En esta edición de su programa Desde Donde Sea, el filósofo, comunicador y analista venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela abordó el endeudamiento de países de América Latina en el contexto de la pandemia.
Estos contratos, que no solamente han sido suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sino con otros países, contienen cláusulas que algunos podrían catalogar como inaceptables y que son, cuando menos, definitivamente perjudiciales para los prestatarios.
Antes de entrar en materia, ofreció un balance de los acontecimientos más recientes ocurridos en la frontera colombovenezolana, específicamente entre el estado Apure (Venezuela) y el departamento del Arauca (Colombia).
A este respecto, relató que la noche de este miércoles fallecieron dos suboficiales venezolanos a consecuencia de la detonación de una mina por parte de grupos irregulares en la localidad de El Ripial, nueve más resultaron heridos, nueve irregulares fueron abatidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros 91 fueron detenidos.
El escenario, reflexionó el experto, es similar al de una guerra, pues desde el inicio de las operaciones en la zona, los grupos paramilitares del vecino país han asesinado a cuatro soldados y el gobierno colombiano alienta la intervención extranjera, al tiempo que hace uso de operaciones mediáticas de falsos positivos.
De su lado, la FANB denuncia que estos hechos revelan «la cobardía, alevosía y vileza de estas organizaciones criminales, que actúan con la permisividad del gobierno colombiano para usar el territorio venezolano para sus actividades delictivas».
En este sentido, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, defendió la actuación de las fuerzas militares, se refirió a la caída en combate de los dos soldados y vaticinó que la victoria sería «proporcional a la vileza de los enemigos».
Para Pérez Pirela, Colombia no está atacando con sus fuerzas regulares, sino que repite lo que el Ejército colombiano ha tercerizado en los paramilitares. Así, arguyó, los falsos positivos y las noticias contradictorias, son parte del modus operandi del Estado colombiano, que ha utilizado en esta ocasión contra Venezuela, la misma metodología que lleva décadas aplicándole a su propio pueblo.
Inclusive, especuló, podría estar en marcha una operación similar a la que se ejecutó en Siria: «Levantar un conflicto, dividir territorio, para que reinen los intereses de EEUU y la UE en la región».
La escandalosa deuda de América Latina con el FMI
Según un informe del Monitor Fiscal del FMI publicado en octubre de 2020, las deudas de economías emergentes y de ingresos medios representaría el 62,6% del Producto Interno Bruto (tamaño de la economía), aunque en el caso de América Latina, la cifra se eleva al 81,6% y los países más endeudados destacan Brasil, Colombia, México, Perú y Chile.
El también director de LaIguana.TV precisó que el FMI sostiene que la deuda pública global igualaría la economía mundial por primera vez en toda la historia, como consecuencia del impacto de la pandemia, pero más allá de los montos, enfatizó, urge centrar la atención en las condiciones que fija el organismo para otorgarlos.
Este ente reconoce que en todo el mundo, los gobiernos han tomado «medidas enérgicas» para amortiguar «el golpe», que asciende a 12 billones de euros –unos 14 billones de dólares– y entonces (octubre de 2020), el FMI se permitió sugerir a los gobiernos que incentivaran el reinicio de las operaciones comerciales y empresariales, fomentaran la recuperación del empleo, impulsaran la inversión pública y estimularan el crecimiento económico.
A ello hay que sumar que el Comité por la Abolición de la Deuda Externa indicó que «las tres locomotoras de la región, Argentina, México y Brasil tiene una depreciación de sus monedas del 26,5%; de 0,94% y de 13,65%, respectivamente».
El reporte también se puntualiza que salvo Cuba, Venezuela y Guatemala, entre 2000 y 2019, 22 países de la región pidieron ayuda al FMI por 13 billones de dólares.
En ese mismo orden de ideas, el comunicador mencionó que, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el endeudamiento regional subió del 68,9% al 79,3% entre 2019 y 2020, como porcentaje del PIB. Estas cifras ubican a América como la más endeudada de las regiones en desarrollo, por encima de Asia, África Subsahariana, Medio Oriente, Asia Central y Europa, en ese orden.
Así las cosas, la pobreza, la desigualdad, el desempleo han avanzado a un ritmo sin precedentes en la región durante el último año y alrededor de 3 millones de empresas tuvieron o tendrán que cerrar a consecuencia de la pandemia.
En enero de 2021, el FMI ya había destinado unos 66.500 millones de dólares a la región, lo que representa un 63% del desembolso total de 106.000 millones de dólares que había destinado a 85 economías en desarrollo.
