Como parte de un recuento de la violencia que históricamente ha ejercido el Estado colombiano –o ha consentido que el paramilitarismo ejerza– contra sus ciudadanos, Miguel Ángel Pérez Pirela relató a la audiencia de Desde Donde Sea los sucesos de la masacre de El Salado, acción terrorista perpetrada por 450 paramilitares en la población homónima en el año 2000. 

A ese respecto, el comunicador precisó que la masacre «inició el 16 de febrero del año 2000 y se extendió hasta el 21 de febrero en el poblado de Villa del Rosario, El Salado, municipio Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, en el norte de Colombia«, días durante los cuales, en la población y en sus alrededores, «miembros de un grupo paramilitar conocido como Los Caratapadas cometieron un número significativo de crímenes contra civiles y obligaron a unas 4.000 a huir lejos de la región«. 

Además, comentó que la acción, que fue planificada en el Departamento de Magdalena por los jefes paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo y John Henao», pudo haberse prevenido, puesto que, meses antes, Carlos Castaño, comandante de las AUC definió como «objetivo militar» a «los guerrilleros», aunque estuvieran «de civil».  

En ese mismo orden, indicó que en la masacre de El Salado «participaron 450 paramilitares divididos en tres grupos», cuya estrategia fue cercar a la población y establecer «retenes» para restringir la entrada y salida de personas, puesto que les interesaba controlar el territorio con miras a «desarrollar el contrabando de armas, el narcotráfico y la extorsión, entre otras actividades lucrativas ilegales». 

Empero, antes de eso, «el 23 de diciembre de 1999, un día antes de la navidad, un helicóptero paramilitar sobrevoló el casco urbano de El Salado y arrojó volantes que «invitaban» a los pobladores a disfrutar las festividades de fin de año. Según la octavilla, sería la última vez que lo harían», sintetizó Pérez Pirela.  

De acuerdo con los datos consultados por él, esta no fue la última ni la única alerta que la Policía Nacional y la Infantería de Marina, entes encargados de resguardar la seguridad de la región y de impedir el avance de los paramilitares, optaron por ignorar.  

Así, el 15 de febrero –un día antes del inicio de la masacre–, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de Colombia alertó sobre fuertes indicios de que un serio incidente de violencia estaba por ocurrir en la zona». 

Por ello –y a modo de conclusión–, aseguró que esta violencia por omisión del Estado colombiano tuvo lugar porque «detrás del paramilitarismo en Colombia, de su nacimiento, de su creación y de su ‘modus operandi’, se encuentra el mundo militar» de ese país. 

(LaIguana.TV) 

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