El brazo económico-financiero detrás de todas las desestabilizaciones que vemos en estos tiempos se camufla bajo un nombre que hace pensar en cooperación y altruismo: la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Detrás de esa fachada encontramos situaciones de la realidad actual como la del asesinato del presidente Haití; la represión en Colombia; los desmanes de las megabandas en Caracas; y los factores mediáticos recientemente activados en Cuba. Cuando se formula la pregunta: ¿de dónde sale el dinero que estructura estos procesos desestabilizadores?, la respuesta nos lleva a un mismo país, Estados Unidos, y dentro de este a una entidad muy específica: todos los caminos conducen a la USAID.
La investigación de Desde Donde Sea del jueves 15 de julio procuró encontrar algunas de esas rutas que comienzan con el financiamiento y la asesoría de esa agencia diseñada por EE.UU. para perfeccionar sus mecanismos de injerencia en otros países.
El tema surge a propósito de los acontecimientos señalados, pero adquiere más relieve por las quejas de la misma USAID en contra de uno de los beneficiarios de su “caridad”: el autoproclamado Juan Guaidó, a cuyo seudogobierno la agencia estadounidense acusa de haber utilizado indebidamente 98% de la ayuda que recibió con fines humanitarios.
Miguel Ángel Pérez Pirela abrió fuegos editorialmente, mostrando una Ilustración de Iván Lira para LaIguana.TV en la que puede leerse la frase “Guaidó no se aferra al poder sino a la corrupción”, junto a un hombre abrazado a un saco de dólares. “Es el arte resumiendo en una imagen lo que ameritaría horas y horas de palabras -comentó el moderador del programa-. Todo hace pensar que no le preocupa el poder sino la plata”.
Ladrón que roba a ladrón
El tema ilustrado por Lira se desarrolla en una nota de LaIguana.TV titulada “¿Fraude? USAID desconoce qué hizo Guaidó con 98% del dinero de la ayuda humanitaria a Venezuela”.
“En esta nota se explica que Guaidó, que en realidad es Leopoldo López, estafó a los estafadores. Se robó esos reales, porque decir 98% es una manera elegante de decir que se quedaron con toda la plata. Se podría decir que son como el ladrón que roba a otro ladrón y merece algo de perdón, pero la verdad es que ese dinero que otorga la USAID es solo un repele de algunos cientos de millones de dólares que EE.UU. le da a la oposición corrupta, luego de robarse miles de millones que nos pertenecen a las venezolanas y los venezolanos”, explicó el filósofo y comunicador.
El texto de la referida noticia expresa que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) criticó, a través de un informe, la gestión de los fondos destinados a supuesta ayuda humanitaria en Venezuela, entregados al exdiputado Juan Guaidó.
El informe, titulado Procesos mejorados y requerimientos del implementador necesarios para los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta de USAID con respecto a Venezuela, fue publicado en abril pasado; sin embargo, apenas en los últimos días, los medios locales venezolanos han publicado algo al respecto.
De acuerdo con la USAID, su financiamiento ascendió a 507 millones de dólares para los años fiscales 2017-2019, de los cuales 260 millones de dólares se destinaron a la «asistencia humanitaria» y 247 millones a la «asistencia al desarrollo».
“Esto se cuenta y no se cree. Primero nos iban a salvar humanitariamente y luego nos iba a encaminar al desarrollo. Pero ¿alguien del pueblo necesitado ha recibido un dólar de esto? Nadie, salvo personajes como el Koki”, dijo Pérez Pirela, en referencia a uno de los líderes negativos de la banda de la Cota 905.
Prosigue el despacho noticioso señalando que los fondos se le otorgaron a la oposición venezolana para que los invirtiera en su país. Otras naciones, como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago también recibieron dineros de la institución estadounidense, pues a su juicio, dan respuesta a la crisis regional de Venezuela.
“Les dieron plata porque supuestamente ayudan a Venezuela. ¡Dios mío, santo!”, exclamó el presentador.
Ayuda en Colombia enviada a Somalia
La asistencia humanitaria otorgada por la USAID al supuesto gobierno encargado fue administrada por la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de EE.UU. (OFDA, por sus siglas en inglés), la Oficina de Alimentos para la Paz (FFP) y la Oficina para América Latina y el Caribe (oficina LAC) de la USAID.
En el informe, la USAID hace referencia a un caso puntual y señala que la OFDA y FFP gastaron aproximadamente 2 millones de dólares para comprar y transportar 368 toneladas métricas de productos humanitarios a la frontera entre Colombia y Venezuela y Curazao, entre febrero y abril de 2019.
