El informe preliminar de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para investigar las acciones perpetradas contra la República dictaminó que un grupo de parlamentarios del quinquenio 2016-2021 del Parlamento “usurpó funciones, conspiró, traicionó y se asoció para delinquir contra la patria”.
Los 28 diputados de la Comisión Especial destacan que durante la gestión pasada de la AN, éstos diputados utilizaron su investidura para la destrucción del país aliándose a un entramado de corrupción apoyado internacionalmente, por ello el informe preliminar de la investigación, presentado en la plenaria del 04 de marzo, señala que no hay precedente histórico comparable a estos hechos en nuestra historia republicana.
En este sentido, precisa en sus investigaciones la recopilación de testimonios, documentos, hechos y declaraciones públicas del ejercicio legislativo 2015-2021 en la que refieren que fueron ejecutados 177 actos legislativos para propiciar un cambio de Gobierno, los cuales causaron un daño al estado de bienestar social de la población
Sobre esta base se establecen responsabilidades políticas, administrativas y penales que serán aportadas a los órganos competentes del Estado, además se cuantificaron los daños materiales, patrimoniales, políticos, sociales, económicos y morales entre las que destacan:
Autoproclamación, injerencia y trama corrupta
La Comisión Especial de la AN, dirigida por el diputado José Brito, detalla en su informe como un acto sin precedentes y violatorio de la Constitución el establecimiento de un gobierno paralelo de autoproclamación para derrocar al Presidente actualmente legítimo.
“Designaron una junta administradora ad-hoc para Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Pequiven y su filial Monómeros Colombo Venezolanos, igualmente en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el Banco Central de Venezuela (BCV), con el objetivo de apropiarse de los activos y fondos de Venezuela en el exterior, depositadas en bancos extranjeros” refiere parte del documento.
Estos actos, estuvieron destinados a subvertir el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, destruir el sistema de Gobierno Republicano y debilitar la economía.
Derechos humanos vulnerados
Igualmente, resalta cómo el bloqueo económico produjo la imposibilidad del Estado de importar alimentos, medicinas e insumos para los servicios de salud; así como el impedimento para obtener divisas, con efectos en el sistema productivo, afectando el empleo y otros derechos fundamentales como el de la alimentación, salud, educación y vivienda.
Continúa la flagrancia
La comisión denuncia en su informe que los hechos que contribuyen de manera consecutiva al daño patrimonial de la República continúan en progreso y sigue en ejecución la flagrancia persistente de actos inconstitucionales, “ante la situación exhortan a la Fiscalía General y Contraloría General de la República a tomar las medidas urgentes para evitar que se sigan cometiendo los actos de usurpación de las funciones de la AN y demás Poderes Públicos”.
Finalmente, la Comisión Especial cumple una prórroga de 45 días, otorgada por la plenaria el 4 de marzo, para concluir sus investigaciones y ha solicitado la comparecencia de 55 ciudadanos involucrados en los hechos irregulares, por lo que solicitan que se hagan “públicos los resultados de la investigación para que Venezuela y el mundo conozcan la verdadera causa de la situación económica y fiscal de la República, para determinar responsabilidades ante la justicia”, reseña una nota de prensa de la AN.
(VTV)
