La corrupción parece devenir en un flagelo indisociable del ejercicio de gobierno y en América Latina, desde hace décadas no son infrecuentes los escándalos de esta clase, que en no pocas ocasiones han implicado a presidentes y expresidentes, sin que ello signifique necesariamente que los sindicados sean realmente culpables, pues las motivaciones políticas también suelen estar detrás de las acusaciones.

Tal fue el tema elegido por el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela para la edición 336 de su programa Desde Donde Sea, que se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora de Venezuela, a través de YouTube, Instagram, Facebook y Twitter en los canales de LaIguana.TV.

Cazador cazado: Bolsonaro sindicado por corrupción en la compra de vacunas

Para comenzar la discusión, refirió que varios senadores brasileños solicitaron este lunes 28 de junio a la Corte Suprema de ese país la apertura de una investigación contra el presidente,Jair Bolsonaro, por presuntos delitos de corrupción asociados a la compra de vacunas anticovid con la farmacéutica india Bharat Biotech.

El experto cuestionó que el presidente brasileño, además de manejar deficientemente la pandemia y ser un enemigo jurado de las vacunas, igual habría pretendido aprovecharse del drama sanitario para hacer negocios con los inmunizadores.

Detalló, asimismo, que el senador Randolfe Rodrigues señaló que el mandatario estaría enfrentando «varios casos de tráfico de influencias, corrupción pasiva y activa, prevaricación y otros delitos», relacionados con el contrato de intención de compra firmado entre el gobierno y la empresa india Bharat Biotech por 20 millones de dosis de la vacuna CovaxIn.

En su denuncia, agregó, Rodrigues estuvo respaldado por los legisladores Jorge Kajuru y Fabiano Contarato y explicó que en la transa, que tuvo un costo de 320 millones de dólares, se cometieron «numerosas irregularidades» en la adquisición de «vacunas aún no certificadas por la agencia reguladora de Brasil, a un precio once veces mayor al estipulado por el fabricante».

Pérez Pirela refirió que el pasado viernes 25 de junio, el diputado Luis Miranda reveló a una comisión del Senado que en dicha negociación con Bharat Biotech, se acordó depositar parte del pago por las vacunas a una empresa que no figuraba en el contrato, la firma Madison, con sede en Singapur, dato calificado como «altamente sospechoso» por la comisión parlamentaria y al cual se suman con otras cláusulas del contrato, que tenía como «intermediario» a un empresario brasileño.

Un funcionario del ministerio de Salud aseguró en el senado que había recibido presiones para acelerar el proceso de autorización de la vacuna, al tiempo que Miranda aseveró que Bolsonaro estaba al corriente del esquema de corrupción.

El reporte de la cadena teleSUR compartido por el comunicador sobre el caso, precisa que el Ejecutivo firmó para adquirir 20 millones de dosis, que tienen un precio por unidad de 15 dólares –las más costosas de todas cuantas se adquirieron– a un precio de 15 dólares cada una, sin que hasta el momento se haya entregado ninguna.

Del lado del empresariado, completó, el sindicado sería Francisco Maximiano, quien ya incurrió en fraudes en el área de la salud, pues era el dueño de otra empresa investigada por corrupción por haber «vendido» al ministerio de Salud unos insumos médicos que nunca entregó.

Tras el escándalo, el gobierno acusó a Miranda de «calumniar» y «traicionar» a Bolsonaro, quien alega desconocer detalles de las negociaciones para la compra de la CovaxIn y subraya que no se ha pagado «un centavo», pues el fármaco aún no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias.

El propio Bolsonaro reaccionó este sábado a los señalamientos hechos la víspera por la comisión parlamentaria de investigación (CPI) del Senado, señalando que las investigaciones que adelanta son mentiras.

«No sirve de nada que ataquen, inventen o quieran calumniarnos porque no lo conseguirán. Solo una cosa me saca de Brasilia, nuestro Dios. No van a ganar en los despachos, ni inventando narrativas», alegó.