“Eso no lo hemos visto por acá, no sabemos dónde está. Claro que no es extraño que se haya perdido. ¿A quién se le ocurre entregarle dinero a Guaidó? ¿Cómo Guaidó podría gestionar la entrada de productos humanitarios si no gerencia ni el baño de su casa? Pero si queremos tener una idea de adónde fue a parar ese dinero, tenemos que preguntarnos de qué viven Pizarro en Nueva York, Borges en Bogotá, Ledezma y López en Madrid. Yo no sé de qué viven, lo que sí sé es que viven como millonarios”.
El informe señala que «para agosto de 2019, solo se entregaron 8 toneladas métricas de productos a Venezuela, y las 360 toneladas métricas restantes se distribuyeron dentro de Colombia o se enviaron a Somalia. Es decir, apenas un 2% de la ayuda humanitaria llegó a manos de los supuestamente necesitados, mientras que el 98 % restante tuvo usos distintos a sus propósitos originales.
Pérez Pirela se pregunta dónde están esas ocho toneladas métricas y no duda en asegurar que se trata de una mentira, incluso ese 2% que se salvó de la apropiación indebida.
Según la agencia estadounidense, también se firmó «un acuerdo de subvención en especie» con Guaidó en febrero de 2019 para proporcionar 334.000 dólares en artículos humanitarios para que fueran transportados desde Cúcuta, Colombia, hasta Venezuela. El intento de ingresar esta presunta ayuda humanitaria ocurrió el 23 de febrero de 2019, pero un día antes, el gobierno venezolano ordenó el cierre de la frontera debido a amenazas de acciones militares y ante lo que el presidente Nicolás Maduro catalogó como un show barato.
“Ese fue el episodio en el que estuvieron los reguetoneros vulgarotes, incluyendo a Nacho, que estaba exiliado en Miami, huyendo de la dictadura y ahora vive tranquilo en Margarita. Son los mismos que ahora han salido a pedir SOS para Cuba, pero callaron con respecto a Colombia. Era una mampara para la invasión del país. Allí, en Cúcuta había marines, paramilitares, guarimberos y militares desertores, que luego quedaron abandonados a su suerte en Colombia”, comentó.
Ese día, uno de los camiones fue quemado y la oposición venezolana se lo atribuyó a la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, luego se descubrió que se trató de un falso positivo, puesto que el incendio fue provocado por los mismos opositores apostados en el lugar.
Para tener un recuerdo más fresco de este acontecimiento, presentó un video de LaIguana.TV del momento de la quema del camión. Se observa a los manifestantes violentos preparando cocteles molotov, con las que luego se genera el incendio del vehículo. Estas imágenes desmienten otro video, del canal ultraderechista NTN24, en el que el reportero asegura que el transporte fue quemado por las bombas lacrimógenas lanzadas desde el lado venezolano.
“Tal vez en esa gandola estaba el 2% que dice la USAID, aunque se comprobó que no era ayuda humanitaria, sino pertrechos para causar violencia”, acotó.
La USAID, en su informe, reprochó además que «no todos estos productos humanitarios se colocaron previamente sobre la base de evaluaciones de necesidades». Por ejemplo, añade, se incluyeron alimentos complementarios listos para usar que la OFDA y la FFP «ya habían determinado que eran innecesarios, porque el estado nutricional de los niños venezolanos no justificaba su uso en ese momento».
Este no es el primer escándalo en torno a recursos manejados por Guaidó y otros dirigentes opositores venezolanos. A mediados de junio de 2019 se conoció el denominado caso ‘Cucutazo’, que hacía referencia a que representantes de Guaidó se apropiaron de fondos para la ayuda humanitaria, proveniente de EE.UU., Canadá, Alemania, Suecia, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y la Comisión Europea, así como los fondos recaudados durante un concierto realizado en Cúcuta.
Recordó Pérez Pirela que en el “Cucutazo”, varios de los dirigentes opositores, incluyendo otros diputados, terminaron emborrachándose, consumiendo drogas y contratando prostitutas. De resultas, el asistente de uno de los parlamentarios falleció, al parecer de una sobredosis.
¿Intervención disfrazada? la verdad detrás del Live Aid
Con la supuesta premisa de recaudar fondos para el envío de «ayuda humanitaria» a Venezuela y bajo una gran promoción comercial y mediática, se llevó adelante el 22 de febrero de 2019 en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia, el concierto Live Aid Venezuela, organizado por el magnate británico Richard Branson.
El evento contó con la presencia de más de 15 cantantes internacionales y coincidió con el cínico ultimátum establecido por Guaidó, que fechó para el sábado 23 de febrero de 2019 el ingreso al país de un cargamento de «ayuda humanitaria» proveniente de Estados Unidos.
Las cajas de suministros enviadas a través de la USAID y el Departamento de Estado, permanecieron acopiadas en un almacén en las inmediaciones del puente internacional de Tienditas, escenario del megaconcierto. Eso fue lo más cerca que estuvieron de invadir a Venezuela.
