El 27 de febrero de 1989 estalló en Guarenas, estado Miranda, una rebelión popular contra “el paquetazo” impuesto por Carlos Andrés Pérez, medidas neoliberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tales decisiones implicaron el aumento de pasaje, la liberación de precios de productos de primera necesidad, la privatización de empresas del Estado, el congelamiento de sueldos y salarios, y el endeudamiento del país.
De esta explosión popular, 30 años después, se desconoce la cifra exacta de muertos, heridos y desaparecidos.
Ese estallido social espontáneo, denominado “El Caracazo”, se extendió a las principales ciudades del país, como La Guaira (Vargas), Maracay (Aragua), Valencia (Carabobo), Barquisimeto (Lara), Mérida (Mérida), Maracaibo (Zulia), San Cristóbal (Táchira), Puerto La Cruz y Anaco (Anzoátegui), Cumaná (Sucre), Barinas (Barinas) y Ciudad Guayana (Bolívar).
Con “El Caracazo” o “Sacudón”, como también se le llamó, fue el día en que el pueblo “bajó de los cerros”; se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca.
Para la época el 62 % de la población de Venezuela estaba sumida en la pobreza.
A ese estallido social el comandante Hugo Chávez lo calificó el 27 de febrero del año 2010 como «la chispa que encendió el motor de la Revolución Bolivariana”.
La burguesía no debe olvidar que una de las causas de El Caracazo fue “el incremento de la pobreza producto del neoliberalismo que anda aspirando volver a Venezuela”, destacó en esa oportunidad.
En 1998, un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre, ordenó al Estado venezolano indemnizar solamente a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, señala una nota de teleSUR.
Al llegar a la Presidencia de la República, el comandante Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006 a través del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
(VTV)
