Un juez estadounidense ratificó una sentencia que obliga al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada a pagar una indemnización de 10 millones de dólares por una masacre de opositores ocurrida en 2003, informó uno de los abogados que patrocinó la causa.

«Hoy los bolivianos hicieron historia, un juez estadounidense confirmó un veredicto de 10 millones de dólares contra el expresidente Sánchez de Lozada por las víctimas del Octubre Negro. ¡Jallalla Bolivia!», dice el mensaje publicado por el abogado Thomas Becker en su cuenta de Twitter.

La sentencia quedó confirmada después de que un tribunal de Florida (EEUU, sureste) rechazara una segunda apelación de Sánchez de Lozada y de su exministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín, señaló el abogado de las víctimas de la masacre en un reporte adosado a su tuit.

El exgobernante neoliberal, que renunció en octubre de 2003 tras la muerte de más de 60 vecinos de El Alto y campesinos reprimidos a bala por militares, está refugiado desde entonces en Estados Unidos, junto con Sánchez Berzín y otros excolaboradores.

La sentencia original, dictada en 2018 por un jurado de Florida que halló responsables a los ex gobernantes bolivianos en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA), fue anulada por el juez que condujo ese proceso arguyendo supuesta falta de pruebas, lo que devino en un largo ciclo de apelaciones.

Becker apuntó que, devuelto el caso al tribunal original, los acusados demandaron de nuevo una anulación, pero el juez decidió el lunes 5 confirmar la decisión del jurado.

«El juicio marcó la primera vez en la historia estadounidense que un ex jefe de Estado se tuvo que enfrentar a sus acusadores en un juicio de derechos humanos en Estados Unidos», destacó Becker.

Agregó que la confirmación de la sentencia «envía un mensaje importante: que los gobernantes que cometan abusos de derechos humanos tendrán que rendir cuentas».

El caso fue presentado por los familiares de ocho personas asesinadas durante la masacre, entre ellas una niña y una mujer embarazada, recordó el letrado, vinculado a la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

Becker colaboró en el caso con el Centro de Derechos Constitucionales y dos bufetes deabogados estadounidenses.

(Sputnik)

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