El autoproclamado Guaidó anunció en febrero de 2019 la creación de una “coalición de ayuda humanitaria” coordinada entre la USAID y los gobiernos de Colombia, Brasil y Curazao, junto a una red de voluntarios, con la que se pretendía, según él, garantizar el ingreso de las donaciones a Venezuela.
“Esto lo vamos a meter pase lo que pase y cueste lo que cueste», amenazó el opositor Ismael García al recorrer el centro de acopio.
El presentador del programa recordó que el entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, mano derecha de Guaidó, Stalin González, le dijo algo parecido unos días antes, cuando coincidieron en una emisora radial. “Me juró de que esa ayuda entraba sí o sí… pero no entró y ahora Stalin está sentado con el Gobierno, negociando para ir a elecciones. Le dio la espalda a Guaidó”.
En el mismo sentido se pronunció Lester Toledo, representante designado por Guaidó para la logística de la distribución, que detalló que las cargas ingresarían en la nación suramericana a través de Cúcuta, Colombia; Roraima, Brasil; y desde Curazao en «una flotilla de barcos» hasta el estado venezolano de Falcón.
Steve Olive, funcionario estadounidense de la USAID para América Latina, indicó en ese momento que el organismo tenía planes de participar y supervisar la entrega “una vez que sea seguro”.
El propio director de la USAID, Mark Green, al ser consultado sobre cuál sería la respuesta de EE.UU. si fallaban los planes para distribuir la «ayuda», expresó, en línea con declaraciones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que «todas las opciones están sobre la mesa» para Venezuela.
“Así amenazaban a Venezuela todos ellos, lo decían cada dos por tres”, expresó el conductor del espacio, antes de presentar un tuit de Telesur acompañado de un video con declaraciones del exdirector del FBI Andrew McCabe, quien relata que el presidente Trump preguntó en una reunión ‘¿por qué no estamos en guerra con Venezuela si tiene todo el petróleo y están en nuestra puerta trasera?’ El exfuncionario dijo que le preocuparon esas apreciaciones del entonces jefe de Estado.
Ante ese concierto también se alzaron importantes voces de protesta. Roger Waters, legendario músico británico fundador de Pink Floyd, rechazó la realización del evento. “Esto no tiene nada que ver con ayuda humanitaria… tiene que ver con Richard Branson y no estoy sorprendido por ello, habiéndose unido a EE.UU. en su afán de apropiarse a Venezuela, por cualesquiera sean las razones, las cuales no tienen nada que ver con democracia, nada que ver con libertad y nada que ver con ayuda”, fustigó Waters en un video difundido a través de las redes sociales.
Varios de los artistas convocados, entre ellos Juanes, Miguel Bosé, Carlos Vives y Ricardo Montaner, también participaron en 2008 del concierto Paz sin fronteras, luego de que la Fuerza Aérea de Colombia emprendiera la Operación Fénix que contempló la incursión militar en territorio ecuatoriano y desató un conflicto diplomático.
“Por cierto, no los escuchamos decir nada por lo ocurrido en Colombia”, insistió Pérez Pirela.
El verdadero motivo
En esos días, funcionarios oficiales y medios revolucionarios e independientes, advirtieron que el concierto y la ayuda humanitaria eran parte de un montaje para incursionar en el país e imponer un cambio de gobierno. Esto ahora es confirmado por voceros de la misma agencia gubernamental estadounidense, tal como lo refleja un titular de LaIguana.TV que reza “USAID admite que la ‘ayuda humanitaria’ de 2019 perseguía un cambio de gobierno en Venezuela”.
La nota indica que el cargamento de insumos que pretendió ingresar esa agencia estadounidense a Venezuela el 23 de febrero de 2019 usando como pretexto brindar ayuda humanitaria al pueblo venezolano, perseguía en realidad conseguir el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En un trabajo investigativo del periodista Joshua Goodman para The Associated Press (AP), se detalla que el informe “plantea dudas sobre si el envío de provisiones fue motivado por el intento estadounidense de provocar un cambio de régimen más que por un análisis técnico de las necesidades y de la mejor manera de ayudar a los venezolanos que lo requerían”.
“El documento señala que el envío de provisiones de Estados Unidos respondió en parte a la campaña del gobierno de Trump para ejercer presión sobre Maduro, en vez de simplemente brindar ayuda a los venezolanos que la necesitaban”, sintetiza Goodman.
Uno de los puntos más polémicos del reporte es que se cuestiona que la carga arribó a Colombia en aviones C-17 de la Fuerza Aérea “en lugar de opciones comerciales más económicas que estaban disponibles”, destaca AP.
