“Pista: a Trump no le cerraron el hocico unos periodistas y medios muy valientes o muy malos, se lo cerraron los tipos que financian y mantienen en el aire a esos medios. El que paga, manda: proverbio mexicano”, escribió en su cuenta Twitter el comunicador venezolano José Roberto Duque, luego del escándalo que se desató con la actitud de la grandes cadenas noticiosas (incluyendo la muy trumpista Fox News) frente a una rueda de prensa en la que el presidente y aspirante a la reelección denunciaba que había sido víctima de un gigantesco fraude.
“Hijo mío: Los medios y cadenas informativas no son entidades con vida propia, mucho menos sus periodistas. Esas maquinarias son apéndices, parcelas de amos que se mueven por encima y por fuera de las pantallas. Los medios pertenecen a alguien: ese alguien manda, los medios obedecen”, insistió Duque en otro trino.
Sus breves comentarios dan en el blanco respecto a la conexión cada vez más clara que existe entre la gran prensa estadounidense (y global) y los poderes fácticos del capitalismo hegemónico mundial. La propiedad de los medios de comunicación se ha ido concentrando en manos de las mismas corporaciones que dominan la industria armamentística, la banca, las firmas farmacéuticas y las empresas petroleras, entre otras ramas fundamentales del poderío económico mundial. La plutocracia usa las proclamaciones mediáticas incluso para resolver sus conflictos internos.
Si alguien censuró a Trump en este trance de su derrota electoral no fueron entonces “los medios”, como un poder autónomo, sino los formidables intereses que los gobiernan.
Los medios como Poder Electoral
Para cuestionar el resultado, muchos partidarios de Donald Trump han dicho que la victoria de Joe Biden no ha sido certificada por autoridades electorales, sino por los medios de comunicación de Estados Unidos.
Técnicamente hablando, esto es cierto. Para que Biden sea proclamado oficialmente aún faltan muchos pasos por dar. El más importante es el de las reuniones que habrán de realizar los colegios electorales el 14 de diciembre en los que cada uno de los grandes electores debería expresar su posición de acuerdo a los dictámenes de los votantes de su respectivo estado, aunque no en todas las entidades federales esto es obligatorio. Es decir, que podría haber sorpresivos cambios de camiseta en esa fecha.
Pero, más allá de ese episodio, también falta que avance el proceso de impugnación legal que Trump ha anunciado y que podría llevar la validación de las elecciones hasta la Corte Suprema de Justicia, tal como ocurrió en 2000 con la decisión entre George W. Bush y Al Gore.
Lo que normalmente hacen los medios de comunicación es acopiar los resultados presentados por las autoridades electorales de cada estado y así determinar quién ha reunido los 270 votos electorales necesarios para ser presidente. Lo hacen los medios con la excusa de que no hay quien lo haga oficialmente porque en EEUU no existe un poder electoral nacional que dé los resultados oficiales, es decir, el equivalente al Consejo Nacional Electoral venezolano.
Se trata, según parece, de una ausencia totalmente deliberada, de un conveniente vacío de poder, pues en centenares de otros aspectos, existen instituciones de rango federal, empezando por el mismo gobierno, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia y siguiendo con una ristra de agencias dedicadas a diferentes aspectos de la vida pública y la seguridad de Estado.
Tradicionalmente, los medios “proclaman” al vencedor luego de hacer la suma de las votaciones estadales, y lo habitual es que este resultado quede avalado por el reconocimiento del derrotado, algo que no ha ocurrido en este caso, pues Trump insiste en que fue víctima de un fraude.
El comando de campaña y muchos partidarios del abanderado republicano han presentado la “proclamación mediática” como una extralimitación de las funciones de la maquinaria comunicacional, que –según esta tesis- le cobró a Trump los desafueros que tuvo con la prensa durante su gobierno. Lo que no cuadra bien en este caso es que hasta la cadena Fox News, notable aliada de Trump, se sumó a la maniobra.
Además de objetar esa “proclamación mediática”, se cuestiona el comportamiento de las televisoras cuando Trump estaba dando declaraciones sobre lo que considera un robo perpetrado por los grandes intereses financieros estadounidenses: cortaron la transmisión o la continuaron, pero con un insert en el que se calificaba como falsas las denuncias del aún presidente del país.
“No son informes periodísticos, son campañas políticas de censura a uno de los contrincantes”, dijo Dennis Small, director para Iberoamérica de la revista EIR (órgano fundado por el ultraderechista Lyndon LaRouche), quien fustigó no solo a los medios convencionales y digitales, sino también a Facebook por cerrar 10 mil páginas “de gente que no le caía bien, incluyendo una denominda ‘Alto al robo’, que tenía 325 mil seguidores” y a Twitter, por colocarles advertencias al 70% de los trinos del mandatario.
Esta organización y otras de las que impulsaban la reelección de Trump llegan a afirmar que en EEUU se dio un golpe de Estado mediático, bajo las órdenes del poder financiero de Wall Street, cuyo candidato era Biden y que ejerce el control sobre la mayoría de las televisoras y grandes periódicos, portales y redes sociales.
La pugna se inscribiría así en el campo de una pelea mayor: la que sostienen los globalistas y los nacionalistas estadounidenses. Trump, con su afán proteccionista y sus declarados planes de reindustrialización de EEUU, es un emblema de estos últimos; Biden, como el partido Demócrata en su totalidad, sería el la garantía del retorno al globalismo. Los grandes medios están bajo la égida globalista y por eso le habrían dado el puntillazo al abanderado republicano con la proclamación de Biden y la censura a la rueda de prensa de Trump y a sus tuits lastimeros.
