Este viernes 30 de abril un juez federal condenó a Gustavo Hernández Frieri, administrador colombiano residenciado en Miami, por un caso de desfalco y sobornos a la estatal petrolera Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), informó la agencia The Associated Press (AP).

Según esta fuente, Hernández recibió una sentencia de «casi cuatro años de prisión» por su participación «en una conspiración de mil 200 millones de dólares para malversar fondos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa», aunque la fiscalía había pedido una pena máxima de 10 años.

Medios colombianos refieren que en 2019, el administrador de fondos fue capturado en Italia mientras se encontraba de vacaciones. Tras esto, se declaró culpable de un cargo de conspiración y se comprometió a «ayudar» a los fiscales a rastrear y confiscar «activos y ganancias» –que pertenecen al Estado venezolano– presuntamente procedentes de la trama de corrupción.

La agencia estadounidense refiere que, pese a esto, la fiscalía acusó a Hernández de mentir acerca «de sus activos y negocios antes de declararse culpable», pero la jueza Kathleen Williams no compartió el criterio de los acusadores, alegando que no había participado «en el esquema de soborno original», aunque admitió que no cumplió con la promesa que le hiciera a la Fiscalía relacionada con la recuperación de activos por el orden de los 12 millones de dólares, cantidad que habría manejado a nombre de un exgerente de Pdvsa.

En su trabajo periodístico, AP puntualiza que Gustavo Hernández Frieri sería «el segundo individuo sentenciado como parte de la Operación Money Flight, una importante investigación sobre cómo los empresarios sobornaron a funcionarios (…) para desviar miles de millones de Pdvsa a través de falsos acuerdos monetarios», que gestionaron «a través de empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Malta y Hong Kong antes de ocultarse en propiedades inmobiliarias de lujo en Miami, España y otros lugares».

Trascendió que los representantes legales del colombiano usaron la labor filantrópica en «Techo», una organización no gubernamental formalmente dedicada a la lucha contra la pobreza cuya sede principal está en Caracas, para mostrarlo como un hombre ejemplar, cuyo camino se desvió con su encuentro con un agente federal encubierto que le pidió movilizar dinero de Abraham Ortega, un exfuncionario de Pdvsa que optó por «declararse culpable», aunque en el reportaje firmado por Joshua Goodman no se especificaron los cargos por los cuales asumió responsabilidad.

Siempre siguiendo a AP, en la decisión de Williams habría pesado que por las manos de Hernández pasó «menos del 1 %» de los 1.200 millones de dólares vinculados con la Operación Money Flight y que como muestra de cooperación, se reunió una decena de veces con los investigadores del caso.

Parte de ese dinero procedía de una cuenta controlada por el gobierno estadounidense y fue depositado en la empresa de Hernández, Global Security Advisors, para «probar» su conexión con Ortega. La compañía cesó funciones tras su arresto.

El informe de AP destaca que esta empresa habría servido de puente para que unos dos millones procedentes de los sobornos presuntamente cancelados al exfuncionario venezolano, se invirtieran «en un importador de vino italiano con sede en Manhattan, donde Hernández también era un inversor llamado Domaine Select Wines & Spirits», que «cambió su nombre el año pasado a Trinity».

De su parte, la Fiscalía intentó persuadir a la jueza para que impusiera una pena más severa, alegando que durante su libertad condicional, el administrador colombiano no les informó acerca de sus actividades comerciales, que incluían, según Goodman, los tratos con Raj Bhakta, un exconcursante de The Apprentice, el reality show de televisión protagonizado por Donald Trump, aunque se vio forzada a reconocer que Bakhta no ha cometido ningún delito.

Específicamente, los acusadores reclamaron que los dos hombres y la exesposa de Hernández se asociaron para fundar una empresa de venta de carne en una granja de Florida propiedad de Bahkta.

Tampoco dejaron de cuestionar que Hernández habría maniobrado para otorgarle a su exesposa una participación en un fideicomiso que pesa sobre una vivienda valorada en 2,7 millones de dólares en Miami en la que ambos residen, que junto a otra propiedad en Brooklyn (Nueva York), estarían en disputa en los tribunales.

AP advierte que Ortega, quien ejerció como «director ejecutivo de planificación financiera de Pdvsa y permitió que los miembros de la red transfirieran ganancias inesperadas de la noche a la mañana a través de préstamos falsos, aprovechando la gran brecha entre la tasa de cambio oficial de Venezuela y la tasa del mercado negro», probablemente será sentenciado la próxima semana.

(LaIguana.TV)

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