En juicio del analista venezolano, esa frase del gobernante brasileño, en la que asegura que solo Dios lo sacará de Brasilia, es indicio de un señalamiento largamente avanzado por sus críticos, que sostienen que Bolsonaro pretende perpetuarse en el poder a través de mecanismos antidemocráticos.

Si las elecciones fueran hoy, Lula le ganaría a Bolsonaro en la primera vuelta

En otro ángulo de la situación, Pérez Pirela discutió los resultados de una encuesta realizada por el Instituto IPEC, que pueden consultarse en el artículo intitulado: «¿Lula o Bolsonaro? Este sería el resultado de una primera vuelta en comicios de Brasil (+Encuesta)», publicado en el portal de LaIguana.TV, en los que se indica que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) vencería al actual mandatario Jair Bolsonaro en primera vuelta, si los comicios generales del país fueran hoy.

Al día de hoy, refirió, Lula tiene el 49% de la intención de voto frente al 23% de Bolsonaro, según la encuesta realizada entre el 17 y el 21 de junio a 2.002 personas en todo el país, con un margen de error aproximado de 2%, recoge el portal de noticias Local G1.

Si bien falta más de un año de las elecciones presidenciales, previstas para octubre de 2022, el líder del Partido de los Trabajadores tiene 11% más que la suma de sus posibles oponentes, agregó el analista.

Sus competidores más cercanos –el laborista Ciro Gomes, el gobernador de São Paulo, João Doria y el exministro de Salud Luíz Henrique Mandetta, tienen 7%, 5% y 3% de respaldo, respectivamente, indica esta investigación.

«Lula también obtuvo una mayoría favorable ante la pregunta de a qué candidato votarían con seguridad o no lo harían en absoluto, con 61% de los encuestados que manifestó que lo apoyaría frente al 50% que sumaba en febrero y un 36% que no lo haría (44% en febrero)», sintetizó el filósofo venezolano.

Con respecto al apoyo a Bolsonaro, mencionó que un 33% dijo que lo votaría o podría hacerlo, cinco puntos porcentuales menos que en febrero y un 62% que no lo haría en absoluto (56% en febrero).

Para cerrar este punto, puntualizó que las oportunidades de Lula aumentaron luego de que la justicia del país anulara las condenas penales en su contra, posibilitando que se presente como candidato, mientras que Bolsonaro ha perdido apoyo debido a su manejo de la pandemia de COVID-19, que en Brasil ha dejado más de 500.000 muertos.

La verdad sale a relucir: Lula es absuelto y recupera sus derechos políticos

Miguel Ángel Pérez indicó que el pasado 21 de junio, la justicia federal de Brasil absolvió al expresidente Lula da Silva y a otros acusados en un supuesto caso de corrupción pasiva en el marco de la llamada Operación Zelotes.

A este respecto, relató que el juez Frederico Viana, de la justicia federal del Distrito Federal, aseguró en su decisión que la denuncia de la Fiscalía, presentada en 2017, «carece de elementos, incluso de indicios, que puedan fundamentar, más allá de cualquier duda razonable, un eventual juicio condenatorio de los imputados», de acuerdo con lo publicado por el portal de noticias Local G1.

Específicamente, a Lula se le acusó de publicar una medida provisional para favorecer a empresas del sector automovilístico a cambio de coimas, cuando aún era presidente, en 2009.

La Fiscalía aseveró que empresarios del sector habrían prometido seis millones de reales –unos 1,2 millones de dólares– para financiar las campañas electorales del Partido de los Trabajadores (PT).

No obstante, la acusación no pudo sostenerse y tanto el expresidente como su exministro y exjefe de Gabinete, Gilberto Carvalho, así como cinco empresarios del ramo fueron absueltos. 

Así las cosas, Pérez Pirela apuntó que tras la decisión judicial, la defensa de Lula remarcó en un comunicado que la sentencia «refuerza que el expresidente fue víctima de una serie de acusaciones infundadas y con motivación política».