“Para impulsar a Guaidó, la USAID -creyendo que Maduro se había apropiado de las agencias de Naciones Unidas- recortó el financiamiento de la ONU pese a que algunas de las agencias de la organización contaban con la infraestructura dentro de Venezuela para distribuir las provisiones”, refiere la agencia estadounidense.
En su lugar, recibió fondos “un organismo venezolano sin fines de lucro” -cuyo nombre no trascendió en el reporte-, “con base parcial en su alineación con la política exterior de Estados Unidos, a pesar de que había dudas de su capacidad para cumplir con los requisitos legales y financieros de la agencia”, lo que se compadece con las denuncias relacionadas con los manejos dolosos de los fondos recabados para prestar “ayuda humanitaria” al pueblo venezolano surgidas en el seno de la oposición.
“Queda claro que tanto la USAID con su informe, como la AP con su reportaje, están coincidiendo en que Guaidó es un ladrón. Le robó al país que robó a Venezuela. Quizá algún perdón tenga, pero no mucho porque ese dinero que él se roba es, en realidad de todos los venezolanos y todas las venezolanas”, enfatizó Pérez Pirela.
¿Qué es la USAID?
Esta no es la primera vez que la polémica agencia es señalada de injerencia por un gobierno extranjero. Pero, ¿de qué se encarga?, ¿cuál es su verdadero papel? En este programa se explicó.
La USAID fue creada por una orden ejecutiva del presidente John F. Kennedy en 1961, luego de que el mandatario pensara que hacía falta «una oficina que se encargara de administrar la ayuda a países extranjeros, para promover el desarrollo social y económico», según se lee en su página web.
Cinco décadas más tarde, la agencia dispone de más o menos el 1% del presupuesto federal que le asigna el Congreso para «prestar ayuda».
Gobiernos de distintos países la han acusado de injerencia en los asuntos internos de las naciones.
Citada por la BBC, la revista Foreign Policy recuerda en un artículo que durante las décadas de 1960 y 1970, la agencia se asoció con la ahora clausurada Oficina de Seguridad Pública de la CIA, un departamento señalado de formar a cuerpos de seguridad extranjeros en «técnicas de terrorismo y tortura».
Aunque la USAID siempre ha negado participación en este tipo de actividades, en 1973 el Congreso decidió eliminar el programa, debido a que tales acusaciones estaban dañando la imagen pública de Estados Unidos.
«Cuando el programa fue cerrado, la USAID ya había ayudado a capacitar a miles de militares y policías en Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia y otros países que ahora son tristemente célebres por su trato a los disidentes políticos», señala el artículo.
En épocas más recientes, las actividades de intromisión por parte de Estados Unidos han sido denunciadas no solo por Cuba, sino también por países como Venezuela, Bolivia y Rusia.
Esta misma semana, su injerencia es obvia en la campaña contra Cuba en redes sociales #SOSCuba. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, retó a Washington a desmentir que una compañía asentada en Miami (Florida), que promovió la reciente campaña mediática contra la isla con apoyo de la red social Twitter, habría recibido financiamiento por parte del gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado o de la USAID.
Consignó un material audiovisual en que Bruno Rodríguez se refiere a la campaña #SOSCuba: «Acuso y emplazo al gobierno de los EE.UU. a que reconozca o desmienta que la compañía establecida en Miami, en la Florida, que generó esta etiqueta y generó esta campaña, recibió hace pocos días un certificado del gobierno republicano de la Florida para actuar con fondos estaduales. Los principales operadores políticos de esta compañía estarían conectados con una publicación financiada por el gobierno de los EE.UU., que sería parte del conjunto de medios que tienen su base en Miami y que son conocidos por actuar sistemáticamente contra Cuba. La campaña mediática habría recibido financiamiento del departamento de Estado y de USAID como parte de la guerra de información contra Cuba”, expresó el canciller.
George Ciccariello-Maher, profesor de la Facultad de Historia y Política de la Drexel University, explicó a la BBC que «lo que ha hecho la USAID, al igual que otras organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y el Instituto Republicano Internacional (IRI), es proveer una especie de cubierta para que el Departamento de Estado financie directamente actividades de la oposición venezolana, incluso a organizaciones que estuvieron vinculadas con el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez».
Según el académico, el IRI jugó un papel importante en la creación del partido opositor venezolano Primero Justicia, de donde salieron los dirigentes Henrique Capriles y Leopoldo López.
«Con la llegada de Chávez al poder -que coincidió con la desintegración de los partidos políticos tradicionales- Estados Unidos se dio cuenta de que la oposición necesitaba un vehículo político y comenzó a financiar y organizar entrenamientos para perfeccionar a estos líderes», asegura el profesor.
En 2009, las autoridades cubanas arrestaron al empresario Alan Gross que luego fue sentenciado a 15 años de prisión por «actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado», al intentar ofrecer acceso a internet a opositores como parte de un programa financiado por la USAID.
