A propósito de una nota publicada por la agencia The Associated Press (AP) en la que se asegura que Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, está implicada en un caso de soborno en los Estados Unidos, la exfuncionaria divulgó un comunicado en Twitter deslindándose nuevamente de la situación, por la que ya había sido señalada en abril de 2020.
«Una exfiscal general de Venezuela que desafió al presidente Nicolás Maduro al aliarse con sus opositores, fue implicada en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano que esta semana se declaró culpable de pagar sobornos por un millón de dólares, informaron el jueves dos personas al tanto del caso«, sostuvo el periodista Joshua Goodman, autor del texto contra el que Ortega Díaz se defendió.
A este respecto, la exfuncionaria cuestionó el profesionalismo de Goodman, al indicar que «no apoya sus afirmaciones en fuentes documentales, sino que sustenta sus aseveraciones en el supuesto testimonio de personas anónimas, lo cual pone en entredicho la certeza de la información publicada».
De otra parte, el comunicador reconoció que la exfiscal «no aparece mencionada por su nombre en el caso federal en Miami», pero arguyó que Carlos Urbano Fermín, el empresario que se declaró culpable el pasado 19 de abril «de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos (…) admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares a un ‘fiscal de alto rango’ en Venezuela a manera de ‘seguro’ contra cualquier investigación de sus enormes contratos de construcción con el gigante petrolero estatal PDVSA«.
Esta persona, para el estadounidense, no es otra que Ortega Díaz. En respaldo de su aseveración, aludió a «dos personas con conocimiento del caso, que accedieron a dar detalles a cambio de mantener el anonimato ya que no debían hablar sobre una investigación en curso».
En abril de 2020, citando «documentos de la corte», medios estadounidenses reseñaron que «a inicios de 2017», Urbano Fermín había estado «estrechamente relacionado» con la entonces fiscal, quien figuraba en el tinglado de corrupción bajo el mote de «Funcionario 1″.
De acuerdo con el imputado, sobornó a la exfiscal para que desestimara el caso de corrupción que ya avanzaba sobre él la justicia venezolana y el asunto llegó a las redes de la justicia estadounidense, porque el pago se realizó a través de un intermediario que poseía una cuenta un banco del sur de Florida (EEUU).
Entonces, Luisa Ortega Díaz acusó al fiscal general Tarek William Saab de montar «vilmente» un caso en su contra.
«El solo hecho de que Carlos Enrique Urbano Fermín tenga preso en Venezuela a su hermano y que luego de ese hecho aparezca en los Estados Unidos declarando en mi contra es un clave indicio de que él está coaccionado por el régimen venezolano», argumentó.
En esta ocasión no echó baza de culpar al gobierno de Venezuela por el señalamiento, sino que su defensa se centró en el carácter anónimo y no oficial de las fuentes a las que apeló AP, en que su nombre no aparece directamente mencionado en el expediente judicial y que Goodman mintió, al asegurar que ella no había respondido a su solicitud de comentarios.
Además, aseveró que en 2020, tras las investigaciones de rigor, constató que no tiene ningún proceso penal abierto en la justicia estadounidense «y, por supuesto, ninguna [investigación] relacionada con la causa que menciona el periodista en su cuestionable nota de prensa».
«Considero que la nota publicada por AP como una noticia, responde más a la opinión e interpretación del periodista, quien a partir de un hecho construye una historia ficticia basada en elucubraciones y exageraciones, quizá con el propósito de conseguir notoriedad. Esto transgrede la verdad y, especialmente, el compromiso de un verdadero comunicador social con el ejercicio ético y equilibrado del periodismo. No es serio, implicar a una persona en la comisión de un delito sin pruebas de ninguna naturaleza», alegó, a modo de conclusión.
Aunque resultare cierto que no está solicitada por la justicia de los Estados Unidos, sí lo está por la de Venezuela. El 18 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia solicitó a Colombia la extradición de la exalta funcionaria por presuntamente haber incurrido en traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso; uso de sello falso; ocultación y retención, así como de falsa denuncia o acusación y asociación.
Ortega Díaz huyó a Colombia en 2017 en compañía de su esposo, el exdiputado Germán Ferrer y reside allí desde entonces. A pesar de que han transcurrido casi tres años del dictamen judicial, Bogotá no ha dado curso a la solicitud de Caracas.
(LaIguana.TV)
