Con 14 votos en 21, el Concejo de Quito removió en su cargo al alcalde de la capital de Ecuador, Jorge Yunda, informó la concejal Luz Elena Coloma. 

«La sustentación que hicieron las denunciantes (…) del proceder el alcalde y uso del poder (…) de manera inapropiada y ofensiva para la ciudad probablemente determinó los votos», dijo Coloma. 

La remoción de Yunda se dio luego de más de nueve horas de sesión de los ediles. 

De acuerdo con la ley vigente, el vicealcalde, Santiago Guarderas, deberá reemplazar al alcalde, que tiene diez días para apelar la decisión del Concejo. 

En respuesta a la decisión, Yunda, en su cuenta de Twitter, dijo que «en la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado». 

Yunda superó el 2 de junio un primer pedido de remoción, que fue sorpresivamente retirado por el peticionario, Jorge Hallo, representante del colectivo Quito Unido. 

El segundo pedido de remoción, que finalmente terminó en la salida del alcalde, fue realizado por el denominado Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. 

Yunda fue acusado por los dos colectivos de incumplir las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), ordenanzas o resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados, sin causas justificadas, incumplir disposiciones legales para garantizar el derecho a la participación ciudadana, despilfarro, y uso indebido de los fondos del cabildo. 

Sobre Yunda también pesa una investigación de la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas para detectar el COVID-19

Según las investigaciones de la Fiscalía, el contrato para la adquisición de esas pruebas se firmó con una empresa privada para pruebas PCR Polimerasa, pero se recibió pruebas RT LAMP, que tienen menos porcentaje de detección del virus, por lo que es necesario duplicar el procesamiento de cada una. 

Pese a que el proveedor incumplió las condiciones técnicas especificadas en el contrato, fueron validadas por el municipio para terminar el contrato por mutuo acuerdo entre la empresa y el cabildo de Quito. 

Adicionalmente, las pruebas fueron adquiridas en Corea del Sur, pero no estaban validadas por ese país. 

Al momento, el burgomaestre mantiene medidas cautelares como uso de grillete electrónico y la presentación periódica ante un juez. 

(Sputnik)