De acuerdo con una pesquisa publicada por La Tabla, portal venezolano dedicado al periodismo de investigación, Tenor Capital, un fondo de capital de riesgo asentado en la ciudad de Nueva York, está tras el proceso de liquidación de Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos, que está controlada desde 2019 por pseudofuncionarios usurpadores, designados por el exdiputado Juan Guaidó, con la venia de Washington.

Detalla el medio que este fondo de capital de riesgo fundado en 2004, es la entidad encargada de conducir los procesos judiciales de la extinta Crystallex en contra del Estado venezolano, con los que se pretende cumplir con el dictamen de un laudo gestionado por una instancia adscrita al Banco Mundial en 2016, en el que se obligó a pagar al país 1.400 millones de dólares como compensación por una inexistente expropiación-nacionalización.

En 2010, el gobierno del presidente Hugo Chávez decidió revocar el contrato de explotación aurífera que tenía la minera en el sector Las Claritas (Bolívar), debido a que la compañía canadiense incumplió con las normativas venezolanas en materia ambiental y laboral.

La Tabla asegura que Crystallex es una empresa de papel, pues Tenor Capital adquirió los documentos judiciales que soportan las querellas interpuestas contra Venezuela «por solo 36 millones de dólares» y estima que «el 70% de lo obtenido» provendrá «del fondo Tenor Capital».

Crunchbase, una página estadounidense que compila perfiles empresariales, recoge que «Tenor Capital Management Company es una firma de servicios financieros que se especializa en servicios de arbitraje convertible», mientras que Bloomberg la presenta como una «empresa de gestión de inversiones», que «ofrece servicios de administración de patrimonio, estrategias de inversión, planificación financiera, consultoría y asesoría» en el estado de Nueva York, sin mencionar su función principal.

A este respecto, La Tabla puntualiza que la compañía financiera que pretende cobrar una deuda con el Estado venezolano usando como fachada la desaparecida minera Crystallex, «administra más de 3.000 millones de dólares y su negocio bandera es la gestión de arbitraje, es decir, el impulso de demandas legales contra los Estados en nombre de compañías fallidas ante instancias internacionales».

Estos fondos de capital de riesgo, recuerda esta fuente, funcionan como una especie de «vehículo» que transporta fondos, sin que se haga pública la identidad del inversor. La opacidad que caracteriza sus transacciones, los hace ideales para servir de soporte en el expolio de activos de la nación que adelanta el Proyecto Guaidó desde 2019.

En el caso de Crystallex contra Citgo y PDVSA Holding se alude a una inexistente deuda generada por la expropiación de la minera que habría contraído el Estado venezolano, en lugar de indicar que el contrato de explotación aurífera le fue rescindido a esa empresa por incumplimiento de algunas cláusulas.

Con base en ese argumento falso, Leonard Stark, juez federal del estado de Delaware, ignoró las mociones de PDVSA Holding, Venezuela y la propia Citgo Petroleum y el pasado 14 de enero autorizó su venta para «indemnizar» a Crystallex, es decir, a Tenor Capital.

(LaIguana.TV)

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