La situación carcelaria en Ecuador es similar a la de muchos países latinoamericanos. Sin embargo, no en todos hay 81 muertos por degollamientos, ahorcamientos y desmembramientos con sierras eléctricas en un solo día. Algunos criminólogos creen que se debe a la connivencia entre el Estado y criminales; otros a la irresponsabilidad estatal.

Las cárceles en el mundo son un reflejo de las buenas y malas políticas de seguridad de los Gobiernos. En Latinoamérica están sobrepobladas, muchas ni siquiera tienen acceso al agua, saneamiento o luz, están en pésimas condiciones y con ratas.

No obstante, cientos de miles de personas son recluidas allí. El panorama siempre trágico de las cárceles se mantiene en las sombras hasta que, de tanto en tanto, cobra notoriedad pública porque es necesario actualizar el número de personas que han muerto allí dentro.

Ahora también hay que contar nuevos muertos, esta vez en las cárceles de Ecuador. En los últimos dos años hubo masacres que terminaron con hasta 33 presos muertos, pero hasta ahora no en simultáneo en cuatro cárceles del país con 81 brutales asesinatos. Una cifra que supera a todos los muertos registrados en 2020 en las 48 prisiones del país.

Los presos incluso llegaron a publicar vídeos en internet casi al instante de los degollamientos, ahorcamientos y desmembramientos con sierras eléctricas. Las fotos de cuerpos decapitados y desmembrados pronto se hicieron virales.

Las cárceles «llevan ya un proceso de crisis que de pronto lo que vivimos ahorita es el punto de inflexión más alto, como la gota que derramó el vaso», dijo a Sputnik Daniel Ponton Cevallos, profesor ecuatoriano del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, experto en seguridad.

«Creo que definitivamente hay un antes y un después» de las masacres, opinó Pontón Cevallos.

¿Por qué hay una crisis en las cárceles de Ecuador?

El martes 23 de febrero Ecuador vivió su peor crisis carcelaria cuando 81 reclusos fueron asesinados en dos penitenciarías del puerto de Guayaquil (suroeste), una de Cuenca (sur) y en Latacunga (centro). Esas cárceles son las principales del país y concentran el 70% de la población penitenciaria (38.000 a nivel nacional).

La Policía decidió enfrentar la crisis movilizando 8.000 agentes para intentar apaciguar la situación. La Fiscalía de Ecuador informó que un equipo dirigido por el coordinador de la Unidad de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional estará a cargo de investigar y tramitar las causas por los motines en las cuatro prisiones. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, incluso dijo que pediría ayuda internacional.

No obstante, las acciones del Gobierno no fueron suficientes para apaciguar al parlamento. La Asamblea Nacional igualmente exigió a Moreno la destitución de tres altos funcionarios por su responsabilidad en los motines: la del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo; y la de Johana Pesántez, presidenta del Organismo Técnico de Rehabilitación Social.

Por su parte, el Gobierno alega que en los últimos años Ecuador se ha convertido en la autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa —así lo evidencian los análisis de investigadores especializados como InSight Crime—, y que las masacres se explican por el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

«Fuerzas oscuras amenazan nuestra convivencia. Eso no se puede permitir, eso no lo vamos a permitir. La estrategia de los criminales es generar caos para alcanzar sus fines. El gobierno seguirá dando la batalla contra el narcotráfico hasta el último día de mi Gobierno», dijo en un videocomunicado difundido por Presidencia.

Para el presidente Moreno, «no es casual que estuviera organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y tráfico de drogas en el territorio nacional».

Según los medios ecuatorianos, cinco bandas criminales están detrás de los sangrientos sucesos del martes 23 de febrero: Los Pipos, Los Lobos, Los Chone Killers, Los Tiguerones y Los Choneros; un grupo con influencia nacional que controla las rutas de narcotráfico entre los puertos del Pacífico de Colombia y Ecuador, y tiene una fuerte presencia dentro de las principales cárceles del país, según InSight Crime.

