El incremento de la violencia está generando nuevos desplazamientos forzados de campesinos, comunidades negras e indígenas en al menos 10 de los 32 departamentos de Colombia, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La escasa presencia estatal, que mantiene desprotegida a la población, y las dificultades para acceder a la atención médica y humanitaria, se exacerbaron con la pandemia. Las comunidades quedaron más alejadas del contacto estatal y en muchos municipios los violentos impusieron sus propias reglas anti-Covid a través de panfletos, con la excusa de cuidar a los pobladores del virus.

«Quien se contagie, lo matan por no hacer caso. Por eso la gente cuando se siente enferma se aisla sin ir al hospital”, nos cuenta una líder social que prefiere no revelar su nombre, pues está amenazada en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, en el noroccidente colombiano. Por eso el municipio no ha podido contabilizar una cifra oficial de contagios, precisamente por el miedo, dice la lideresa que dejó su activismo para proteger a su familia. «Entonces a uno le da una gripe y uno se queda encerrado en la casa, uno no sale, ni le cuenta a nadie, porque imagínese”, puntualiza.

Para Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, generar miedo a través de panfletos y amenazas le permite a los actores armados ilegales ejercer poder y control sobre la población. Antes del COVID-19, los criminales podían pasar más inadvertidos y camuflados entre la comunidad. «Para mantener su movimiento y control, se vuelven más agresivos”, comenta González, quien habla también del reclutamiento forzado como un arma intimidatoria.

Precisamente, el reclutamiento forzado es unos de los flagelos que genera mucho temor en las comunidades indígenas. De hecho es uno de los factores que produce su desplazamiento.

Líderes sociales amenazados

Un gobernador indígena dijo por teléfono que por primera vez fueron obligados a abandonar su resguardo. «Nos llamó un señor por teléfono y nos dijo que nos teníamos que desplazar en 24 horas, que nos fuéramos, sin explicar por qué”, comenta el líder, quien pidió reservar su identidad y su ubicación por miedo a que lo asesinen o le recluten a sus niños y jóvenes. Su territorio está en medio de cruentas disputas por el control de los espacios abandonados por la guerrilla de las FARC, tras el acuerdo de paz en 2016.

El Comité Internacional de la Cruz Roja asegura que más de la mitad de los departamentos colombianos sufrieron el impacto de varias consecuencias humanitarias de manera simultánea durante la pandemia. El riesgo y la presión sobre la población civil aumentó en regiones vulnerables como en Córdoba y Bolívar, departamentos en el norte del país.

Allí trabajaba Adil Meléndez, miembro de la Corporación de la Agencia Nacional Étnica y defensor de los derechos humanos, quien da cuenta de ese recrudecimiento de la violencia con el incremento de grupos al servicio del narcotráfico y disidencias de las FARC. Este líder social no ha podido retomar su trabajo con las comunidades de esa región norteña, por miedo a ser asesinado. «Hay que pedir permiso y si no eres bien visto por ellos, y vas, te matan”, asegura Meléndez.

Por su parte, el gobierno nacional lanzó un nuevo grupo élite, llamado Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, con el propósito de golpear a las organizaciones narcotraficantes y terroristas. También espera retomar la polémica aspersión aérea con glifosato contra los cultivos ilícitos, materia prima de la cocaína, argumentando que es la mejor estrategia para debilitar a los narcotraficantes.

La débil presencia de las instituciones del Estado, sumada «a los efectos de la pandemia y al deterioro de la situación humanitaria, crea un contexto difícil para las condiciones de vida y de seguridad de la población civil”, señaló el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia.

(DW)

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