Tres años después, Rusia expulsó a la agencia de su territorio por «intentos de influenciar los procesos políticos a través de sus programas» y en 2013, el entonces presidente boliviano Evo Morales acusó a la USAID de interferir en los asuntos internos y «seguir conspirando» contra su gobierno.
Este domingo 11 de julio el expresidente de Bolivia, Evo Morales, alertó este domingo que está en marcha un nuevo Plan Cóndor que atenta contra los procesos democráticos, la libre determinación de los pueblos y la voluntad de las mayorías.
La alerta del líder boliviano tiene lugar tras la denuncia del gobierno del presidente Luis Arce de que los exmandatarios Lenín Moreno, Ecuador, y Mauricio Macri, Argentina, apoyaron el golpe de estado perpetrado en Bolivia en noviembre de 2019.
De igual forma precisó que Estados Unidos no perdona a Bolivia por la capacidad que tuvo de recuperar sus recursos naturales, nacionalizar sus empresas estratégicas y de cerrar la base militar estadounidense en Chimoré, ubicada en la provincia de José Carrasco, en el Departamento de Cochabamba.
Incluso se ha llegado a sugerir que la USAID funciona como un frente civil de la CIA que lleva a cabo operaciones secretas.
“Y aquí vuelvo yo al tema de Haití, de las megabandas de Caracas y de la campaña contra Cuba, porque el factor común es la USAID”, subrayó Pérez Pirela.
Guaidó y sus otros guisos
Explicó que aparte del dinero de la ayuda humanitaria que el autodenominado «gobierno interino», liderado por Guaidó, se ha apropiado, esta camarilla maneja fondos de las empresas públicas venezolanas en el exterior que también se robaron, entre ellas, Citgo Petroleum Corporation y Monómeros Colombo Venezolanos, pero hasta ahora no ha presentado cuentas sobre el uso de esos recursos en ninguna instancia.
Un caso emblemático de corrupción de los agentes de Guaidó en Citgo es el de la Fundación Simón Bolívar.
La imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y otros países sobre Venezuela, ha afectado al país de muy diversas formas, pero destaca en particular el ámbito sanitario.
“Aquí me quito el ropaje de analista y digo que esto no tiene perdón de Dios”, comentó el presentador al referirse a esta fundación que tenía como objetivo pagar los tratamientos de personas, en especial niñas y niños, con enfermedades catastróficas y ahora ha quedado para financiar a los partidos opositores y sus planes violentos.
“En este orden, me enorgullece presentar la entrevista que le hizo el periodista Michel Caballero para su programa Las reglas del juego, transmitido en las plataformas de LaIguana.TV, a Jorge Artigas, asesor jurídico internacional de la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), quien precisó que 141 niños han sido afectados directamente por las sanciones.
En este caso en particular, la usurpación de funciones de Juan Guaidó ha jugado un rol estelar, pues el control que ejerce sobre Citgo, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), además de derivar en un latrocinio sin precedentes sobre los activos del Estado venezolano, ha comprometido la salud y la vida de estos niños cuyos tratamientos médicos eran subvencionados a través de la Fundación Simón Bolívar.
En otro fragmento de la entrevista, Artigas denuncia que se dejó de prestar servicios de salud y financiamiento para tratamientos de alto costo, como trasplantes de médula ósea y hepáticos. La junta directiva designada por el gobierno constitucional venezolano no es reconocida en EE.UU.
Artigas refiere que Fundalatin ha computado el lamentable deceso de 10 niños del grupo de 141, que murieron esperando a que quienes manejan la Fundación Simón Bolívar, designados írritamente por Guaidó, aprobaran los recursos necesarios para sufragar los gastos de sus intervenciones quirúrgicas. Además, los familiares de los restantes 131 menores recibieron una notificación en la que se les advierte que hasta el venidero 31 de julio de 2021 serán beneficiarios del programa subvencionado con fondos de Citgo.
En la conversación con Caballero, el abogado alerta que estos niños se van a quedar sin ser atendidos y señala que el responsable directo de estos decesos y de los que puedan producirse en el futuro dentro del grupo de afectados, no es otro que el exparlamentario venezolano, ello a pesar de que no le asiste legitimidad alguna para «arrogarse representación sobre bienes de la República y de ninguna manera de carácter de representación sobre los intereses de la República».
Caballero preguntó si los niños fallecieron por la interrupción de sus tratamientos. El abogado Artigas lo confirmó. Destacó que de haber existido realmente una falta absoluta del presidente de la República, Guaidó hubiese tenido que asumir el cargo por el lapso de un mes solamente. No solo pasó ese mes, sino que además ya terminó el período de a AN a la que pertenecía. Por ello, su autoridad, que nunca fue legítima, ahora lo es menos aún.
