parece inclinarse hacia el Poder Judicial», puesto que el juez de la Corte Federal en el que se dirimió el caso, determinó que «ninguna orden o regulación del poder ejecutivo prohíbe a este tribunal avanzar en la determinación de cómo se venderán las acciones», a lo que siguió la reciente decisión de la jueza Polk, indubitablemente lesiva para los intereses nacionales. 

 

Sobre Citgo pende, por tanto, una suerte de cuenta regresiva, que eventualmente devendrá en su remate y en la utilización de los fondos obtenidos para la cancelación de deudas que han sido designadas como «legales» en tribunales estadounidenses, una vez se levanten las medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre la industria petrolera venezolana o cuando la OFAC decida concederle una licencia especial a los acreedores. 

 

Por ello, Álvarez proyecta que en medio de este conflicto de poderes, lo más probable es «que finalmente se impongan las presiones que representan los intereses norteamericanos» y la OFAC opte por autorizar el remate de las acciones de la empresa. 

 

De allí que estime que el gobierno venezolano y el sector antidemocrático de la oposición encabezado por Juan Guaidó, deben construir una estrategia común, orientada a evitar que Venezuela pierda la compañía y recordó que «desde hace tiempo se ha planteado solicitar a la ONU con carácter de urgencia una Resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país que atraviesa por una grave crisis humanitaria».

 

El caso de Irak, indica, podría invocarse como antecedente, pues tras el derrocamiento de Saddam Hussein y la invasión estadounidense a ese país, «el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1.483 para proteger los activos» que el país requeriría para su reconstrucción.

 

Valoraciones aparte sobre la eficacia de la resolución invocada para proteger las riquezas iraquíes, Álvarez teme que quizá ya sea tarde «para promover una Resolución semejante en la ONU», puesto que las decisiones de los tribunales estadounidenses apuntan en la dirección opuesta.

 

«Si se concreta el remate de las acciones de Citgo, este sería un lamentable desenlace para el interés nacional ya que perdería un importante activo que se necesitará para la reconstrucción del país. Y esto sería responsabilidad de las élites políticas venezolanas que fueron incapaces de ponerse de acuerdo para proteger los activos de Pdvsa y la República en el exterior», concluye su reflexión.