Entre los países que solicitaron ayudas se cuentan: Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Santa Lucía. El menor monto correspondió a Dominica con 14 millones de dólares en préstamos, mientras que el más alto fue de 650 millones de dólares para República Dominicana.
Las cuestionables condiciones del FMI para otorgar préstamos
La investigación adelantada por el equipo de Desde Donde Sea deja en claro que el FMI autorizó los desembolsos para paliar la emergencia sanitaria y reconoció las políticas sociales aplicadas hasta el momento por los gobiernos, aunque advirtió que la etapa pospandemia se deberán repetir las añejas recetas de ajustes de gasto público, lo que implica, entre otros aspectos, recortes o eliminación de las pensiones, así como reducción de la inversión en educación y salud.
Para ilustrar cómo la receta se repite sin mayores variaciones, el filósofo venezolano presentó una compilación de los préstamos más recientes adquiridos por países latinoamericanos con el FMI, así como las condiciones que el organismo le impuso para otorgarles los recursos.
En el caso de El Salvador, el Estado deberá, por recibir 389 millones de dólares, hacer ajustes en el orden del 3,5% del PIB –800 millones de dólares– en recortes o impuestos.
El 16 de abril de 2020, Panamá recibió un crédito por 515 millones de dólares. El ente indicó que cuando culmine la emergencia sanitaria, el país tendrá que «modificar el gasto público».
El 21 de abril de 2020, Paraguay recibió un crédito por 274 millones de dólares. El FMI indicó que una vez la crisis disminuya, «será necesario reducir el déficit presupuestario y Paraguay debería retomar sus reglas fiscales».
El 28 de abril de 2020, el FMI avaló el préstamo de 65,6 millones de dólares para Dominica, Granada y Santa Lucía, países que por sus dimensiones son vulnerables a la crisis y al ser sus economías casi enteramente dependientes del turismo, resultaron muy afectados por la pandemia.
Al otorgar el financiamiento, el organismo advirtió que estas naciones se habían comprometido a cumplir con el objetivo de que la deuda regional represente el 60% del PIB para 2030, por lo que tendrán que aplicar arduas políticas de ajuste al cesar la pandemia.
El 1 de mayo de 2020 fue el turno de Ecuador, país que recibió asistencia por el orden de los 469,7 millones de dólares. Al anunciar el préstamo, la directora del FMI señaló que las autoridades de ese país se comprometieron a abordar los riesgos para la sostenibilidad fiscal y la deuda y tomaron medidas iniciales sustanciales, incluyendo la participación con acreedores del sector privado.
Los efectos de este endeudamiento masivo, suscrito, además, con tan duras condiciones, han sido señalados en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, quien a través de su Secretario General, António Guterres, solicitó al FMI y al Banco Mundial «retrasar o cancelar los cobros en los países de la región», pues en el marco de la crisis del coronavirus, se podría producir «una gran crisis de liquidez».
Un recuento de los fracasos de los «paquetazos» fondomonetaristas en América Latina
El analista venezolano estima que aunque los préstamos otorgados por el FMI y las condiciones que establece para desembolsar el dinero son materia poco habitual dentro de la gran prensa, la «repetitiva historia de las recetas que no funcionan» y que no dejan ningún saldo a favor de los ciudadanos de los países en los que son y han sido aplicadas, es definitivamente una gran ausente.
Por esa razón, explicó que, junto al equipo de investigación que le acompaña, compiló casos de países de América Latina en los que se han aplicado los llamados «paquetes de medidas» del FMI, con resultados casi idénticos en todos los casos: debacle económica, malestar social y represión desmedida.
–Venezuela: en febrero de 1989, el Gobierno de Carlos Andrés Pérez anunció la implementación de un paquete fondomonetarista, a cambio de recibir un préstamo de 4.000 millones de dólares. Concretamente, el FMI exigió el aumento de la gasolina, de los alimentos y otros productos esenciales, junto a un congelamiento de los salarios, lo que derivó en los sucesos conocidos con el nombre de El Caracazo, en los que la represión dejó un saldo aún indeterminado de víctimas mortales.
–Argentina: tras la llamada «década de Menem», la situación financiera y los problemas derivados del endeudamiento externo, se hicieron insostenibles para el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2002), quien decidió mantener la convertibilidad peso-dólar, pese a su inviabilidad.
Como respuesta, el FMI cortó el flujo de ayuda aduciendo inestabilidad financiera y la imposibilidad de pago del país. Entonces, las medidas de ajuste surtieron su efecto y se declaró el recordado «corralito», que impedía el retiro de efectivo a los ahorristas.
