El hallazgo durante la madrugada del pasado 29 de mayo del cuerpo calcinado de Daniel Stiven Sánchez, un adolescente de 16 años, en una tienda del municipio Siloé, en la ciudad de Cali, enfrenta nuevamente a las víctimas de la violencia homicida derivada de las protestas del paro nacional con el Estado colombiano: de un lado, con base en testimonios aportados por testigos, la familia del menor responsabiliza a la Policía; del otro, la fuerza pública niega su participación en estos actos.

En un trabajo para la agencia RT, la periodista Nathali Gómez refiere que el cadáver fue hallado en una tienda de Dólar City, tras una jornada que dejó el saldo de 13 víctimas fatales y que fue catalogada por el alcalde de la ciudad, Javier Ospina, como un día «doloroso», «fatídico» y que «ha significado muerte».

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali desmintió la versión de los deudos de Sánchez y sostuvo que el inmueble en el que se halló su cuerpo había sido quemado por «delincuentes». Hasta el momento, Medicina Legal no ha entregado el reporte donde se certifica oficialmente la causa de muerte del menor.

No es la primera vez que familiares de víctimas caídas en las protestas del paro nacional denuncian la presunta comisión de violaciones a los derechos humanos contra manifestantes o transeúntes. Todas las veces, las autoridades se han deslindado de los hechos y han atribuido la responsabilidad a terceros.

Para la familia, lo hizo la Policía

A propósito de este suceso, el realizador audiovisual Alejandro Palencia recogió los testimonios de las dos hermanas y la madre de Daniel Sánchez, quienes a partir de los relatos de los testigos y del conocimiento de la rutina de su hermano, quien no participaba de las manifestaciones, aportaron una reconstrucción de lo sucedido ese día.

Lo dicho por ellas, pone en tela de juicio la versión policial según la cual el jovencito era un «delincuente» que se acercó al local a saquear y quedó atrapado en las llamas.

María Paula Sánchez, una de sus hermanas, cuenta que Daniel Stiven volvía a su casa desde su trabajo cuando se topó con una tanqueta de la policía local. Aparentemente, fue presa del pánico y temiendo por su integridad, levantó las manos y le gritó a los agentes que no hacía parte de la protesta. Ella insiste en que su hermano había decidido no participar en las manifestaciones porque le daba miedo.

Diversos testigos le relataron la familia que los policías golpearon al joven en reiteradas oportunidades. Desde el piso, él trató de pedir ayuda en varias ocasiones, pero los agentes presuntamente dispararon a todo el que intentó acercarse, incluyendo a un paramédico.

«Él pide que lo ayuden, que no lo dejen morir. En ese momento lo montan en la tanqueta y se lo llevan. Esta es la parte que no entendemos: ¿Por qué terminó quemado en el Dollar City?», se pregunta María Paula.

En un video institucional, Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que esa tanqueta no había sido movilizada la noche del sábado.

María Paula Sánchez le dijo a Palencia que el cuerpo de su hermano «tiene impactos de bala» y aunque reconoció que al momento de la entrevista no tenía en su poder el dictamen de Medicina Legal, el forense les adelantó que tenía «indicios de tortura», versión que fue desmentida por la Policía, aunque sin aportar prueba alguna que respaldara su negativa.

Yurany Sánchez, la otra hermana de Daniel, acusó con dureza: «no les bastó con asesinarlo sino que lo destruyeron, lo quemaron». Ella, al igual que María Paula, está segura que lo mataron antes de quemar su cuerpo, otra versión que las autoridades han desestimado.

«Lo quieren inculpar, dicen que estaba vandalizando el Dollar City, que lo estaba incendiando y robando, hay testigos directos que afirman que venía de trabajar», señala Yurany.

De su lado, la madre, María Sánchez, se apoya en el testimonio de la vanguardia de las movilizaciones, para insistir que ella le había prohibido a su hijo que acudiera a las jornadas de protesta, ante el temor que le ocurriera algo. Ellos «le confirmaron a mi hija que jamás lo habían visto allá», alega.

De todas, Yuruany es la que muestra mayor indignación ante la tentativa de la Policía de presentar a su hermano y a otras personas ultimadas en las protestas como vándalos. «El objetivo de incriminar a los jóvenes es quitarle valor a la verdad«, dice aireada.

«Actos vandálicos»: la gastada frase de la Policía de Cali

RT refiere que en Twitter, la Policía de Cali aseguró que durante la noche del 28 de mayo se sucedieron «actos vandálicos» contra una estación policial en la localidad de El Lido, lo que ameritó la presencia de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y una tanqueta en el sitio.

Este hecho fue usado para justificar que el adolescente no pudo haber sido ingresado en el vehículo, porque no había sido «movilizado» y también para señalar que en la comisaría no se prestaba atención a los transeúntes, porque «un local cercano» había sido saqueado e incendiado.

La versión oficial indica que al atender el incendio, los bomberos se toparon con el cadáver de Daniel Sánchez y lo trasladaron al Hospital de Siloé para que se le practicaran las pruebas forenses de rigor. Allí la Policía Judicial habría realizado la «inspección técnica» que arrojó como resultado que el cadáver «no presentaba heridas por armas de fuego, ni heridas por arma blanca».

Pese a que todavía no estaba disponible el informe de Medicina Legal, la Policía se adelantó y aseguró que tras «las investigaciones adelantadas se puede determinar que los hechos se habrían registrado en el interior de un establecimiento comercial», luego de una «conflagración» ocasionada por «delincuentes», responsables de saquear y prender fuego al lugar.

Empero, María Paula Sánchez rebate esta versión, apelando a lo que le contara un bombero amigo suyo que fue llamado para atender el incendio. Según dijo, su amigo le aseguró que al alertarles de la emergencia, el caso fue presentado como el incendio de un local vacío, sin potenciales víctimas, por lo que el hallazgo del cadáver fue sorpresivo para ellos.

La Policía también indicó que el Ministerio Público había designado un fiscal para que avanzara en las investigaciones, aunque no avanzó más detalles.

La doble victimización: amenazas se ciernen sobre la familia Sánchez

De acuerdo con un hilo publicado por Alejandro Palencia en Twitter, después del sepelio de Daniel Sánchez, su familia comenzó a recibir amenazas y se vio obligada a abandonar su casa. «Responsabilizo al Estado de lo que le ocurra a cualquiera de ellos», alertó. Esta versión fue corroborada por otros usuarios de las redes sociales.

Palencia también aseguró que en el entierro reinaba «un ambiente de confusión por las irregularidades por parte de Medicina Legal en la entrega de su cuerpo».

Desde el inicio de las jornadas de protestas convocadas por el Comité Nacional del Paro el pasado 28 de abril, organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) computan 71 fallecidos, la mayoría caídos por las balas de la fuerza pública, si bien hay una tendencia creciente a los asesinatos cometidos por civiles armados que cuentan con el respaldo de las fuerzas del orden.

(LaIguana.TV)

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