Además, los abogados recordaron que en todos los casos juzgados hasta el momento, Lula fue absuelto, a excepción de los dos casos que fueron conducidos por el exjuez Sérgio Moro y que fueron recientemente anulados por el Supremo Tribunal Federal «por la incompetencia y parcialidad del exmagistrado».

Fue esa anulación, redondeó el analista, la que permitió que Lula recuperara sus derechos políticos y la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones de 2022, para las que parte como favorito en todas las encuestas.

El inefable Sérgio Moro

En los procesos contra Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como en la Operación Lava Jato, instancia constituida para investigar presuntos casos de corrupción, el exjuez Moro jugó un rol estelar.

Por ello, Pérez Pirela estimó conveniente  presentar un perfil de sus acciones, que iniciaron con el acoso al gobierno de la expresidenta Rousseff, quien acabó siendo destituida en un controvertido juicio político y siguieron con la imposición de una condena de nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero sobre Lula.

En el marco de la Operación Lava Jato, recordó, Moro llevó a prisión a políticos y a algunos de los empresarios más ricos de Brasil, pero si bien recibió aplausos por condenar a presuntos, otros advirtieron que había quebrantado la ley, dado su perfil político y el tiempo pareció darles la razón, pues fue designado como ministro de Justicia y Seguridad Pública en el gabinete de Jair Bolsonaro.

Adicionalmente, aunque es cierto que en los casos asociados a Lava Jato cayeron políticos de todo el espectro, no menos lo fue que Moro parecía especialmente duro con la izquierda, en concreto con Lula, que salió en libertad el pasado 8 de noviembre tras estar 19 meses en prisión, tras una resolución del Tribunal Supremo Federal de Brasil que establecía que, conforme a la Constitución brasileña, un condenado solo puede ir a prisión una vez haya agotado todos sus recursos.

Sin embargo, las mieles entre Moro –quien tiene aspiraciones presidenciales– y Bolsonaro duraron poco, indicó el también director de LaIguana.TV, pues en abril de 2020, entregó su cargo tras diferencias con el mandatario por su manejo de la Policía Federal.

Al momento de su renuncia, Moro explicó que renunció por la destitución del director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, mencionó la necesidad de tener autonomía para ejercer sus funciones y acusó a Bolsonaro de interferir con la lucha contra la corrupción, pues, según su versión, el gobernante le había revelado que buscaba reemplazar a Valeixo porque quería en el cargo a alguien con quien tener «contacto personal, para llamarlo y pedir información, informes de inteligencia».

El 2 de mayo de 2020, continuó relatando, Moro testificó para sostener sus acusaciones, presentó conversaciones, audios y correos electrónicos en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en una comparecencia que duró ocho horas, e incluso, O Globo reportó que el exfuncionario puso a disposición su celular para un examen pericial.

Para concluir este tema, el analista destacó que pocas horas antes de que su otrora aliado rindiera declaración ante las autoridades, Bolsonaro le llamó «Judas».

En Argentina, la justicia imputa a Macri por corrupto

La imputación del expresidente argentinoMauricio Macri por supuesto ocultamiento de su patrimonio, tras una denuncia que presentara la Oficina Anticorrupción (OA), es el escándalo de corrupción más reciente que empaña a la región.

Por tal razón, Pérez Pirela apuntó los detalles que hasta este momento se conocen del caso, que aparentemente se trataría de una operatoria ilegítima del fideicomiso ciego de Macri, acompañada de una serie de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas oportunamente por el expresidente, y de las que se desprende que se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2020.

A lo anterior se suma un eventual lavado de activos relacionados con las sociedades Agro G S.A. y Latin Bio suscritos por Macri cuando asumió la presidencia, con el fin de desentenderse del manejo de parte de su propio patrimonio, según trascendió en la denuncia de OA. La jueza María Servini está a cargo del caso.