Todas estas pandillas se habían unido en una guerra territorial dentro y fuera de la cárcel contra otra banda, Los Lagartos. Pero según los análisis policíacos, desde diciembre de 2019 las bandas se disputan el liderazgo vacante tras la muerte del líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, que había sido liberado de prisión sólo seis meses antes.

«Esperábamos una reacción inmediata luego del asesinato de ‘Rasquiña’, pero se demoró», dijo Moncayo, director del SNAI. El ministro de Gobierno, Pazmiño, realizó declaraciones en la misma línea, denunció «una acción concertada de organizaciones criminales».

Pero no todos piensan igual al Gobierno. Según dijo a Sputnik el criminólogo ecuatoriano Jorge Vicente Paladines, miembro de la facultad en la Universidad Andina Simón Bolívar UASB y el IAEN, detrás de las masacres carcelarias hay, sobre todo, una mala gestión penitenciaria, pésimas condiciones de reclusión, connivencia de bandas criminales y la Policía, y crimen organizado.

Para Cevallos Pontón se trata de «los clásicos problemas que acarrea el sistema penitenciario alrededor del tema de de corrupción, de hacinamiento, violencias alrededor de la vida de las personas privadas de libertad».

Cuatro explicaciones detrás de las masacres

Política carcelaria

«El problema carcelario tiene graves implicaciones y es diverso en sus manifestaciones. Las crisis las resolvemos temporalmente con enormes esfuerzos y sacrificios», dijo Moncayo en alusión a los estados de excepción que Moreno ordenó en 2019 y 2020 para las cárceles, y que implicaron la movilización de militares a las prisiones.

Pero en octubre de 2020, la Corte Constitucional prohibió seguir recurriendo a este recurso para enfrentar la crisis carcelaria, y ordenó elaborar un plan que, según Moncayo, no ha podido ser implementado por falta de recursos.

Como parte de los planes de austeridad acordados con el Fondo Monetario Internacional, el sistema penitenciario también se vio afectado por los recortes que en su momento generaron una ola de protestas en 2019.

En junio de 2019 el Gobierno aprobó el llamado Proyecto de Transformación del Sistema de Rehabilitación Social, que requería una inversión de 38,8 millones de dólares, pero según reportó Primicias, los primeros 1,7 millones se gastaron en 2019, y otros 18,1 millones debieron usarse en 2020. Sin embargo, entre febrero y mayo de ese año, el ministerio de Finanzas ejecutó tres recortes al programa por más del 70%. El presupuesto quedó en 1,8 millones.

Paladines también denuncia un «desmantelamiento» de las instituciones que el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) había buscado fortalecer para gestionar la prisionalización:

1.Se quitaron las políticas sociales que acompañaban las políticas penitenciarias, y según Paladines la crisis carcelaria está ligada con el «desmantelamiento del Estado social». «La base social del crimen organizado son personas que pertenecen a estratos socioeconómicamente vulnerables», explicó.

2.Hubo un alto en el proceso de descarcelación —vale recordar que en 2017 excarceló a unas 2.300 personas condenadas por contrabandear droga como mulas del narcotráfico—.

3.El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que coordinaba la política criminal del país, fue convertido en una Secretaría en 2018.

Otro de los problemas señalados por Paladines refiere a la gestión policial de las cárceles, desde una perspectiva de seguridad pese a que «debió ser siempre con un enfoque social, de trabajo social». «Si bien formalmente la cárcel no está administrada ni forma parte de las atribuciones de la Policía, los administradores de la cárcel, los subdirectores, director de la SNAI y el mismo ministro de Gobierno, son policías», comentó.

Condiciones de reclusión

El aumento del narcotráfico también se ha traducido en un aumento de la población carcelaria de Ecuador, pero el crecimiento no se ha correspondido con mayores plazas penitenciarias ni una mejoría de las condiciones de reclusión ni en las capacidades de supervisión y vigilancia.

