Reino Unido sancionó este jueves al diplomático venezolano Alex Saab por la presunta comisión de actos de corrupción, según consta en un comunicado difundido en Twitter por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab.

El gobierno conservador de Boris Johnson justificó la aplicación de esta medida, que supone una aplicación extraterritorial de la justicia, alegando que «las sanciones se dirigen a casos de corrupción grave que han privado a los países en desarrollo de recursos vitales».

En el documento, que fue suscrito directamente por Raab, se indica que los venezolanos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas fueron sancionados por presuntamente «explotar dos de los programas públicos de Venezuela que se establecieron para proporcionar a los venezolanos pobres alimentos y vivienda asequibles».

Londres también les acusa de beneficiarse de «contratos adjudicados incorrectamente», a partir de los cuales se habrían entregado mercancías «a precios muy inflados» y sostiene que «sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos ya afectados por la pobreza, para su propio enriquecimiento privado».

Concretamente, las medidas coercitivas implican la congelación de activos y la prohibición de viaje al Reino Unido, con el fin de que «ya no puedan canalizar su dinero» en la banca británica «o ingresar al país».

Esta nueva ronda de sanciones, que además incluyó a otras tres personas de Guinea Ecuatorial, Zimbabue e Irak, se sucede a la que las que se impusieran en abril sobre 22 individuos que, en versión del gobierno británico, estarían implicadas «en casos graves de corrupción en Rusia, Sudáfrica, Sudán del Sur y América Latina».

En el caso de Venezuela, este anuncio del ministerio de Exteriores ocurre apenas tres días después de que el jefe diplomático británico reconociera a Juan Guaidó como «presidente legítimo» de Venezuela, en el contexto del caso por la liberación de 31 toneladas de oro que reposan en el Banco de Inglaterra y que esa nación se ha negado a entregar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, aún con la intermediación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Raab no precisó si Saab, Pulido o ambos poseen cuentas bancarias en su país ni tampoco ofreció una prueba que permitiera deslindar las acciones de su gobierno de la postura de Washington, que acusa al representante venezolano de lavado de activos, aunque no ha mostrado respaldo de sus acusaciones.

En este caso, la Casa Blanca apostó por valerse del Gobierno de Cabo Verde para que apresara ilegalmente al diplomático el 12 de junio de 2020 mientras hacía una parada técnica en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la Isla de Sal, cuando volvía de una misión oficial en Irán.

El equipo jurídico de Alex Saab y el Gobierno venezolano demostraron fehacientemente que la orden de captura internacional de la que se valió la nación africana había sido emitida con posterioridad a su arresto.

Desde entonces, Caracas ha exhortado a Praia a cumplir con sus obligaciones como Estado miembro de la comunidad internacional y ha exigido reiteradamente la liberación de su representante diplomático, en conformidad con lo establecido en la Convención de Viena.

Además, el Tribunal de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), del que forma parte Cabo Verde, dictaminó que Saab debía ser liberado inmediatamente, producto de las reiteradas violaciones a los derechos humanos que ha padecido durante su detención.

En lugar de acatar la sentencia, las autoridades caboverdianas han avanzado un proceso de extradición hacia Estados Unidos cuyas motivaciones políticas han sido ampliamente denunciadas por organizaciones y personalidades de todo el mundo, incluyendo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que conminó a Cabo Verde a detenerlo.

(LaIguana.TV)

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