A consecuencia de ese préstamo, se produjo una escalada de violencia, la declaratoria de un Estado de sitio y se desató una represión sin precedentes en tiempos de «democracia», que dejó 39 civiles muertos y más de 200 heridos, amén de una crisis política, pues De la Rúa abandonó la Casa Rosada en helicóptero y le sucedieron cuatro presidentes en once días.
-Bolivia: en abril de 2003, el Gobierno de ese entonces accedió a una línea de crédito con el FMI por 124 millones de dólares, que se incrementó luego a 248,9 millones de dólares. En contraprestación, aplicó una serie de medidas de austeridad, procedió a privatizar recursos estratégicos e intentó avanzar en un plan para exportar gas a Estados Unidos través de Chile, lo que ocasionó una avanzada de protestas que vieron su punto más alto en octubre de ese año, cuando 63 personas murieron en El Alto por la represión de las fuerzas de seguridad.
-Ecuador: tras acceder a un crédito por más de 4.200 millones de dólares, en marzo de 2019, el Gobierno de Lenín Moreno decidió aplicar medidas de austeridad: eliminó los subsidios a los combustibles, cuyas tarifas aumentaron 123%. Los anuncios trajeron consigo una huelga generalizada del transporte, disturbios ciudadanos y saqueos en varias ciudades del país, incluyendo Quito y Guayaquil.
En este punto, Pérez Pirela recuperó las reflexiones del historiador argentino Leandro Morgenfeld, quien sostiene que «el FMI, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, fue el instrumento de defensa de los intereses de las grandes corporaciones de Estados Unidos y los países del G-7, especialmente los europeos».
Según Morgenfel, apuntó, un factor común en las economías de la región que han recurrido al FMI es que, «a pesar de obtener millonarias sumas de dinero, terminan con problemas de liquidez, lo que permite inferir que la asistencia financiera no cumple los objetivos o bien termina en otros destinos».
Este experto también recuerda que durante el menemismo, Argentina era presentada como alumna ejemplar del FMI, porque había seguido al pie de la letra sus recetas.
Los intentos de Argentina y Bolivia por zafarse de las garras del FMI
Tras ser gobernadas por agentes del neoliberalismo, con el retorno de gobiernos populares, naciones como Argentina y Bolivia han emprendido grandes esfuerzos para zafarse del FMI y sus cláusulas «suicidas».
Con base en lo relatado en un trabajo publicado en el portal de BBC Mundo, Pérez Pirela señaló que antes de la llegada de la pandemia, Argentina ya atravesaba una grave crisis económica. Entonces, ya tenía dos años en recesión, una de las peores tasas de inflación y una de las monedas más devaluadas del mundo.
De acuerdo con esa fuente, el temor a la COVID-19 y la prolongada cuarentena decretada por el Gobierno de Alberto Fernández, provocaron una contracción de casi el 10% PIB. La cifra es un punto menor a la caída que sufrió el país durante 2001-2002, hasta ahora, la peor de su historia, cuando más de la mitad de la población cayó por debajo de la línea de pobreza.
Hoy, más de 4 de cada 10 argentinos son pobres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. De este modo, con los precios registrando un incremento interanual en el orden del 40% y el peso depreciándose en casi el 60% en 2020 y, todavía más en el año anterior, no es difícil de entender por qué cada vez son menos los que pueden llegar a fin de mes.
Por su parte, Fernández se vio obligado a reestructurar «una enorme deuda heredada» de su antecesor, Mauricio Macri, equivalente al 90% del PIB y no pudo acceder a los mercados de crédito, pero al mismo tiempo, decidió adoptar medidas para proteger a los trabajadores, destacándose la prohibición de los despidos, que ha sido ampliamente criticada por los pequeños y medianos empresarios, dado que el personal representa la principal erogación de los patronos.
De acuerdo con una encuesta realizada por la CAME, más de 41.000 compañías cerraron las puertas en 2020, más del doble de las que cerraron en 2001-2002, representando una de las principales causas por las que el desempleo aumentó hasta el 11% a fines de 2020.
Del lado del gobierno, el ministro del Trabajo, Claudio Omar Moroni, ha defendido las medidas de protección a los trabajadores, al asegurar que la pérdida de empleo fue baja en relación con otros países porque, además, el gobierno asistió a unas 300.000 empresas y a unos dos millones de trabajadores a través del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción que subsidió el 50% del salario de los trabajadores de las compañías privadas.