Perú: seis expresidentes acusados por corrupción en los últimos 30 años

Aunque no se hable del tema en los medios ni en los foros políticos regionales o globales, para Miguel Ángel Pérez Pirela es importante enfatizar que en Perú, ocho expresidentes han sido acusados por actos de corrupción.

A este respecto, puntualizó que desde Alberto Fujimori, hasta Martín Vizcarra, han sido seis los mandatarios con procesos judiciales, investigaciones, condenas, destituciones del Congreso, e incluso un suicidio, por casos de corrupción, un flagelo que socava la legitimidad de las instituciones, y mantiene a la nación sudamericana en constante inestabilidad política.

El más reciente exmandatario bajo la lupa de la justicia por la comisión de presuntos actos de corrupción fue Manuel Merino, quien ejerció brevemente la primera magistratura entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020.

Merino, que era el presidente del Congreso dominado por la oposición, tomó la presidencia tras la expulsión de su antecesor, Martín Vizcarra, en una decisión que desató una ola de manifestaciones que dejaron un saldo de dos muertos y decenas de heridos, eventos que, a su vez, desencadenó la renuncia de más de la mitad del gabinete.

En medio de ese caos, el mismo fragmentado Congreso que le le llevó al poder, le pidió la renuncia «inmediata» al político, que pertenece al partido de centro derecha Acción Popular.

Antes de Merino, estuvo en la presidencia Martín Vizcarra (2018-2020). Según reportes de la prensa local, supuestamente recibió, 2,3 millones de soles –unos 640.000 dólares– en sobornos de dos empresas que ganaron la licitación de obras públicas, cuando fue gobernador de una región del sur del país hace siete años, algo que él ha negado.

También la Fiscalía peruana asegura que «existe mérito» para investigarlo por su presunto su vínculo con la contratación irregular de un cantante poco conocido como asesor motivacional, escándalo que desató el primer intento para expulsarlo y que finalmente no prosperó.

El antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), tampoco estuvo exento de las acusaciones de corrupción e incluso ya fue detenido preventivamente en su domicilio, en razón de una investigación que se le sigue por presuntamente favorecer contratos a la transnacional brasileña Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego, mientras ejercía como ministro del expresidente Alejandro Toledo.

Y aunque Kuczynski negó inicialmente tener algún vínculo con el grupo brasileño, terminó por reconocer que su consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de proyectos que había ganado mientras era ministro, tras lo cual se vio forzado a renunciar.

Ollanta Humala, quien condujo las riendas de Perú entre 2011 y 2016, es investigado por presuntamente recibir tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral presidencial del 2011. Según la versión de la Fiscalía, parte de los fondos los ingresó a su partido y otra parte la usó para elevar su patrimonio y el de su esposa, Nadine Heredia.

Sobre Humala, que estuvo nueve meses en prisión preventiva, los fiscales han solicitado 20 años de prisión, pero el proceso judicial aún no ha comenzado. El exmandatario ha dicho que planea postularse a las elecciones presidenciales del 2021.

A esta lista se añade Alan García, quien gobernó el país andino en dos oportunidades, primero entre 1985 y 1990 y luego entre 2006 y 2011.

El caso, indicó el comunicador, tuvo un trágico final, porque García se suicidó en abril del 2019 con un disparo en la cabeza cuando la Policía se disponía a arrestarlo por un esquema de sobornos vinculado a Odebrecht, a pesar de que había negado reiteradamente las acusaciones.

En relación con el primer gobierno de García, precisó que en esos años el país padeció los embates de la hiperinflación y de la violencia de grupos rebeldes, aunque  los peruanos le dieron años después al carismático líder político un segundo mandato en el que siempre estuvo bajo la lupa judicial.

Entre 2001 y 2006 ejerció la presidencia de Perú Alejandro Toledo, quien en la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza en los Estados Unidos mientras enfrenta un proceso de extradición a su país, donde está acusado de recibir sobornos por 20 millones de dólares de Odebrecht durante su mandato.

