El Gobierno de Venezuela rechazó este sábado 16 de enero la reciente decisión del juez de Delaware, Estados Unidos, Leonard Stark, quien volvió a autorizar que se proceda con la venta de las acciones de la refinería venezolana Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en suelo estadounidense, para supuestamente hacer la «indemnización a la empresa canadiense Crystallex».
A través de un comunicado leído en una rueda de prensa por el canciller Jorge Arreaza, el Ejecutivo nacional denunció que detrás de esta acción está la Administración saliente de Donald Trump en complicidad con extremistas venezolanos, quienes “han cometido delitos trasnacionales con el fin de apropiarse de activos del país en todo el mundo”.
“Esta sentencia confirma que las relaciones internacionales de esta Administración las impulsa el odio, el saqueo, la venganza, el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público. Es el reparto del botín a última hora de ese gobierno con la complicidad con sus fracasados títeres locales para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos”, dijo.
En el documento se destaca que la apropiación ilegítima e ilícita de Citgo ha sido fraguada bajo la instrucción del militante opositor Juan Guaidó y ejecutada por José Ignacio Hernández, ambos señalados por las autoridades por expoliar los recursos y el patrimonio de Venezuela en el exterior.
“La República Bolivariana de Venezuela jamás renunciará a sus derechos e intereses en las instancias que corresponda, en aras de preservar el patrimonio cuyo único propietario es el pueblo venezolano”, señala parte del citado documento.
Fraudulento
Así mismo el canciller calificó la autorización de venta de Citgo como “un proceso jurídico fraudulento, un fraude procesal”.
Destacó que la intención de dicha decisión es “arrebatarle al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela el principal activo que tiene en el exterior”.
Cabe recordar que el juez Stark autorizó nuevamente la venta de las acciones de Citgo para, supuestamente, indemnizar a la empresa canadiense Crystallex, a quien en el año 2008 el entonces presidente Hugo Chávez revocó a esta empresa el permiso de explotación de la mina de oro Las Cristinas, ubicada en el estado Bolívar.
José Ignacio Hernández, quien usurpó funciones del Contralor General de la República en el autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó, fue quien presentó los argumentos de reclamación de la compañía canadiense para que esta reciba a Citgo como parte de pago.
(LaIguana.TV)
