En Venezuela avanzan los preparativos para una nueva ronda de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el sector extremista de la oposición, encabezado por el exdiputado Juan Guaidó, con la intermediación del reino de Noruega.

Aunque se trata de un asunto que concierne a los venezolanos, el papel de Estados Unidos en el proceso no puede dejarse de lado, toda vez que desde 2015, las administraciones de Barack Obama y Donald Trump adelantaron una política progresiva de medidas coercitivas unilaterales que inició con la catalogación del país como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional estadounidense.

Durante el gobierno de Trump, Washington acrecentó su presión sobre Caracas y comenzó a imponer sanciones individuales sobre funcionarios y sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela, promovió el enjuiciamiento sin pruebas de altos cargos venezolanos por presuntos delitos ligados al narcotráfico y aupó la creación del Grupo de Lima, instancia desde la que se promueve un juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Maduro ante la Corte Penal Internacional.

Empero, de todas las acciones adelantadas por Estados Unidos para forzar la salida del poder del mandatario venezolano, destaca particularmente el respaldo incondicional que la administración republicana de Donald Trump le ofreció a Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino en una plaza en enero de 2019 con la venia de la Casa Blanca, Gran Bretaña y algunos países de la Unión Europea.

Tras este movimiento, el poder estadounidense estableció un cerco sobre Maduro –que fue seguido sin mayores variaciones por sus aliados hemisféricos– y avanzó en la confiscación y bloqueo de cuentas bancarias y activos del Estado venezolano en el extranjero –que quedaron bajo el control del exparlamentario y su grupo–, así como en el arreciamiento de las sanciones sobre PDVSA, que desde noviembre de 2020 afectan incluso la comercialización de diésel.

En los últimos cinco años, las sanciones han lesionado gravemente la economía de Venezuela, han deteriorado ostensiblemente la calidad de vida de la población, ocasionando el sufrimiento de millones de personas y forzado la emigración hacia otros países de la región, como consta en informes elaborados por expertos independientes como Alfred de Zayas, quien sirvió en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre 2012 y 2018 y Alena Douhan, relatora especial de la ONU especializada en los efectos de las medidas coercitivas unilaterales.

Así las cosas, la administración Biden puede efectivamente valerse de las sanciones para tratar de obtener beneficios que abreven a la consolidación de su proyecto político en Venezuela, que pasa por la salida del presidente Maduro en particular, pero también del chavismo como corriente política.

En ese orden, el diplomático estadounidense James Story, quien conduce una «embajada virtual» para Venezuela que opera desde Bogotá, dijo a La Voz de América (VOA) que «si Maduro cede estos espacios democráticos, restaura las instituciones y da espacio, podemos empezar a evaluar el levantamiento de algunas sanciones que hemos hecho en el pasado».

No obstante, VOA matiza que Story aseguró que desconoce cuál es el estado de las conversaciones para el restablecimiento de las negociaciones entre el gobierno y el ala antidemocrática de la oposición, pero dejó claro que toda acción de Estados Unidos dependerá de «avances concretos» en lo que la Casa Blanca catalogue como «restauración de la democracia».

«Tienen que ser cosas que son irreversibles y no pueden ser cosas que de un día para otro pueda cambiar el régimen. Porque hemos visto esta historia antes», indicó el funcionario. Según dijo, la administración Biden lo que quiere «ver es la restauración de la democracia en el país».

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro estableció cuatro condiciones para entablar conversaciones con los representantes de Guaidó, que fueron ratificadas por sus comisionados en el encuentro que sostuvieran con la comisión de Noruega el pasado 1 de junio; a saber: el levantamiento de las sanciones, la devolución de los fondos y activos del Estado venezolano bloqueados en el extranjero, el reconocimiento de la Constitución y de todos los poderes públicos y que las reuniones fueran públicas y cubiertas por la prensa.

Del lado de la oposición extremista, el exdiputado habló vagamente de «garantes», de respaldo de «la comunidad internacional» –a pesar de que su posición en ella se ha deteriorado ostensiblemente desde enero de 2021– y sugirió que las negociaciones se realizaran fuera del territorio venezolano, propuesta que fue rechazada por el ala de la oposición que hace vida política en el Parlamento.

Sobre la capacidad de Noruega para gestionar el complicado proceso, Fulton Armstrong, director de investigaciones en Latinoamérica en American University comentó que en el pasado diálogo de 2019, los noruegos «decidieron hacer un proceso limpio con el menor número de participantes necesarios» en el que Estados Unidos no estaba incluido.

Esta iniciativa fracasó porque mientras las conversaciones avanzaban, la administración Trump optó por arreciar las medidas coercitivas sobre PDVSA para presionar a Maduro y los representantes gubernamentales se levantaron de la mesa.

Armstrong admite que «Estados Unidos tiene un papel importante en el proceso». «Tenemos toda la palanca, toda la influencia necesaria, pero no aflojamos la cosa», agregó.

Citando a «diversos analistas», VOA asegura que «en esta nueva ronda de diálogo, deben existir más garantes para ambos lados de la mesa» y reconoce que Maduro está «en el epicentro de las reglas del juego», lo que le permite hacer «solicitudes», si bien Estados Unidos aún «está por definir sus reglas del juego».

(LaIguana.TV)

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