Este lunes 8 de febrero el presidente de Colombia, Iván Duque, dictó un decreto de protección que supuestamente «favorecerá a más de 1 millón 700 mil venezolanos» que viven en ese país. Se trata del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV), una medida que en sí misma no cambiaría en nada el sufrimiento de los venezolanos que decidieron ir a vivir al territorio colombiano, pues no condena la xenofobia ni brinda mejores oportunidades de empleo ni condiciones laborales que ofrezcan una mejor calidad de vida.
Tras el anuncio, el medio web Noticiero Digital (ND) publicó una entrevista realizada a una venezolana identificada como «Isabel», quien dio su testimonio sobre lo que le ha tocado vivir y sufrir a su familia en territorio neogranadino, experiencias que la han llevado a tomar la decisión de irse lo más pronto posible de Colombia, pues es un país con una crisis profunda no solo en lo político, sino también en lo social, económico y de valores, que se traduce en masacres, muertes violentas, sicariatos, paramilitarismo, narcotráfico, prostitución, miseria, desigualdad, xenofobia, entre otras barbaridades.
En la publicación de ND se indica que contactaron a Isabel, una venezolana que nació en Guatire y que en 2017 decidió irse a probar suerte a Colombia junto a su esposo e hija.
Contó que debido a la pandemia, tuvo que dejar el trabajo que tenía en una agencia de festejos para dedicarse a cuidar a su hija que ahora tiene 6 años. Esto ha hecho que la familia no tenga el mismo nivel de ingresos que tenía hace 1 año y que estén pensando en ir a otro país o devolverse a Venezuela.
«Mi esposo gana dependiendo lo que haga en el día, él es domiciliario Rappi (trabajo de entrega a domicilio o delivery) y esa empresa está cada vez pagando peor, (de hecho ayer estuvieron de paro por la misma razón). Puede ganar de 30 mil a 90 mil pesos diarios, depende del día, de cómo estén los pagos para ese momento», dijo Isabel.
Al cambio, esos 30 mil pesos se convierten en 10 dólares, lo que en promedio Isabel y su esposo Miguel tendrían entre 200 a 600 dólares mensuales. Con estos ingresos, la mujer de 27 años aseguró que «viven bien», pero para obtenerlos no pueden descansar ni un día.
«Colombia está cada vez peor, vivimos al día, comida al día, el arriendo al día, todos bien pero el problema radica en que no puedes dejar de trabajar ni un día. Mi esposo está agotado, está cansado y yo no he podido trabajar desde que empezó la pandemia porque las guarderías son muy costosas y no tengo quien me cuide a mi bebé. Además, no pensamos en dejarla con desconocidos porque nos da pánico que la maltraten o que le pueda pasar algo», confesó.
Añade que «en Colombia se nos ha hecho complicado, y estamos analizando si es mejor irnos a otro país, que también sabemos que está difícil porque nos han cerrado las puertas con la petición de visas. También hemos pensando en volver a Venezuela. Pero, estamos cansados de sentirnos impotentes. Creo que Colombia ya nos dio lo que nos tenía que dar».
Sobre la reciente medida de Duque, Isabel considera que solo podría ayudar, en el mejor de los casos, a los extranjeros que están en las calles o quienes no tienen permiso para trabajar, pero eso no acabará con la xenofobia ni cambiará la economía.
«Sé que no será este año o el que viene, pero creo que llegó el momento de tomar una decisión porque en este país la xenofobia cada día es más arrecha. Estamos cómodos, tenemos nuestras cositas y hasta ahora no nos hemos acostado sin comer, pero es muy difícil conseguir trabajo y no podemos dejar de trabajar ni un solo día», recalcó.
¿Qué promete el ETPV?
Según el régimen colombiano, el ETPV es un mecanismo jurídico de protección temporal que está dirigido a la población migrante venezolana y tiene como objetivo otorgar a los migrantes la regularización temporal.
Según la administración de Duque, a través de este estatuto se abrirá la oferta de servicios del Estado y la efectiva integración socioeconómica de los migrantes.
El decreto dice que con el EPTV los migrantes podrán permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especiales por un término de vigencia de 10 años, que podría extenderse. Además, podrán ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas las que se derivan de vinculación o contrato laboral.
También, añade, podrán acreditar su permanencia en el país si desean aplicar para una Visa de Residente.
Este estatuto aplica tanto para los migrantes regulares que ya son titulares del Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), del Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente. Aquellos migrantes que se encontraban en situación irregular hasta el 31 de enero de 2021.
(LaIguana.TV)
