En Desde Donde Sea, el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela analizó las implicaciones de las medidas adoptadas por el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, para poner fin a la ola de protestas que sacude al país tras la aprobación de una cuestionable ley de presupuesto el pasado martes, entre las que se incluiría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Tras la jornada del 21 de noviembre, en la que la sede del Congreso fue incendiada por un grupo de manifestantes, voceros del ejecutivo informaron 24 horas más tarde que «dados los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días, el presidente Giammattei invocará la aplicación en el país de la Carta Democrática Interamericana» (CDI, por sus siglas), mencionó el experto.
Pérez Pirela explicó que el instrumento, que fue aprobado en 2001 en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), para, según ellos, «restablecer el orden democrático en situaciones que lo ameriten».
Entre los mecanismos que prevé la CDI para «restablecer el orden democrático», precisó, está «la intervención armada extranjera en el territorio donde se aplica».
A su parecer, el mensaje que está dando el gobierno a los guatemaltecos es que si insisten en protestar, estaría dispuesto a abrir la posibilidad de que algún ejército extranjero –el de Estados Unidos– intervenga militarmente en el país.
Adicionalmente, Giammattei le solicitó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, «que apoye un diálogo con todas las fuerzas políticas de Guatemala que permitan superar la crisis».
En virtud de los antecedentes del organismo, el también director de LaIguana.TV desconfía de las actuaciones de la OEA y de su secretario general, cuando una nación vive una crisis política, pues en Bolivia, por ejemplo, ello derivó en un golpe de Estado en contra del gobierno encabezado por Evo Morales y la posterior instalación de un régimen de facto.
Sin embargo, ni Almagro ni la OEA parecen estar interesados en mediar, pues aunque la magnitud de la crisis salta a la vista, en la respuesta que le ofrecieran al Ejecutivo de Guatemala, exigieron que tanto el gobierno como el Congreso debían garantizar que en el presupuesto de 2021 privaran la «transparencia», la «rendición de cuentas y los más altos estándares de lucha contra la corrupción».
Dentro de Guatemala, el Grupo de Donantes G-13 reaccionó a las propuestas de Giammattei, exhortando al gobierno a investigar los sucesos del 21 de noviembre y «responsabilizar a los culpables de la generación de violencia y uso excesivo de la fuerza», finalizó el analista.
(LaIguana.TV)