Además, el mandatario, quien fue Jefe de Gabinete del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y «un actor clave» en la recuperación del país tras la debacle de comienzos de siglo, se apoyó en el mismo sector que lo levantó hace dos décadas: el campo.
Por ello, aprovechó que la depreciación del peso ha hecho que los principales bienes de exportación de Argentina resulten baratos –lo que los hace más atractivos ante posibles compradores– y también empleó a su favor el incremento del grano en el mercado internacional, a partir de lo cual el país pudo proveerse de una fuente adicional de divisas.
De otra parte, continuó refiriendo el comunicador venezolano, Fernández aumentó la tasa impositiva para los ricos a través de la Ley de Aportes Solidarios, que tasa los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos –unos 2 millones de dólares–. El dinero recabado por esa vía se está empleando para atender asuntos de interés social, incluyendo la adquisición de suministros médicos para hacer frente a la pandemia.
Otras de las medidas que tomó Fernández al suceder a Macri fue la renegociación de la deuda. En 2018, el FMI otorgó a Macri el mayor préstamo de su historia: 57.000 millones de dólares, aunque la deuda total del país asciende a 320.000 MM de dólares.
El gobierno argentino pretende extender el plazo de pago, fijado en diez años, pero el FMI se ha negado, escudándose en que su reglamento no lo permite.
Sobre esto, Fernández dijo que Argentina debe pagar al FMI 3.500 millones de dólares en 2021, otros 18.000 millones en 2020 y 19.000 millones más en 2023, lo que es estimado como impagable por las condiciones en las que fue pactada la deuda.
«El tema no es pagar, sino suscribir un acuerdo que nos permita sostener el plan económico que tenemos, de desarrollo y crecimiento y sin olvidar a ese 40% de la población que está por debajo de la pobreza», sostuvo.
Adicionalmente, el gobierno ha ejecutado acciones concretas orientadas a castigar a los responsables del paquete –el expresidente Macri y su equipo–, por estimar que contrajeron una deuda definitivamente lesiva para los intereses del país.
De su lado, Bolivia también trata «de surfear la deuda» que le dejó la exgobernante de facto, Jeanine Áñez durante su año de gestión.
El gobierno de Luis Arce devolvió al FMI un crédito millonario que había negociado Áñez para atender la pandemia. Según datos de la BBC de febrero de 2021, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que emprenderá las acciones legales, administrativas y civiles que correspondan «en contra de todos los servidores y exservidores que resultaren con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación» con el FMI.
El préstamo de 327,7 millones de dólares, para enfrentar la pandemia fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020 y generó costos adicionales al Estado, que en febrero de 2021 ya sumaban 24,3 millones de dólares, 19,6 millones por variación cambiaria y 4,7 millones por intereses. Para que la devolución se hiciera efectiva, el BCB se vio obligado a desembolsar 351,5 millones de dólares.
Los «términos secretos» de los préstamos que otorga China
Para finalizar el programa, Pérez Pirela comentó sucintamente un trabajo aparecido en el portal de la agencia rusa RT, que indica que expertos develaron que los préstamos de China a países de bajos ingresos contienen términos secretos que le conceden ventajas ocultas.
Para esa labor, académicos analizaron 100 contratos suscritos entre 2000 y 2020, que cubren préstamos por el orden de 36.600 millones de dólares concedidos a 24 países en desarrollo, incluidos Argentina, Ecuador y Venezuela.
Entre otros datos, se precisa que dichos términos prohíben a los prestatarios reestructurar sus deudas con la intervención de terceros, lo que socava las posibilidades que tienen estos países para aliviar su deuda.
Señalan, además, que existen causas de confidencialidad que influyen directamente sobre las políticas de los prestatarios. En 38 de los 100 contratos analizados, se determinó que estos contienen cláusulas de confidencialidad que dificultan que otros acreedores conozcan la situación financiera real del prestatario, lo que implica que «los ciudadanos de los países prestamistas y prestatarios, no pueden responsabilizar a sus gobiernos por las deudas secretas».
Adicionalmente, los acuerdos establecen cláusulas de incumplimiento cruzado por cualquier situación considerada adversa a los intereses de la República Popular China o mediante otros términos que dan derecho a un reembolso inmediato, si se interrumpen las relaciones diplomáticas con Beijing.
Finalmente, se destaca que el 30% de los contratos requieren que el prestatario mantenga una cuenta bancaria especial como garantía para el pago de la deuda, generalmente con un banco aceptable para el prestamista.
(LaIguana.TV)
