En el marco de un análisis sociohistórico de la violencia en Colombia, el filósofo y comunicador venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela compartió en su programa Desde Donde Sea las espeluznantes cifras del fenómeno que hace décadas azota a la nación neogranadina, muy especialmente en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, suerte de capital mundial del narcotráfico y epicentro de las masacres ejecutadas por el paramilitarismo.

El analista apuntó que en esa urbe, «las masacres (…) reflejan las complejas interacciones entre pandillas, paramilitares, guerrillas y entre narcotraficantes, transversales a todos los otros grupos, que en conjunto han creado una serie de terrorífica violencia».

Precisó que según datos disponibles, fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares cometieron «varias» de esas acciones criminales, «al lanzar una campaña de contrainsurgencia dirigida a las milicias guerrilleras, que controlaban muchos de los barrios periféricos de las ciudades, hasta que fueron expulsadas a finales de los años noventa y principios de 2000″.

En contraste, continuó relatando, las más recientes las ejecutaron las llamadas «Bacrim» –bandas criminales asociadas a la génesis del paramilitarismo–, «grupos de la mafia y representantes de las pandillas» locales, enfrentadas entre sí por «el control del narcotráfico» y los ingresos derivados de esta actividad ilícita.

En ese orden, el también director de LaIguana.TV indicó que «la línea entre los paramilitares y los criminales a menudo se ha desdibujado, al superponer e intercambiar a veces su liderazgo, intereses e incluso, su mismísimo personal logístico operativo».

De otra parte, haciendo referencia a los saldos que ha dejado la violencia en Colombia, puntualizó que «entre 1979 y 1991, un promedio anual de 25 jueces fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado [y] entre 1960 y 2018 se han presentado 24.518 víctimas, la mayoría pertenecientes a la población civil».

Destacó, asimismo, que el paramilitarismo perpetró «varias de estas masacres» en connivencia con la fuerza pública «contra miembros de la Unión Patriótica y otros grupos políticos», situación que está lejos de desaparecer, pues en 2020 «se registraron 66 masacres en distintas regiones del país y una degradación del conflicto, con un promedio de una masacre cada dos días», algo que ni siquiera el confinamiento para frenar la expansión de la COVID-19 pudo contener.

Pese a la gravedad de estos hechos, dijo para concluir, reina un silencio sepulcral, pues ha acabado por imponerse «un miedo» dentro y fuera de Colombia que impide que se hable del tema.

(LaIguana.TV)

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