Esta actuación, que podría calificarse de inhumana, encuentra explicación cuando se exponen las razones reales por las cuales Juan Guaidó y el grupo que le secunda se habrían prestado a echar mano de la lucrativa empresa de refinación venezolana en los Estados Unidos -el principal activo del Estado venezolano en el extranjero-, cobijados bajo el ala de la Administración Trump. O, más precisamente, servir de instrumento para que Washington se apoderara de la compañía a partir de argumentos leguleyos.
Según reportes del gobierno de Venezuela, tras su autoproclamación en 2019, Guaidó y sus socios consiguieron apropiarse indebidamente de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano o bien facilitaron con sus acciones la pérdida de la riqueza nacional, enarbolando siempre las banderas de la lucha por la libertad y la democracia.
En octubre de 2020, el hoy presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que dineros provenientes de la refinadora venezolana habían sido usados para la desestabilización, para sufragar gastos personales, para adquirir bienes de lujo y para atentar contra la integridad de dirigentes del chavismo a través de fuerzas paramilitares.
Entonces, para sustentar sus acusaciones, Rodríguez mostró ante las cámaras conversaciones del periodista y militante de Voluntad Popular –grupo sedicioso de extrema derecha al que pertenecen tanto Juan Guaidó como Leopoldo López– Roland Carreño, en las que se da cuenta del desvío de fondos de la Fundación Simón Bolívar, brazo social de Citgo, para financiar las actividades antes mencionadas.
Estas actividades, de acuerdo con el parlamentario, iniciaron con la designación en 2019 de Mariela Poleo, la pseudofuncionaria que hizo posible la articulación de esta trama de corrupción, en desmedro de niños que esperaban por el pago de tratamientos médicos costosos.
«Utilizaron la fachada de construcción de hospitales, de la ayuda a niños, pero en realidad utilizan el dinero para proselitismo político (…). El dinero de la Fundación Simón Bolívar, que hubiese servido para cancelar el tratamiento para niños con leucemia, trasplantes de pulmón, de hígado, etcétera, era traspasado a la fundación Futuro Presente de Yon Goicochea en Colombia, para planificar acciones contra Venezuela», aseguró Jorge Rodríguez en aquel momento.
Puso al aire un video del programa En la pista, conducido por Mirelvis Gutiérrez, en el que se registra una declaración de Jorge Rodríguez en rueda de prensa. El diputado señala que en el teléfono de Roland Carreño se observa que, del dinero de la Fundación Simón Bolívar, cada uno de los partidos (los del G4 y un quinto no identificado) recibiría 1 millón 700 mil dólares, de los cuales se le descontaría el dinero ya entregado. Voluntad Popular ya había recibido 280 mil; Primero Justicia, 146 mil; Un Nuevo Tiempo, 122 mil; y la AD de Ramos Allup, 112 mil. “No es seguro que se lo hayan entregado porque Carreño decía que lo había hecho, pero se los guardaba en el bolsillo. Un quinto partido con fuerza había recibido 73 mil dólares. La ladrona usurpadora (Mariela Poleo) debía contar con 8 millones y medio para entregarlos a estos partidos, con fines de conspiración, el sabotaje, la angustia y la zozobra”, expresó Rodríguez. En el teléfono de Carreño también aparecía una lista de gastos en asesores, periodistas y personal técnico con asignaciones diversas entre 15 mil y mil dólares cada uno.
La Fundación Simón Bolívar fue establecida en 2005, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y tenía como funciones desarrollar campañas de apoyo a personas de escasos recursos en los Estados Unidos a través de un programa que se materializó tras el paso de los huracanes Rita y Katrina, así como atender casos de enfermedades catastróficas en niños venezolanos que implicaran trasplantes de médula espinal, hígado o pulmón.
En los Estados Unidos, el Gobierno Bolivariano, en colaboración con Citizen Energy Corporation, una organización sin fines de lucro fundada por John Kennedy II, Citgo Petroleum distribuyó 860 millones de litros de gasoil a dos millones de estadounidenses entre 2005 y 2013.
El remate de Citgo, el robo de Estados Unidos
A inicios de enero de 2021, un juez federal de los Estados Unidos ordenó la venta de los activos de Citgo y de su casa matriz, PDV Holding, aduciendo el pago de una presunta deuda contraída por el Estado venezolano con la transnacional minera canadiense Crystallex por el orden de los 1.400 millones de dólares.
Además, en esto que ya parece un triste desenlace para Venezuela, jugaron un papel estelar pseudofuncionarios designados por Guaidó en su gobierno de usurpación, como es el caso de su exseudoprocurador, José Ignacio Hernández, que antes de actuar en la defensa de los intereses nacionales, estaba al servicio de Crystallex, que es en este caso la parte acusadora y beneficiaria directa del expolio.