Importancia del modelo de Poder Electoral constitucional
Para quienes no vivieron ese tiempo (y para quienes lo vivieron, pero lo han olvidado), es conveniente recordar que hasta 1998, el resultado de las elecciones presidenciales venezolanas no era dado, en términos reales, por el entonces llamado Consejo Supremo Electoral, sino por las televisoras y muy en particular por Venevisión, que presentaba proyecciones realizadas con base de sondeos a boca de urna y datos de las actas recopilados por empleados de la firma de bebidas gaseosas (primero fue Pepsicola y luego Cocacola) que hacía parte del Grupo Cisneros, propietario de la planta televisiva y uno de los poderes fácticos del país.
Lo acordado era, en esos años, que el CSE diera un primer boletín, con un número muy pequeño –casi ridículo, en verdad- de actas escrutadas y autorizase a las televisoras a dar sus proyecciones. Lo que dijera Venevisión se convertía, de forma práctica, en el resultado oficial.
Días o semanas después era cuando el CSE terminaba el cómputo de las elecciones, que fueron manuales hasta 1993 y semiautomatizadas en 1998.
El resultado dado por Venevisión que resultó más cuestionado fue el de 1993, cuando se declaró vencedor a Rafael Caldera, pese a que muchas proyecciones daban al entonces líder obrero Andrés Velásquez, de La Causa R, quien fue relegado al cuarto puesto. (Luego Velásquez terminó siendo un furibundo aliado político de quienes presuntamente lo despojaron, pero ese es otro asunto).
La aplastante victoria del comandante Hugo Chávez en 1998 fue certificada por la televisora, lo cual puede parecer un contrasentido para muchos. Pero debe tenerse en cuenta que en los últimos meses de la campaña de ese año, Cisneros “se anotó a ganador”, al parecer con la esperanza de domesticar al joven abanderado y seguir estando a la sombra del poder, como lo había estado con los últimos gobiernos cuartorrepublicanos. Fue al darse cuenta de que esto no ocurriría de esa forma, cuando el magnate pasó al bando opositor a Chávez.
Con el cambio constitucional de 1999, el órgano electoral fue elevado a la categoría de Poder Público, en pie de igualdad con el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el también nuevo Poder Ciudadano. Ese redimensionamiento ha permitido modificar a fondo el sistema electoral, automatizarlo y liberarlo de vicios profundamente arraigados, entre ellos el famoso “acta-mata-voto” y el ya descrito de dejar en manos de las televisoras la facultad de anunciar ganadores.
Visto desde la distancia temporal, esto último ha sido un factor clave en lo que podríamos llamar la desprivatización de las funciones del árbitro electoral. Desde que el Consejo Nacional Electoral implantó la práctica de dar resultados irreversibles y solo después de eso permitir la difusión de proyecciones y especulaciones, se ha cancelado la posibilidad de que ocurra algo como lo que ahora reclaman los partidarios de Trump.
Ante la posibilidad de perder esa especie de superpoder electoral, los dueños de medios estuvieron entre los más rabiosos detractores de la Constitución de 1999, convocando al pueblo a rechazarla en el referendo.
No fue casualidad que el golpe de Estado de abril de 2002 haya sido dirigido por las mismas televisoras que antes tenían la última palabra en las elecciones nacionales. De hecho, la madrugada del 12 de abril el ancla de Venevisión Napoleón Bravo rememoró gustosamente esos tiempos cuando saludó diciendo: “¡Buenos días, tenemos nuevo presidente!”.
Ya sin el poder de proclamar ganadores, las televisoras optaron por hacerle la guerra al Consejo Nacional Electoral a lo largo de más de veinte consultas electorales. Los días de votación se ha hecho fuerte esta campaña, mediante denuncias infundadas de irregularidades y tratando de generar impaciencia y descontento en la audiencia por la supuesta tardanza en la difusión de los resultados. La imagen fija de la rampa que conecta con el Centro de Totalización del CNE con el set de Prensa, en el Centro Simón Bolívar es un clásico de este respiro por la herida.
El sueño de reprivatizar la autoridad electoral
Las televisoras y otros medios que se habían arrogado la facultad de dictaminar el ganador de las elecciones en Venezuela siguen soñando con el retorno de esos tiempos. Mientras tanto, otros factores opositores han buscado la manera de lograr esa suerte de “reprivatización” de la autoridad electoral.
Uno de los primeros intentos en ese sentido fue la gran proyección que se le otorgó a la empresa Súmate, presentada como una especie de fundación u ONG preocupada por la transparencia electoral. Durante varios años se pretendió hacer de ese tinglado un poder electoral paralelo, pero la estrategia no cuajó.
En varias oportunidades, la oposición ha montado estructuras propias para regir elecciones primarias y consultas. La más célebre de ellas fue en 2012, cuando se eligió como candidato presidencial a Henrique Capriles Radonski y, luego de difundir el resultado, se procedió a quemar todos le material electoral. Toda una alegoría de cuál es la doctrina de este sector político en materia de comicios. Los medios, en ese entonces, declararon legítimo ese proceso y lo aplaudieron como una gran demostración de democracia.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