El déficit en el personal encargado de garantizar la seguridad de las prisiones es del 70%

Hay aproximadamente 1.500 agentes de seguridad penitenciaria, y sólo 62 trabajadores sociales.

Hay más de 38.000 personas encarceladas, pero plazas en las cárceles para 27.000, lo que representa un hacinamiento del 40%.

Las condiciones de reclusión son infrahumanas, cuestión que es denunciada por organizaciones sociales locales e internacional y por los propios reclusos.

Crimen organizado

En la última década ha proliferado la industria del narcotráfico en Ecuador. «Se habla de 17 bandas criminales aproximadamente, y entre ellas una especie de alianza», indicó Paladines.

«Habría una disputa de las rutas del narcotráfico que llevarían o empujarán a habitantes muy vulnerables de la costa y del Pacífico ecuatoriano, colombiano, panameño a trabajar o a ser seducidos, en este caso, para el trabajo con las organizaciones criminales», explicó Palandines.

A su vez, destaca que «el carnaval de violencia» que demostraron las pandillas de Ecuador son fiel reflejo del modus operandi de las organizaciones criminales mexicanas y colombianas, y del paramilitarismo.

«Esa forma de presentar cabezas y corazones en las manos de los asesinos parecería portar un mensaje. Y el mensaje es [mostrar] quiénes tienen el poder y generar miedo, no sólo en la sociedad, sino en el Estado. Doblegar la moral y la ética del Estado», aseguró.

Connivencia entre el Gobierno y los criminales

El 26 de febrero José Serrano, exministro del Interior entre 2011 y 2016 y asambleísta por Alianza PAIS, denunció en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado del parlamento que hubo 40 alertas de riesgo de que se estaba gestando una masacre y que el Gobierno «no hizo absolutamente nada».

En los meses anteriores Serrano también denunció públicamente que la Policía pactó con Los Choneros la liberación de alias Rasquiña a cambio de que se encargaran de pacificar a las demás organizaciones criminales en las cárceles, y de información sobre los líderes criminales para poder encarcelarlos.

Pero según Paladines las alertas no fueron las únicas advertencias que recibió el Estado. Al momento de los asesinatos, una funcionaria de la cárcel de Cuenca —donde hubo más desmembramientos— pidió que se desconectara la electricidad para evitar más asesinatos.

«En las cárceles regionales hay talleres de carpintería, y en los talleres de carpintería hay sierras. Ella pedía gritos que apaguen la luz, porque se escuchaban gritos y sabía que se estaban descuartizando a personas dentro de la cárcel. Pero nadie le prestaba atención. Ella en reiteradas ocasiones repite: ‘la Policía no hizo nada'».

Según Paladines, sus denuncias «dejaría entrever (…) que el Estado haría parte de un pacto con organizaciones criminales. Y esto es alarmantemente preocupante».

El criminólogo se pregunta cuál fue el rol del Estado en los últimos asesinatos: «¿Por qué el estado no impidió inmediatamente que se sigan produciendo las masacres? El sábado 27 la noticia es que la Policía estaba entrando con una gran cantidad de personal, cinco días después de la masacre», reflexiona.

«Esto despierta muchas dudas que tienen que ser seriamente investigadas en cuanto al papel de la administración carcelaria, las agencias de seguridad, para prevenir y evitar que estas masacres se hayan producido», agregó.

«La respuesta de un Estado social y democrático es precisamente superar esas brechas sociales, quitarle la base social al narcotráfico, al crimen organizado, y no caer en esta trampa de creer que los estados autoritarios casi fascistas van a generar una salida manodurista a este problema», opinó Paladines.

Pontón Cevallos no saca las mismas conclusiones que Paladines. Él está «convencido» de que «la forma de operar del narcotráfico en cualquier parte del mundo, sobre toda América Latina, tiene un alto nivel de corresponsabilidad con el Estado». Pero advierte que no quiere entrar en «una suerte de teoría de la conspiración» porque no hay «evidencias que permitan afirmar [que hay un pacto] desde un punto de vista más analítico, conceptual».

(Sputnik)

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