Las principales organizaciones sindicales de Colombia ratificaron que el venidero 28 de abril, sus afiliados protagonizarán un paro nacional en rechazo a la reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque ante el Congreso bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible.
 
El Comando Nacional Unitario, que aglutina a las centrales de trabajadores más importantes, bautizó la iniciativa gubernamental como «el paquetazo de Duque» y reiteró el llamado a paro nacional que hiciera el pasado 5 de abril, cuando aún no había sido presentada formalmente.
 
El proyecto legislativo, cuyo contenido fue difundido por el Ministerio de Hacienda el 15 de abril, contempla, entre otros aspectos, el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la ampliación de la base de contribuyentes, bajo el alegato de que los recursos captados por esta vía –que se estiman en el orden de los 6.800 millones de dólares–, servirán para aliviar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. 
 
La Central Unitaria de Trabajadores (CTU) publicó en su cuenta de Twitter 10 razones para rechazar «el paquetazo» promovido desde el Palacio de Nariño, entre los que resaltan que la pretendida razón social tras el proyecto es una falsía, que el IVA sobre los combustibles y servicios «es otro atraco a los colombianos» o que la ampliación de la base impositiva, medida que afecta a las personas con menores ingresos «es un duro golpe contra los trabajadores».
 
En su descripción de causas para respaldar el paro del próximo miércoles, esta organización denunció que tras la Ley de Solidaridad Sostenible se encontraban los largos brazos del Fondo Monetario Internacional (FMI), las calificadoras de riesgo y la Organización para Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que serían estas las demandas y no las del pueblo colombiano las que Duque estaría procurando satisfacer. 
 
Según cifras del propio FMI, entre 2000 y 20019 todos los países de América Latina, exceptuando Venezuela, Guatemala y Cuba, habían suscrito cuantiosas deudas con el organismo y en 2020, el monto global de ese endeudamiento representaba aproximadamente el 80 % del Producto Interno Bruto de la región. 
 
Colombia, junto a Brasil, México, Chile y Perú, encabeza la lista de países más endeudados y estaría muy apurada en cumplir con las sugerencias que formulara el organismo para la reactivación de la golpeada economía latinoamericana, a saber: incentivar el reinicio de las operaciones comerciales y empresariales, fomentar la recuperación del empleo, impulsar la inversión pública y estimular el crecimiento económico, aunque la Ley de Solidaridad Sostenible apunte en dirección opuesta.
 
«El paquetazo de Duque» al descubierto
 
De acuerdo con una síntesis del proyecto de reforma tributaria elaborada por la agencia RT, de hacerse efectiva, los colombianos pertenecientes a los estratos económicos «más altos» tendrán que pagar 19% de IVA por los servicios de energía, gas doméstico y alcantarillado y el padrón de contribuyentes se ampliaría, a costa de la reducción del monto a partir del cual las personas están obligadas a declarar y cancelar impuestos. 
 
Por esto, en su trabajo precisan que aunque el salario mínimo en Colombia está fijado en unos 250 dólares mensuales, pero si se concreta la propuesta, quienes devenguen ingresos mensuales superiores a los 663 dólares –menos de tres salarios mínimos– tendrán que declarar impuesto sobre la renta en 2022 y en 2023 estarán obligados a hacerlo quienes reciban 470 o más dólares mensuales –menos de dos salarios mínimos–, pues estos estarán congelados hasta 2026, según la CTU. 
 
Además del impuesto sobre la renta, los ciudadanos que perciban ingresos mensuales superiores a 2.700 dólares mensuales tendrán que pagar una cuota tributaria extra.  
 
En contraste, aunque la iniciativa contempla un pechaje a la riqueza, los porcentajes impositivos dispuestos en este caso son proporcionalmente mucho menos lesivos sobre sus ingresos, que cuando se consideran los pagos de IVA e impuesto sobre la renta al que serán obligados los trabajadores ordinarios. 
 
Así, las personas con un patrimonio superior a «1,3 millones de dólares», pero inferior a 4 millones pagarían, «de manera extraordinaria, en 2022 y 2023», el 1 % de ese monto, mientras que los que acumulen una riqueza de cuatro o más millones de dólares deberán pagarle al fisco colombiano un monto equivalente al 2 %. 
 
El gobierno de Iván Duque defiende su proyecto tributario alegando que «con estas medidas la pobreza extrema bajará en 5,8 puntos porcentuales, lo que es rebatido por las centrales de trabajadores, que advierten que las condiciones de vida empeorarán para la mayoría de la población», sintetiza el portal ruso.
 
En una carta enviada al Congreso en la que exhorta a los parlamentarios a que aprueben con urgencia la Ley de Solidaridad Sostenible, el gobernante sostuvo que «la necesidad de optimizar la política fiscal se ha hecho ineludible e indispensable tras los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia ocasionada por el COVID-19, por lo que asegurar la sostenibilidad de las finanzas del Estado, en especial para permitir la permanencia y fortalecimiento del gasto social, en un ambiente de mayor deuda pública, es fundamental para volver a la senda de crecimiento económico y lograr alcanzar metas contundentes en reducción de la pobreza».
 
Empero, a pesar de que su retórica, como advirtiera la CTU, pueda estar revestida de un aparente interés social, los mecanismos que contempla la apuesta son eminentemente neoliberales y perjudicarían a la mayor parte de los colombianos y colombianas
 
(LaIguana.TV)
 

 

 
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