El exmandatario, que ha rechazado las imputaciones, estuvo arrestado casi ocho meses en una prisión de California, pero para la justicia peruana, Toledo es un fugitivo desde el 2017, completó.

La excepción en esta lista la constituye Valentín Paniagua (2000-2001) –ya fallecido–, quien es el único exmandatario peruano de las últimas tres décadas que no ha tenido acusaciones de corrupción.

Paniagua, explicó el experto, lideró un gobierno de transición tras la renuncia del entonces presidente, Alberto Fujimori por fax desde Japón, luego de que estallara el que ha sido considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia del país sudamericano.

De todos los acusados, el único que cumple una condena penal es Alberto Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y 2000 y se le impuso una pena de 25 años de prisión por ser autor intelectual del asesinato de 25 personas, entre ellas un menor, por parte de un grupo militar y policial que actuaba bajo la sombra en la lucha contra del grupo armado Sendero Luminoso, que pretendía hacerse con el poder a través de métodos violentos.

Sobre Fujimori, añadió, también pesa una condena por corrupción, pero aún así fue indultado por Kuczynski en la navidad del 2018, aunque el fallo fue anulado a inicios de 2019, durante el periodo de gobierno del ahora destituido Vizcarra.

La actual candidata presidencial, Keiko Fujimori, hija del expresidente, tampoco se ha librado del ojo de la justicia de su país, pues está acusada de lavado de activos y otros delitos relacionados con la presunta recepción de aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y aportes de empresarios peruanos para sus campañas de 2011 y 2016, por lo que la Fiscalía está solicitando una condena de 30 años de cárcel.

Previamente, la política derechista, que pertenece al  partido Fuerza Popular, ya había cumplido dos períodos de prisión preventiva entre 2018 y 2020, pero desde mayo de 2020 enfrentaba el proceso en comparecencia restringida, si bien a inicios de junio la Fiscalía solicitó que vuelva a prisión preventiva.

La justicia sudafricana condena a prisión al expresidente Jacob Zuma

En ocasión de mostrar que la corrupción no es una característica de los gobiernos de América Latina, antes de dar paso a su intercambio con la audiencia, Pérez Pirela relató los pormenores tras la condena a 15 meses de prisión que le impusiera este martes la Corte Constitucional de Sudáfrica al expresidente del país, Jacob Zuma.

Así, explicó, Zuma, de 79 años, fue declarado culpable de desacato al tribunal tras negarse a testificar ante un panel judicial que investiga la corrupción durante su administración (2009-2018).

De acuerdo con los reportes de la prensa, el exmandatario solo compareció una vez ante la comisión de investigación e ignoró los llamados a presentarse que le hicieron previamente, arguyendo razones médicas o que estaba preparando su defensa en otros casos.

La jueza a cargo del caso, Sisi Khampepe, leyó el veredicto en el máximo tribunal sudafricano en Johannesburgo, donde se indicó que Zuma intentó minar la autoridad del poder judicial con «ataques atroces» y «calculados».

Así, en aras de mantener la confianza de la sociedad en la justicia y garantizar que prevaleciera «el imperio de la ley», el Tribunal estipuló que no había otra alternativa mas que enviar un «mensaje rotundo», razón por la cual Khampepe aseveró que «el Tribunal Constitucional solo puede concluir que Zuma es culpable de desacato a la justicia».

El dictamen establece que Zuma debe entregarse a la policía en un plazo de cinco días y, de no hacerlo, el Ejecutivo, mediante el ministerio de Seguridad deberá asegurar que se cumplan las órdenes, refirió el analista.

Para concluir, apuntó que el exjefe de estado sudafricano, quien dimitió en 2018 tras una serie de escándalos, enfrenta varios cargos de fraude, corrupción y crimen organizado, relacionados con la compra de equipamiento militar a cinco empresas europeas de armamento cuando ocupaba la vicepresidencia, en 1998.

(LaIguana.TV)

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