El ministerio Público (MP) presentó este miércoles 9 de junio ante la Corte Penal Internacional (CPI) un escrito que complementa la acción presentada el pasado 25 de mayo ante la Sala de Cuestiones Preliminares de dicho organismo sobre el caso Venezuela. 

Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en su cuenta en la red social Twitter, plataforma en la que detalló que con este nuevo documento Venezuela solicita a dicha Sala que, de conformidad con la norma 30 del Reglamento, convoque a una reunión entre las partes. 

“Dicha acción, que se presentó en virtud del artículo 46.2 del reglamento de la CPI, constituye como ya apuntásemos en el momento de su presentación una oportunidad única para que se contribuya a asegurar que el trato que se dé a los países objeto de un examen preliminar sea justo e igualitario”, detalla la misiva. 

Asimismo, se destaca que con las recientes declaraciones de la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, sobre el caso en cuestión, se demuestra que la cooperación entre ambas partes está siendo escasa y unidireccional. 

En contexto 

Bensouda, recordemos, aseguró que después de la próxima presentación judicial, su despacho hará pública su posición sobre la denuncia que introdujeran naciones aglutinadas en el Grupo de Lima acerca de la comisión sistemática de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela. 

En adelanto de lo que ya parece un hecho consumado, pues anunció que su pronunciamiento ocurrirá antes de que abandone el cargo en julio, aseguró que “se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”. 

Saab incluso denunció que la oficina de Bensouda no había cooperado suficientemente con las autoridades venezolanas en el esclarecimiento de las graves acusaciones y que el país estaba recibiendo un trato discriminatorio en la CPI.   

Para fundamentar su versión, Saab señaló que el Estado venezolano había presentado cinco informes ante la Fiscalía de la CPI desde noviembre de 2020 y, a la fecha –27 de mayo de 2021– no había recibido respuesta alguna.   

Esa oficina tampoco envió delegaciones para investigar los hechos en el terreno, a pesar de que las autoridades venezolanas cursaron formalmente la solicitud.  

Adicionalmente, el funcionario venezolano comparó la duración de los procesos de examen preliminar que sigue la CPI en contra de Colombia y Guinea, que datan de 16 y 11 años y contrastó la actuación del ente en el caso venezolano, cuyas autoridades andan «a ciegas» y no disponen de la hoja de ruta correspondiente, como sí sucede en los otros dos casos.   

(LaIguana.TV) 

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