En el fallo, Leonard Stark, juez responsable de la causa contra Citgo, alegó que «cada día que Crystallex no recibe una compensación a su demanda, es una posible afrenta al sistema judicial estadounidense» y, de otro lado, indicó que para que este dictamen pueda entrar en vigor, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debe emitir una licencia especial en favor de Crystallex que autorice la venta de activos de PDV Holding, casa matriz de Citgo y sobre la que pesan medidas coercitivas unilaterales.
En este caso media además el aprovechamiento de una disputa no resuelta en los tribunales internacionales -donde el favoritismo hacia los intereses de la Casa Blanca suele ser la norma-, que se remonta a 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez expropió Las Cristinas, una mina aurífera que había sido otorgada en concesión a la minera canadiense.
La situación acabó por llegar al tribunal del Banco Mundial, que a través de un laudo arbitral, ordenó al estado venezolano el pago de 1.200 millones de dólares por compensación y finalmente, cayó en manos de la justicia estadounidense.
Por su parte, el Gobierno venezolano rechazó el proceso judicial desarrollado en los Estados Unidos, reiteró el robo de la empresa y calificó la venta de acciones que fuera ordenada por el juez Stark como una «aberración jurídica».
Asimismo, Caracas responsabilizó a Guaidó y a su exseudoprocurador, José Ignacio Hernández, por haber concebido un entramado pseudojurídico para apropiarse de los activos de Venezuela, al tiempo que denunció que al país se le había impedido ejercer una defensa efectiva, puesto que no se permitió que funcionarios debidamente calificados asumieran el caso, con la excusa de las sanciones.
El gobierno bolivariano también acusó a la administración de Donald Trump de poner en marcha una serie de «recursos leguleyos», a partir de los cuales Washington logró apropiarse de los activos de Venezuela.
Por su lado, Juan Guaidó, quien está sometido a investigación por la justicia venezolana, aseguró que las órdenes que emitiera Washington sobre Citgo perseguían «proteger el activo» y ante el robo casi consumado, justificó el decurso de los acontecimientos, acusando al gobierno de Venezuela de haber cometido acciones ilegales cuando expropió Las Cristinas y de no haber defendido efectivamente a Pdvsa.
El Gobierno bolivariano parecía estar consciente de la llegada de «puertas giratorias gringas» a cito, pues en junio de 2020, la vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió a la población venezolana y a la prensa: «No crean que nuestros activos financieros que han sido congelados están en cuentas, no. Muchos de ellos ya fueron trasladados a las cuentas de la Reserva Federal».
Rodríguez demostró que en estas operaciones de saqueo imperialista fue necesaria la cooperación de Juan Guaidó y divulgó un audio en el que se demostraba la vinculación de José Ignacio Hernández y el presidente del Banco Mundial, quienes acordaron actuar en complicidad en perjuicio de los activos de Venezuela.
En esa misma ocasión, la funcionaria aludió a un pacto suscrito entre los dirigentes de la oposición extremista Henry Ramos Allup, Leopoldo López y Juan Guaidó para conspirar contra Pdvsa. Ricardo Ramos, hijo de Ramos Allup, hizo parte de la conspiración que estaba dirigida por Hernández.
Una vez anunciada la liquidación de Citgo, el Estado venezolano emitió órdenes de captura y congelamiento de cuentas para José Ramón Pocaterra Esparza y Andrés Felipe Yrigoyen Luna, quienes fueron designados ilegítimamente por Guaidó para ejercer funciones directivas en la compañía, razón por la cual el fiscal general de la nación, Tarek William Saab, anunció que a ambos se les imputan los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, asociación y obstrucción de la justicia y se les impuso la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, así como el bloqueo de cuentas.
Además, Saab respaldó a la Cancillería, pues indicó que, al autoproclamarse presidente encargado, Juan Guaidó impidió a la justicia venezolana ejercer la defensa frente a Crystallex y rechazó la creación de instancias artificiales con las cuales pretendió crearse un Estado paralelo, cuyo propósito era apropiarse de los bienes del país.
A pesar de que aún no ha logrado consumarse la liquidación de la compañía venezolana, Estados Unidos parece empeñado en arrebatar todo cuanto pueda del capital de una empresa que ha caído en picada bajo la administración de los aliados de Guaidó.
Así, el pasado 19 de junio, el Departamento de Justicia reportó en un comunicado que Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela asentada en la ciudad de Houston, acordó pagar al fisco estadounidense una indemnización de 19,6 millones de dólares por el daño ambiental que sufriera la cuenca del río Calcasieu desde que la compañía instalara un mecanismo de tratamiento de aguas residuales procedentes de su refinería de Lake Charles en 2006.
