La Fiscalía General de Bolivia informó que admitió la demanda de un cuarto juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez por genocidio y otros delitos, sin perjuicio de los procesos ya abiertos contra la expresidenta transitoria (2019-2020).

«Habiendo sido admitida la proposición acusatoria (…), mediante resolución fundamentada emitida por mi autoridad, a fines de control jurisdiccional, hago conocer que se ha dado inicio a la fase de acumulación de antecedentes», dijo el fiscal general, Juan Lanchipa, en comunicación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El nuevo proceso, planteado por víctimas y familiares de víctimas de masacres políticas ocurridas en los primeros días de la gestión de Áñez, sería el primero por delitos de lesa humanidad que enfrentaría la exsenadora conservadora que se autoproclamó presidenta tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).

La Fiscalía, que concluyó en semanas pasadas las investigaciones para otros tres juicios de responsabilidades contra Áñez por delitos administrativos y económicos, presentó las acusaciones formales correspondientes al TSJ, que espera ahora la autorización del parlamento para abrir los procesos finales.

El «aviso de inicio de investigaciones» enviado por Lanchipa al TSJ precisa que la nueva demanda contra Áñez fue presentada originalmente el 1 de julio y ratificada dos días después.

El anuncio abre la fase preliminar del proceso, en la cual la Fiscalía determinará primero si hay material suficiente para sustentar una acusación que presentaría luego al TSJ y éste al parlamento, según el procedimiento legal boliviano.

Los juicios de responsabilidades deben ser autorizados por dos tercios de votos del parlamento, lo que significa que el gobernante Movimiento Al Socialismo, aunque mayoritario, deberá sumar apoyos de la oposición conservadora que en parte apoyó la gestión de Áñez.

La comunicación de Lanchipa al TSJ indica que la demanda de juicio de responsabilidades contra Áñez, por las masacres políticas ocurridas en Senkata (El Alto, La Paz) y Sacaba (Cochabamba, centro) a mediados de noviembre de 2019, fue presentada por una veintena de personas.

Los demandantes representan a familiares de los más de 30 fallecidos y a decenas de heridos en esos sucesos tras los cuales Áñez logró acallar provisionalmente las protestas contra su llegada al poder.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue el primer organismo internacional que calificó a esos hechos como masacres, envió a fines de 2020 un grupo de expertos independientes que está actualmente en la fase final de elaboración de un informe.

El parlamento, que hizo su propia investigación el año pasado, aprobó una resolución que pide también juicio de responsabilidades contra Áñez, su gabinete ministerial y varios exjefes militares y policiales.

La inclusión del gabinete en la resolución parlamentaria se debe a que las operaciones militares que derivaron en las masacres fueron autorizadas por un decreto que eximió de responsabilidades penales a los uniformados.

(Sputnik)