Este jueves, Emilio Graterón, quien forma parte del Comité Organizador de la «consulta popular» con la que Juan Guaidó pretende extender ilegalmente el ejercicio de sus funciones parlamentarias después del 05 de enero de 2021, informó que debido a la prohibición de Facebook de usar su plataforma para promocionar contenido político, los interesados deberán responder a las preguntas a través de Telegram e Instagram.
«Por sus políticas de empresa ellos prefieren no apoyar la publicación de contenidos que estén relacionados con la política», le explicó a Crónica Uno. Por ello, estimaron que la vía más confiable para capturar los datos de sus votantes serán Telegram e Instagram, si bien en el segundo caso los usuarios deben acceder a un sitio web a través de una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés).
Otro miembro del Comité Organizador, Enrique Colmenares Finol, explicó que el equipo técnico a cargo de la «consulta» decidió elegir estas redes sociales tras la negativa de Facebook, –compañía a la que también pertenece el servicio de mensajería WhatsApp, que también pretendía utilizarse como fuente para recabar información– y a conjunto de ajustes en el proceso, «incluyendo la modificación de las respuestas», se refiere en la nota firmada por el periodista Héctor Antolínez.
Según Colmenares Finol, el proceso «ya está en su etapa final», pero reservó los detalles para una rueda de prensa que ofreció para dentro de «uno o dos días».
Más allá de la ilegalidad de la «consulta popular», también se suman las dudas que pueden existir acerca de la confiabilidad de la información recolectada a través de las redes sociales y el hecho que la aplicación con la que aparentemente se llevará a cabo el conteo de votos, Voatz, no funciona en sistemas operativos inferiores a Android 8.0 o iOS 12.4.0, lo que implica que los usuarios deben contar con un equipo relativamente reciente.
Al respecto, Graterón reconoció que «están al tanto de la situación» y plantean como medida paliativa el habilitar puntos itinerantes administrados por ciudadanos comunes, en los que las personas que se acerquen recibirían asistencia técnica o acceso a equipos que sí soporten la aplicación.
Ninguno de los entrevistados por Crónica Uno ofreció detalles acerca de cómo evitarían la aglomeración de personas o cómo implementarán las medidas biosanitarias recomendadas por las autoridades para evitar los contagios de COVID-19.
De su lado, Horacio Medina, otro de los miembros del Comité Organizador de la «consulta popular» aseguró, sin especificar la fuente en la que se basó, que el 50% de los teléfonos celulares en el país no soportaba la aplicación.
En un intento por ofrecer confianza, Medina dijo que habían impuesto «un límite de participaciones a los dispositivos para evitar fraudes», excepción hecha de «los dispositivos que estarán registrados para los puntos itinerantes», que «podrán funcionar sin límite de participación», dijo Medina.
Empero, tampoco especificó cuál sería el límite impuesto a los dispositivos ordinarios, de manera tal que, en la práctica, no hay manera de garantizar que las personas participen una única vez.
Para añadir todavía más opacidad, especificó que «toda la información –de la que dijo que era 99,99% segura– se guardará en la nube (servidores) de forma encriptada y respaldada por la tecnología blockchain para su protección. No hay forma de que puedan acceder a la información de los participantes, además una vez haya finalizado el proceso esa información será auditada y luego destruida» y justificó la falta de transparencia, aduciendo que el Gobierno venezolano tomaría «retaliaciones» contra los participantes.
(LaIguana.TV)