El supuesto «acuerdo», en realidad implica una admisión de culpabilidad que se traduce en la disminución del monto de la multa impuesto a la empresa refinadora, que además tendrá que sufragar los gastos asociados con «la evaluación de lesiones pendientes de pago de los fideicomisarios», cuyo monto supera los 528.000 dólares.
La descapitalización de Citgo en manos de Guaidó
Desde que Citgo se encuentra bajo el control de Juan Guaidó, ha reportado pérdidas en el orden de los 871 millones de dólares.
Solamente en el primer trimestre de 2021, la compañía, que corre el riesgo de ser rematada en favor de un fondo fiduciario heredero de la minera canadiense Crystallex, registró 180 millones de dólares en mermas, según una pesquisa realizada por el portal de periodismo de datos abiertos e investigación La Tabla, basada en los informes oficiales de la empresa.
Para cerrar el tema, Pérez Pirela invitó a leer los tuits de La Tabla, en los que se resume lo ocurrido:
“Citgo reportó pérdidas por $180 millones en el primer trimestre 2021. Según el informe, la banda Guaidó sacará del plan de pensiones para empleados unos 40 millones de $ para «reducir el gasto anual». En la «gestión» opositora, desde 2019, las pérdidas alcanzan $871 millones.
Según los informes de la propia compañía, las pérdidas son de 667 millones de dólares en 2020 y $24 millones en 2019. Carlos Jordá, «presidente» de la filial de PDVSA robada a Venezuela, culpó a la tormenta invernal Uri porque interrumpió por completo refinería de Corpus Christi.
Desde el 01ENE2021 la compañía redujo en 10% los salarios de empleados. Este recorte, además de la suspensión temporal de las contribuciones al plan de jubilación «se revisará en 2021 en la medida en que mejoren las condiciones de la industria», dijo la directiva. Recordemos que desde FEB de 2019 la banda Guaidó con la cooperación del gobierno gringo tomó el control de la corporación de refinación Citgo. La filial ha registrado pérdidas en siete de los últimos ocho trimestres”.
Clase y concierto de Manuel Barrios
Tal como está pactado para los jueves, el programa cerró con una presentación en vivo del maestro saxofonista Manuel Barrios, junto a una breve tertulia acerca de la música.
En diálogo con Pérez Pirela (su estudiante de saxo), Barrios destacó la importancia de la improvisación en el jazz. “La improvisación es un nivel superior de la composición y un estado de mucho compromiso y de desnudez del creador. No hay posibilidad de corregir nada”, afirmó.
El primer tema que interpretó fue Algún día mi princesa vendrá, popularizado por Miles Davis en tiempo de 3×4. Al respecto comentó que es un tempo típico de buena parte de la música venezolana, muy complejo en el caso del jazz.
“Casi toda la música afroamericana está pensada en 4×4, pero en el jazz y la música góspel, debido a un proceso muy doloroso, surgieron los acentos en los tiempos 2 y 4, causados por las dificultades que tenían los esclavos (y luego los presos) que marchaban encadenados hacia las plantaciones. Todos tenían que arrastrar la cadena al mismo tiempo. Por eso, los mayorales marcaban esos dos tiempos con un acento. Esta modalidad trascendió y está presente en el jazz, especialmente en el jazz swing, Cuando se toca en 3 x 4, ese acento se desplaza y se diferencia aún más de la marcha europea que es completamente regular”, explicó.
También conversaron acerca del paralelismo entre música y narrativa. “Para mí, más que una canción es una historia. Es muy importante la construcción de la frase porque tiene una relación con la literatura. Me pasaba algo desde que empecé a estudiar improvisaciones de saxofón y siempre sentía que lo que estaba ocurriendo era una narración, una historia. Lo que hace que el público se involucre con el creador es tener la sensibilidad de abrir la mente para contar esa historia, que no necesariamente es virtuosa. Todo muy unido a la estética y el disfrute del arte. En esto hay mucho paralelismo: hace poco estuve estudiando creación literaria y guion con Carlos Tabares, quien analiza las fases del viaje del héroe. En mi opinión, la construcción de un solo, de una improvisación musical, pasa por todas esas etapas”.
Pérez Pirela le comentó acerca de lo cortas que son las partituras de jazz, comparadas con las de otros géneros musicales. Barrios, también docente de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, señaló que ciertamente “son minimalistas, muy concentradas, son una excusa para la improvisación. Son sencillas, pero contienen la estructura de los acordes, información muy importante porque la estructura armónica del tema es fundamental para comunicarse entre ejecutantes”.
Finalizó su presentación con la pieza Record-me de Joe Henderson, gran saxofonista. Se la dedicó a su hijo Diego, quien cumple 18 años.
(LaIguana.TV)
