El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue), Gerard Hogan, emitió este miércoles 20 de enero unas declaraciones no vinculantes en la que indica que el Tribunal General del bloque europeo «cometió un error de derecho», cuando rechazó una apelación presentada por el Gobierno de Venezuela, luego que le impusiera una serie de medidas coercitivas o mal llamadas «sanciones« que fueron ejecutadas por el Consejo Europeo.

Por esta razón, Hogan indicó que al haberse cometido este error de derecho se debe dar un paso atrás en el caso, y permitirle a Venezuela el derecho a su legítima defensa y de esa manera retornar la apelación a la mencionada corte.

La opinión del Abogado General del Tjue se refiere a un fallo del Tribunal General de la UE de 2019, en el que se desestimó una apelación presentada por Venezuela contra las sanciones adoptadas por el Consejo Europeo dos años antes, por considerar que el país no podía ser considerado una persona jurídica.

Para Hogan, los responsables venezolanos tenían y tienen toda la legitimidad para presentar la apelación y solicitar el cancelamiento de las medidas restrictivas diseñadas para afectar al país y a su población.

En su opinión legal, Hogan propuso al Tjue «que declare que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el recurso sometido a su conocimiento era inadmisible por carecer Venezuela de legitimación activa».

También sugiere «que se devuelva el asunto al Tribunal General para que éste se pronuncie sobre todas las cuestiones pendientes relativas a la admisibilidad suscitadas en el recurso de anulación que interpuso Venezuela, así como sobre las cuestiones de fondo».

A pesar que las conclusiones de Hogan no resultan vinculantes para el Tjue, en general las sentencias definitivas pronunciadas seguidamente por esa instancia siguen la dirección indicada por el Abogado General.

En una nota de prensa, el TJUE añadió que los jueces «comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto» y que «la sentencia se dictará en un momento posterior».

En noviembre de 2020 la UE extendió por un año la aplicación de «sanciones» originalmente adoptadas en 2017 con el argumento «de la continuada crisis política, económica, social y humanitaria», medidas que Venezuela considera «criminales».

(LaIguana.TV)

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