El senador y líder del partido Colombia Humana, Gustavo Petro, respondió a las recientes declaraciones del exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien afirmó que “no podrá ser presidente de Colombia”.

Petro calificó las declaraciones como “una amenaza. Proviene de un corrupto. El abogado de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento, que luego como fiscal encubrió los crímenes. El crimen fue el soborno a la dirigencia de todos los partidos tradicionales por 50 millones de dólares y el robo del erario”, aseguró a través de su cuenta en Twitter.

Las declaraciones de Martínez tuvieron lugar en una entrevista concedida a la revista Semana, a propósito del caso de un video difundido en 2018 en el que presuntamente Petro recibía una cuantiosa cantidad de dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas.

Sin embargo, en días pasados, esta causa fue sobreseída por los tribunales de la nación neogranadina al no determinarse que estuviera incurriendo en un delito, así como no contar con más datos del contexto, origen ni fecha de dicho material audiovisual.

Por otra parte, no es la primera vez que Martínez arremete contra Petro, pues en la misma entrevista lo responsabiliza de la violencia desatada en las recientes manifestaciones y el paro nacional acaecidos en Colombia, tras la propuesta de reforma fiscal del presidente Iván Duque.

Néstor Humberto Martínez fue ministro de los presidentes Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos y luego fiscal general de la República hasta 2019. Durante su gestión fue acusado por fraude procesal, tráfico de influencias, extralimitación de funciones, abuso de autoridad y concierto para delinquir relacionados con el caso Odebrecht, en el que obstruyó las investigaciones que vincularían a políticos y grupos empresariales con la constructora brasileña. También el Ministerio Público bajo su dirigencia estuvo involucrado en el escándalo de las “chuzadas” o interceptaciones telefónicas ilegales contra políticos, periodistas o ciudadanos.

Por último, vale destacar que Colombia registra en su historia reciente el asesinato de candidatos presidenciales como una manera de torcer resultados electorales e intimidar a partidos de izquierda que pretendan ocupar la primera magistratura de esa nación, tal como fueron los casos de Jaime Pardo Leal (1986), Luis Carlos Galán (1990), Bernardo Jaramillo (1990), Carlos Pizarro Leongómez (1990) y Álvaro Gómez Hurtado (1995).

(LaIguana.TV)

 

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